Afganistán no deja de emitir señales inquietantes un año después de la firma del acuerdo que el 29 de febrero de 2020 alcanzaron, en Doha, el representante estadounidense en Afganistán desde 2018, Zalmay Khalilzad, y el de los talibanes, el mulá Abdul Ghani Baradar. Así se percibe ante el creciente ataque a periodistas –como los 15 asesinados en los últimos seis meses–, la incesante matanza de civiles –8.820 en el pasado año, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama, siglas en inglés), lo que supone una caída del 15% respecto a 2019, pero un fuerte aumento del 45% en el último trimestre de 2020–, o el incremento de los ataques en zonas rurales, en paralelo a una caída del número de ofensivas talibanes contra instalaciones estadounidenses.

Un mínimo repaso al acuerdo de Doha permite concluir que el cese de hostilidades se incumplió desde el primer día. Nada indica que los talibanes –crecidos y legitimados por Washington– hayan cortado lazos con grupos yihadistas asociados a Al Qaeda o Dáesh, ni que estén siquiera en condiciones de asegurar que el territorio que controlan no es usado por quienes han sido sus aliados durante tantos años. Existen también…