Argentina es un país con un enorme potencial. Cuenta con una extensión territorial de 2,78 millones de kilómetros cuadrados –el octavo país del mundo– y tierra fértil para producir alimentos y dar de comer a más de 400 millones de personas. Dispone de recursos energéticos abundantes –solo en Vaca Muerta se encuentran las segundas reservas mundiales de gas de esquisto– y su capacidad de producción de energías renovables es inconmensurable. Junto con Bolivia y Chile comparte uno de los recursos más importantes para la industria electrónica: litio. Disfruta aún del bono demográfico y, pese a problemas en la calidad de la educación, tiene una mano de obra preparada, emprendedora y con gran capacidad de adaptarse a los cambios. Con todos estos factores a su favor, el desempeño económico de Argentina en la última década ha sido decepcionante.

El nuevo gobierno del país, liderado por Alberto Fernández, afronta una coyuntura económica compleja y cuenta con poco margen de maniobra. A corto plazo, Argentina deberá negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Acuerdo Stand-By a 36 meses, aprobado el 20 de junio de 2018, y reprogramar el esquema de pagos a la institución. Al mismo tiempo, las autoridades deberán comenzar un proceso de renegociación con el resto de acreedores, sobre todo privados. Todo ello en un contexto internacional difícil –guerra comercial entre EEUU y China, crecimiento global débil e incertidumbre sobre los mercados financieros internacionales– que aumenta los riesgos económicos del país.

El objetivo principal de Argentina debería ser alcanzar un acuerdo con los acreedores, con el apoyo del FMI, para perfilar de nuevo la deuda, incrementando los plazos de amortización y probablemente manteniendo las condiciones iniciales negociadas en términos de capital, monedas y tasas de interés. Podría replicarse un esquema similar al utilizado por Uruguay después de la crisis de…