Brasil tocará suelo este año y registrará una tasa de crecimiento positiva del 0,9 por cien en 2017, gracias a la recuperación de la inversión, el consumo de las familias y las exportaciones. El mayor desafío del país es resolver la compleja crisis política que soporta.

La presidencia de Dilma Rousseff, que comenzó en 2011, iba a suponer un cambio de rumbo en la política económica respecto a la de Luiz Inácio Lula da Silva en sus dos mandatos. Despejadas las incertidumbres y desconfianzas en 2003, la economía brasileña contó con el viento favorable de la fuerte expansión de la demanda de las commodities, precios al alza, al tiempo que un nuevo contexto financiero internacional con abundancia de recursos, amplia accesibilidad para los países emergentes y condiciones muy ventajosas. Estas nuevas circunstancias disiparon cualquier duda sobre la vulnerabilidad externa de la economía brasileña y el gobierno de Lula aprovechó para impulsar un mayor crecimiento económico basado en la expansión del mercado interno, lo que hizo posible que Brasil creciese, en el periodo 2004-10, a una tasa promedio anual del 4,4 por cien.

Otros importantes aspectos también se tornaron muy favorables, haciendo más fácil la aplicación de políticas expansivas sin poner en  riesgo las metas fiscales. Los ingresos fiscales crecieron a tasas superiores al PIB sin que se llevase a cabo una política agresiva de aumento ni de creación de nuevos impuestos. Posiblemente, fue el propio crecimiento con creación de empleo –más de 10 millones de puestos de trabajo en el mercado formal–, mejora de las rentas salariales reales y el incremento de los beneficios empresariales los que contribuyeron al aumento de los ingresos fiscales. Se configuró una suerte de proceso virtuoso con una destacada participación de la inversión privada no residencial, el buen comportamiento del sector exterior, al tiempo que…