La Región Autónoma Uigur de Xinjiang es hoy escenario de la mayor represión masiva de una minoría étnica y religiosa en el mundo. Los investigadores estiman que desde 2016 al menos un millón de personas han sido detenidas sin juicio en Xinjiang. Un análisis basado en los contratos de adquisición del gobierno chino para la construcción de estos centros y en las imágenes por satélite de Google Earth han revelado la existencia de cientos de grandes instalaciones de tipo carcelario en toda la región. Se calcula que uno de los mayores centros de detención, Dabancheng, cerca de la capital regional, Urumqi, tiene capacidad para albergar hasta 130.000 personas. En ellos –descritos por Pekín como centros de “transformación a través de la reeducación”– los detenidos son sometidos a formas de vigilancia profundamente invasivas y a estrés psicológico, ya que se les obliga a abandonar su lengua materna, sus creencias religiosas y sus prácticas culturales, y en algunos casos sufren abusos sexuales. Fuera de ellos, más de 10 millones de personas de minorías turco-musulmanas de la región viven en un “Estado carcelario”, sometidos a una densa red de sistemas de vigilancia de alta tecnología (incluidos elementos clave del sistema de “crédito social” chino), puestos de control y vigilancia interpersonal que limitan gravemente las formas de libertad personal.

El historiador David Brophy se ha preguntado con agudeza: ¿Cómo es posible que un Estado revolucionario, que llegó al poder prometiendo acabar con toda forma de discriminación nacional, acabe recurriendo a políticas tan horribles? Esta pregunta fundamental pesa sobre los estudiosos de Xinjiang y de los uigures, desde 2016, cuando la información sobre el aparato represivo comenzó a filtrarse desde la región. Aunque el giro represivo ha sido supervisado por el secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh) y presidente del país, Xi Jinping, y…