Las últimas semanas han marcado un punto de inflexión para las ya frágiles bases de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria. La decisión del gobierno de Donald Trump de suspender durante 90 días a los trabajadores de USAID y congelar gran parte de su labor en el exterior ha sacudido los cimientos del sistema de cooperación global. Esta medida ha generado una profunda preocupación en la comunidad internacional, poniendo en riesgo la estabilidad de regiones vulnerables y amenazando con frenar décadas de avances en desarrollo, salud y derechos humanos.

El juez federal Amir H. Ali ha emitido un bloqueo temporal al decreto, calificando la decisión de la administración Trump como “arbitraria y caprichosa” por frenar la ayuda internacional sin considerar sus consecuencias. Esta respuesta judicial ha dado a muchas organizaciones una mínima esperanza de que los fondos pactados antes de la llegada de Trump puedan ser liberados para mitigar el impacto de la suspensión. Sin embargo, la incertidumbre persiste, y el riesgo de desestabilización sigue siendo alto.

Desde su creación, en 1961, USAID ha sido el pilar fundamental de la asistencia humanitaria estadounidense. Opera en aproximadamente 130 países, proporciona apoyo esencial en crisis humanitarias y emergencias sanitarias y brinda ayuda al desarrollo económico de las regiones más vulnerables. Su posible retirada plantea una pregunta crucial: ¿quién llenará el vacío dejado por una de las mayores agencias de cooperación internacional del mundo?

El impacto de los recortes

Aunque el futuro de USAID sigue siendo incierto, muchos países y organizaciones que dependen de su apoyo ya afrontan las consecuencias de este recorte masivo de fondos.

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