A pesar de que, desde hace años, esté recogido de manera más o menos clara en textos nacionales e internacionales, existen dificultades para garantizar a todos los marroquíes el derecho a recibir atención médica y a la seguridad social en general. Una franja muy importante de la población no dispone de ninguna protección social ni de una cobertura médica adecuada.

El servicio público de salud se encuentra entre la espada del incremento de las necesidades sociales, debido al envejecimiento demográfico y al empeoramiento del mercado laboral (paro, precariedad del empleo, pobreza y estrés en el trabajo), y la pared del control de los costes salariales y los déficit públicos, cuya presión no deja de aumentar debido a los imperativos de la eficacia y la eficiencia, o en resumidas cuentas, la presión de obtener buenos resultados.

Por otra parte, el balance y la pertinencia económica de las políticas de participación financiera quedan mitigados, e incluso son muy discutibles, mientras la cantidad que los hogares destinen a la financiación de los cuidados supere el umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se recurre a los cuidados y su “consumo” por múltiples razones, y aunque la necesidad de recibir atención refleja las necesidades sanitarias de las personas, viene determinada en gran parte por los tipos de respuesta que proporciona el sistema de salud y se enmarca en una organización especial de las relaciones entre pacientes, profesionales sanitarios, Estado y organismos pagadores. La relación entre los pacientes y los hospitales, o entre pacientes y los que prestan atención sanitaria, hace correr muchos ríos de tinta en Marruecos, porque la relación entre ambos está todavía lejos de arreglarse, como desearía todo el mundo.

Una cobertura sanitaria ‘no’ universal

En Marruecos, el derecho a la sanidad se considera un derecho constitucional y…