La Unión Europea afronta un punto decisivo en su apoyo a Ucrania al plantear un préstamo de hasta 140.000 millones de euros, garantizado por parte de los aproximadamente 185.000 millones de euros en activos soberanos rusos congelados desde 2022. Bruselas trabaja en un modelo de préstamo de reparación, respaldado por el valor nocional de esas reservas, sin confiscación formal ni transferencia de propiedad.

El impulso político procede fundamentalmente de Ursula von der Leyen, que ha adelantado que presentará pronto un texto legal para habilitar el préstamo. Su mensaje, centrado en evitar que el coste de la ayuda a Kiev recaiga exclusivamente sobre los contribuyentes europeos, subraya una preferencia por esta vía frente a subvenciones bilaterales o nueva deuda conjunta.

El esquema es complejo. La idea es que Euroclear, la infraestructura de custodia financiera con sede en Bruselas, suscriba un instrumento de deuda específica respaldado por las reservas inmovilizadas. Esta operación transformaría un balance congelado en liquidez garantizada para sostener la economía de guerra ucraniana durante dos años, mientras las sanciones siguen vigentes. El préstamo sería emitido a favor de Kiev, pero el aval, la responsabilidad contingente y la cobertura de riesgos legales siguen siendo objeto de negociación. El plan europeo busca blindarse frente a eventuales cambios en la política estadounidense, incluido un repliegue financiero si la Casa Blanca vincula futuras ayudas a concesiones territoriales ucranianas.

Bélgica es la principal voz discordante. Su primer ministro, Bart De Wever, alerta del riesgo legal, financiero y reputacional. Bélgica advierte que un eventual levantamiento de sanciones en el marco de un acuerdo de paz podría dejar el préstamo sin respaldo. Por eso exige garantías firmes y compartidas entre los 27, y que otros países sumen también activos rusos congelados en sus propias jurisdicciones para repartir el riesgo y el aval.

Euroclear también…