Si hace un año, a finales del verano de 2019, nos hubiera pedido alguien predecir a qué grandes desafíos globales se enfrentaría la acción humanitaria –en el seno de las Naciones Unidas, en las estructuras gubernamentales e intergubernamentales como la Oficina Europea para la Coordinación de Asuntos Humanitarios o el departamento de Desarrollo Internacional (DfID) británico y, ante todo, en las ONG internacionales (ONGI) como Médicos sin Fronteras (MSF) y Oxfam– la respuesta habría sido triple. En primer lugar, la crisis migratoria que lleva décadas gestándose desde Algeciras al mar Egeo y alcanzó su clímax en 2015 con la migración masiva de más de un millón de personas –en gran parte sirios, pero no exclusivamente–, supuso, tanto para las ONGI como para los principales gobiernos contribuyentes de Europa occidental, que las crisis humanitarias dejaran de ser un acontecimiento de otras partes del mundo y estallaran a las puertas de casa. Una segunda dificultad tendría que ver con la relación entre la recaudación de fondos y las necesidades existentes, en una época en la que el sistema humanitario, pese al regular incremento en la financiación de las ONGI a lo largo de la pasada década, se ha visto puesto a prueba por la crisis migratoria y las aparentemente interminables guerras de Siria y Yemen. El tercer desafío sería la mengua del peso político de Naciones Unidas, debida en su mayoría a la parálisis del Consejo de Seguridad, lo que supone muchas más trabas al trabajo de las entidades que conforman el sistema humanitario.

En lo referido a las vidas humanas, la mayor tragedia ha sido, sin duda, la incapacidad de las agencias de la ONU y las ONGI para operar de manera eficaz en zonas de guerra. Lejos quedan los días en que MSF decidía de manera más o menos autónoma…