La política industrial es el conjunto de medidas para incentivar la producción de bienes de equipo o de consumo de manera fabril y con una determinada base tecnológica. El objeto de esta política son las empresas productivas y todo el entorno en el que desarrollan su actividad: mercado y competencia, regulación de todo tipo, infraestructuras, acceso a materia primas y capital humano, desarrollo tecnológico e I+D+i, cadenas de valor, financiación y ayudas públicas o subvenciones.

Desde la ciencia económica, y muy en especial en las últimas décadas, se puso un gran énfasis en la investigación de los sonoros fracasos de diferentes experiencias de política industrial. Se debían a errores conceptuales de los gobiernos, a la no consideración de las señales de los mercados, a la distancia entre la teoría y lo que empíricamente se lograba, a los evidentes problemas del proteccionismo, a las consecuencias para las finanzas públicas de los sectores protegidos no expuestos a la competencia y a la reducción del bienestar general que provocaban a medio y largo plazo.

Durante un tiempo se alcanzó un cierto equilibrio o consenso teórico que primó el apoyo a políticas transversales –competencia, tecnología, innovación, financiación asequible– sin especificaciones sectoriales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en aplicación del “Consenso de Washington”, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en Europa la Comisión Europea impulsaron este esquema (Karl Aiginger y Christian Ketels, 2024) que sobrevivió práctica y sorprendentemente intacto a la crisis financiera de 2008-2010 pero que, sin embargo, ha sido liquidado por las trasformaciones geopolíticas y económicas de los últimos años.

Desde una perspectiva económica, las debilidades evidenciadas por el COVID y las posteriores crisis padecidas que han evidenciado las desigualdades estructurales y la incapacidad para responder adecuadamente han impulsado la nueva política industrial o el modelo del capitalismo…