El control de la demanda, las políticas ambientales para la recuperación y protección de los caudales ecológicos y la planificación de usos bajo criterios de racionalidad y sostenibilidad ambiental, debería ser una prioridad para el ministerio de Medio Ambiente, pero no es así.

Los ecosistemas hídricos, como los ríos, humedales y lagunas, tienen un inmenso valor que procede de su importancia ecológica como refugio de multitud de especies vegetales y animales, y como ecosistemas que interconectan distintas áreas o hábitat. Junto con los acuíferos son, además, las fuentes de un bien básico para la vida: el agua. La buena conservación de estos ecosistemas es indispensable para garantizar la vida de los ecosistemas naturales y para abastecer de agua en condiciones óptimas a la población.
A pesar de su enorme valor, en España, los ríos, humedales, lagunas y acuíferos tienen fuertes amenazas a su conservación y, de hecho, muchos de ellos sufren un grave deterioro.

Una buena regulación que no se cumple
El 4 de octubre de 2012 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenaba al Estado español por no aprobar e implantar a tiempo los nuevos planes de gestión de la mayoría de ríos de la geografía española. La vigilancia de la Unión Europea al respecto se debe a que estos planes tienen que incorporar los mandatos de la Directiva Marco de Agua (DMA) y, en el caso de España, ni se han cumplido los plazos establecidos a nivel europeo, ni se ha contado con la debida información y consulta ciudadana en su elaboración. En esta ocasión, el TJUE obliga al Estado a pagar las costas del juicio y es posible, si se sigue retrasando su aprobación, que una nueva sentencia condenatoria en segunda vuelta pueda dar lugar a la correspondiente sanción económica que, dado el…