Como consecuencia del conflicto que estalló en octubre de 2023, tras los atentados de Hamás y la respuesta de Israel, la Franja de Gaza ha quedado devastada. El balance de víctimas supera los 72.000 muertos y más de 100.000 heridos. Las infraestructuras básicas han colapsado. El 80% de los edificios han quedado dañados o destruidos y ningún hospital está plenamente operativo. La guerra ha forzado a 1,3 millones de personas a vivir en tiendas de campaña o en refugios improvisados.
Después de permanecer cerrado durante casi dos años, y como parte de su Plan de Paz, Donald Trump exigió la reapertura del paso de Rafah –que une Gaza con Egipto–. En febrero de 2026, cuando fue reabierto, el diario The Times lo calificó como “un paso adelante simbólico, aunque vacilante, en el alto el fuego de Israel con Hamás”. La reapertura del cruce de Rafah permitiría, por un lado, el regreso de los palestinos que huyeron durante el conflicto. Por otro lado, facilitaría la salida a quienes necesitaran tratamientos médicos imposibles de conseguir dentro de Gaza. De acuerdo con Naciones Unidas, son alrededor de 18.000, incluidos 4.000 niños, las personas que deben ser evacuadas. Por tanto, Rafah es literalmente un salvavidas; su reapertura representa la diferencia entre la esperanza y la desesperanza.
Pero entre la esperanza y la desesperanza hay un punto intermedio. Para empezar, todas las personas que cruzan Rafah deben hacerlo a pie, y solo se les permite llevar consigo ropa. Los alimentos, medicamentos y otros suministros entran en Gaza por otro paso fronterizo. Rafah, además, está sometido a múltiples niveles de seguridad. Entre ellos, los de las autoridades egipcias e israelíes, los agentes de seguridad de un equipo europeo de vigilancia fronteriza y los agentes de la Autoridad Palestina. Con tantas entidades involucradas, y ninguna de…

Gaza y la Corte Internacional de Justicia


