La publicación de un esperado informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) el 22 de febrero, seguido de la adopción de la tercera ronda de sanciones contra Irán por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 3 de marzo, ha consolidado los dos tableros diferenciados en los que se está jugando la larga partida diplomática que enfrenta a Irán con la comunidad internacional.

Por un lado, el organismo nuclear, radicado en Viena, ha logrado que Irán permita un mayor acceso a los inspectores y ha obtenido significativos avances en la aclaración de varios puntos oscuros (las llamadas “cuestiones pendientes”) del programa nuclear iraní. La nota negativa del último informe del OIEA se refiere a la cuestión sobre la que se ha enrocado la partida –más incómoda para el gobierno de Teherán– que se juega en Nueva York: la exigencia por parte de la comunidad internacional de que Irán suspenda sus actividades de enriquecimiento de uranio. Una demanda que, a la luz de los últimos hallazgos de los inspectores del OIEA y del anuncio el 8 de abril por parte del presidente, Mahmud Ahmadineyad, de la instalación de 6.000 nuevas centrifugadoras, Irán parece decidido a incumplir. Pese a las sanciones, nuevas y antiguas, el régimen iraní prosigue con su programa nuclear.

En un entramado institucional tan poco transparente como el de la República Islámica de Irán, la relación entre dinámicas internas y acción exterior no es directa. Pero tampoco es desdeñable, por lo que una lectura en profundidad de los resultados de las octavas elecciones parlamentarias iraníes del 14 de marzo puede aportar ciertas claves, especialmente sobre los actores llamados a valorar el coste interno de seguir ignorando las demandas externas. Las dos preguntas que cabe aclarar son: ¿Quién ganó las elecciones? ¿Qué impacto tendrán sobre la…