El resultado fue no: un 52,8% frente a un 47,2%, poco más de 12.600 votos de diferencia. No se rechazaba la adhesión: un sí solo habría reabierto las negociaciones y cualquier acuerdo habría exigido un segundo referéndum.

También resulta llamativo el peso aparentemente limitado de la seguridad en la decisión. Kristrún Frostadóttir, la primera ministra socialdemócrata, adelantó una consulta prevista para 2027 en buena medida por el deterioro del entorno de seguridad: las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, a unos 300 kilómetros de la costa, habían puesto de manifiesto la vulnerabilidad de un país de 400.000 habitantes, miembro fundador de la OTAN, pero sin ejército. Trump ha confundido ambas islas en varias ocasiones y su embajador en Reikiavik, William Long, describió Islandia como el “futuro Estado número 52”. Estas inquietudes no bastaron para inclinar la balanza hacia el sí.

Votó el 82,5%, la participación más alta desde 2009. Frostadóttir se agarró a ella para restar importancia a la derrota – “no lo veo como un revés, sino como una victoria de la democracia” –, aunque admitió que la adhesión queda aparcada mientras gobierne. La fractura fue geográfica más que ideológica: solo las dos circunscripciones de Reikiavik dieron mayoría al sí, mientras que en el noroeste rural el no se acercó al 63%.

La razón tiene branquias. Los productos marinos suponen cerca del 40% de las exportaciones y el 7% del PIB. “Para Islandia, la pesca es como la industria del automóvil para Alemania”, ha dicho la ministra…