El ataque aéreo de Arabia Saudí del 8 de octubre contra los asistentes al funeral de un alto miembro del gobierno rebelde huzí en Saná, capital de Yemen, que causó la muerte de 142 civiles e hirió a otros 500, ha generado una gran presión internacional sobre el gobierno de Riad. En la guerra, que dura ya más de 20 meses, han muerto casi 10.000 personas y otros tres millones han sido desplazados. El 80% de la población sufre los efectos de una crisis humanitaria por falta de alimentos y medicinas.

Al funeral, anunciado públicamente, asistieron jefes tribales y militares huzíes, incluido el alcalde de Saná, Abdulqader Hilal, quien murió, lo que induce a pensar que el ataque fue deliberado. No era la primera vez que el régimen saudí cometía crímenes de guerra en Yemen. Sus aviones y artillería han bombardeado hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles. Según la ONU, los bombardeos saudíes han sido responsables del 60% de todas las muertes de civiles ocurridas en Yemen desde julio de 2015.

Las violaciones saudíes de las convenciones de Ginebra han puesto en cuestión el apoyo militar de EEUU y Reino Unido a Riad, debilitando la fuerza de sus denuncias a los bombardeos rusos y sirios de Alepo en el conflicto sirio. En la ONU, Londres ha bloqueado una iniciativa holandesa para crear una comisión que investigue los crímenes de guerra en Yemen.

Así, lo que comenzó siendo un capítulo más de los recurrentes choques por el poder entre tribus y grupos étnicos yemeníes, ha desembocado en una guerra abierta en la que se mezclan actores locales, intereses regionales y el terrorismo yihadista de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) y Dáesh.

La coalición militar liderada por Riad apoya al presidente depuesto por los huzíes, Abdo Mansour Hadi….