China no deja de laminar los residuos de democracia que subsisten en Hong Kong, la colonia británica transferida en 1997 a Pekín con la condición de que respetara el acuerdo de cesión, que garantiza su sistema económico y creaba –bajo el principio “un pueblo, dos sistemas”– una autonomía para 50 años que debía pasar en 2017 por una elección por sufragio universal del jefe ejecutivo (gobernador).

El acuerdo quedó consagrado en un tratado internacional suscrito por Londres y Pekín y recogido en la Ley Fundamental de Hong Kong. Pekín acaba de dar marcha atrás. El 31 de agosto aprobó un sistema de elecciones restringidas para designar al jefe ejecutivo que limita a tres el número de aspirantes, que deberán tener el apoyo de al menos la mitad de los miembros del “comité elector”, que ha pasado de 400 miembros en 1996 a 1.200 en 2012.

De ese modo, el modelo hongkonés se hará indiferenciable del que rige en el resto de China, donde los ciudadanos pueden votar por los legisladores elegidos por el PCCh. La resistencia al proyecto provocó a principios de septiembre protestas antes y durante la visita al enclave de Li Fei, secretario general adjunto de la comisión permanente de la Asamblea Nacional Popular.

Hong Kong goza –por ahora– de una autonomía de la que carecen otros territorios de la República Popular. Pero Pekín está aplicando una estrategia muy astuta para reducirla limitando las libertades públicas y controlando a la prensa, a los actores económicos y a los sectores clave de la judicatura.

El objetivo aparente es evitar que Hong Kong sirva de referente para las reivindicaciones de Tíbet y Xinjiang. Los hongkoneses no van renunciar a sus libertades y a sus aspiraciones de seguir ampliándolas. De hecho, varios grupos de…