Dilma Rousseff se ha visto obligada en su segundo mandato como presidenta de Brasil a dar un giro liberal a su política económica para recuperar la confianza de los mercados y reactivar la economía, muy golpeada por la incidencia simultánea de la caída de los precios de las materias primas y la desaceleración de la economía global. Los cuatro años de su primer mandato acumularon un crecimiento económico mediocre (6,7%) para el nivel de desarrollo del país. En 2014 se registró una recesión técnica, tras dos trimestres seguidos de crecimiento negativo del PIB, con un déficit por cuenta corriente del 3,7%. Para 2015 se prevé un crecimiento del 0,5%.

La designación de Joaquim Levy como nuevo ministro de Economía, un banquero apegado a la disciplina fiscal, y de Kátia Abreu, líder del poderoso lobby agrícola, han sido las expresiones más ilustrativas del nuevo pragmatismo que reina hoy en Brasilia en materia económica. Levy quiere alcanzar un superávit primario del 1,2% del PIB en 2015 y del 2% en 2016. El reto es considerable: Brasil tuvo entre enero y noviembre de 2014 un déficit fiscal primario equivalente a unos 7.390 millones de dólares, el mayor en 12 años. Por su parte, la deuda pública bruta ronda el 63% del PIB.

El gobierno ya ha anunciado recortes en los beneficios de pensiones y desempleo para ahorrar 6.700 millones de dólares anuales, hasta alcanzar ahorros del 2,1% del PIB. Habrá incluso subidas de las tarifas eléctricas y del transporte público, y un aumento de los impuestos a pesar de que la presión fiscal es ya del 36% del PIB, la más alta entre los países emergentes.

Pero seguir como hasta ahora implicaría un riesgo aún mayor: perder el preciado grado de inversión de Brasil, aumentando los costes del crédito en…