Desde los juicios de Núremberg el principio de jurisdicción universal ha investigado y juzgado a criminales cuyo proceso habría sido imposible de otro modo. Tensiones con China, Israel y EE UU han llevado a España a revisar su normativa de aplicación de este principio.

La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la globalización debido a sus consecuencias habituales para la economía, la tecnología y los sistemas políticos, por nombrar algunas de ellas. Sin embargo, hace poco que hemos empezado a prestar atención a otro aspecto nuevo e importante de ella: la globalización judicial. Con el continuo aumento de las normas internacionales y la necesidad de llevar muchas de ellas a la práctica, los tribunales nacionales se encuentran a menudo en constante diálogo con los de otros países y con tribunales internacionales. La fragmentación de los tribunales internacionales y regionales, como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), favorece dicho diálogo. Aunque este fenómeno ofrece la oportunidad de globalizar la ley y la justicia, también puede plantear entre las naciones graves problemas relacionados con la intervención de un Estado en los asuntos internos de otro, y amenazar el importante principio de la soberanía nacional. Según este punto de vista, la globalización de las normas legales puede ser una nueva herramienta estratégica en las relaciones exteriores del Estado moderno, con consecuencias diversas.

El fenómeno cada vez más frecuente de la jurisdicción universal en los tribunales nacionales europeos, especialmente en el caso de España, ofrece uno de los mejores ejemplos de esta tensión. La jurisdicción universal brinda a los tribunales nacionales la capacidad de procesar a personas por crímenes universales, como crímenes de guerra y genocidios, sin que haya un nexo claro entre el crimen, el acusado o la víctima, por un lado, y el país demandante, por…