Desde hace varios años los europeos somos conscientes del reducido papel que juega la Unión Europea (UE) en la resolución de conflictos geopolíticos; también lo somos del riesgo que supone depender de otros países en decisiones que nos afectan de manera directa. La UE fue concebida para un mundo regido por reglas y en paz; ese supuesto ayuda a explicar sus dificultades para responder al deterioro del orden internacional y al regreso de la competencia entre potencias.

El modelo de globalización basado en la optimización de la eficiencia económica en la producción y distribución global de bienes y servicios se tambalea con la imposición unilateral de aranceles, bloqueos o ataques al transporte en rutas comerciales, o actuaciones de guerra híbrida. Todos estos instrumentos se han empleado como armas en los conflictos geopolíticos, incrementando la necesidad de asegurar la resiliencia de las cadenas globales de provisión.

Un rasgo de las sociedades contemporáneas es que ciudadanos e instituciones asumen que los servicios de los que depende su actividad, basados en un uso transparente de tecnologías avanzadas, están garantizados. Sin embargo, los apagones eléctricos, las interrupciones del acceso a internet o a plataformas digitales y los incidentes de ciberseguridad demuestran que esa garantía no siempre existe. En un contexto de intensificación de la guerra híbrida, estas vulnerabilidades adquieren una dimensión estratégica.

El problema es que la resiliencia tecnológica europea sigue siendo limitada en situaciones de crisis, especialmente cuando no se dominan las tecnologías de las que dependen servicios, infraestructuras y capacidades esenciales. Además, el carácter dual, es decir, el empleo en aplicaciones civiles y militares de muchos de los componentes, productos, servicios y procesos tecnológicos, los somete a controles de importación y exportación y a la imposición de sanciones con motivaciones geopolíticas. El problema se extiende porque casi todas las tecnologías emergentes…