Comenzado ya el último decenio del siglo XX, y cuando nos encontramos en el ecuador de la IV Legislatura, parece conveniente que quienes estamos involucrados –como responsables, interesados o sujetos partícipes– en la tarea que constituye la reforma militar y su adecuación a las circunstancias y necesidades del próximo futuro, hagamos un alto en el camino de la gestión diaria para reflexionar sobre cuáles han sido los hitos sobrepasados, cuál es el proceso modernizador emprendido y realizado hasta hoy y qué retos de futuro tenemos planteados para conseguir esas Fuerzas Armadas adecuadas a la realidad española y capaces de cumplir con suficiente garantía las misiones que nuestra Constitución les confiere, manteniendo siempre el mismo denominador común que, desde el inicio de la transición democrática, se ha pretendido: su adaptación constitucional y su modernización funcional, estructural y organizativa.

Para poder realizar este análisis con una cierta perspectiva conviene examinar en primer lugar y de forma sucinta la evolución sufrida por los ejércitos a lo largo de nuestra historia más reciente. España ha estado generalmente situada entre aquellos países en los que sus Fuerzas Armadas han desempeñado un papel fundamental en los procesos de cambio social y político –bien para acelerarlos, bien para frenarlos– siendo una constante la presencia activa del elemento militar en nuestra vida política a lo largo (le los dos últimos siglos. Así, aunque en los inicios del siglo pasado predominó un ejército que intentó convertirse en motor del cambio sociopolítico, esa posición se fue invirtiendo gradualmente y cobró fuerza un sector, al fin predominante, que marcó una impronta conservadora en las Fuerzas Armadas. Este planteamiento, que se concreta en el ejercicio de una función de tutela sobre las instituciones y sobre la propia vida política, pública y social en general, acabó constituyendo a los ejércitos en verdaderas entidades…