Fue en Madrid donde, en julio de 1992, el juez Antonio Di Pietro pronunció una de sus grandes conferencias sobre la renovación de la vida pública italiana gracias a la operación Mani Pulite em prendida por la magistratura de Milán contra la financiación ilegal de los partidos y de sus candidatos. Unos días después de la intervención de Di Pietro, Gabriele Cagliari, encargado de la empresa nacional de petróleo, y Raúl Gardini, símbolo de la empresa privada, se suicidaron. Episodios trágicos de la revolución legalista que conmueve a Italia desde hace casi dos años.
Abandonado en su celda por los magistrados, Cagliari escribió cartas conmovedoras en las que denunciaba la crueldad psicológica de los métodos utilizados para obtener sus confesiones. En definitiva, el alto funcionario afirmaba que la acción de los jueces no conseguiría sacar del viejo sistema a la política italiana.
Los resultados de las recientes elecciones generales vienen a confirmar las previsiones pesimistas del empresario y, al mismo tiempo, destruyen las esperanzas del juez.
En las elecciones legislativas de abril de 1992, el partido de la Democracia Cristiana, la imperecedera DC, pilar del orden interior, consiguió el 30 por cien de los votos; su aliado, el Partido Socialista, el 12,6 por cien; la Liga Lombarda, el 8,6 por cien. La oposición de izquierda experimentó un claro retroceso, con el 17 por cien de los sufragios para el ex Partido Co munista, rebautizado Partido Demócrata de la Izquierda (PDS), y el 5,8 por cien para Rifondazione Communista, fracción pura y dura del comunismo italiano, abiertamente leninista. En el otro extremo, el Movimiento Neofascista no sobrepasó el cinco por ciento.
En 1994, una sola fuerza desapareció de la escena política italiana, la Democracia Cristiana. Ninguna organización se atreve ya a exhibir la etiqueta de cristiana. La referencia a lo religioso…

La revolución abortada de los jueces