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Manifestación bajo el eslogan “Liberar a Túnez”. Túnez, 6 de marzo de 2021./FETHI BELAID/AFP VIA GETTY IMAGES

Marruecos y Túnez ante el reto político de la Covid-19

Las medidas sanitarias parecen tener un cariz más de seguridad, con el fin de sofocar las tensiones sociales.
PIERRE VERMEREN
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Cuando la crisis de la Covid-19 golpeó a Europa en el invierno de 2020, los países del Norte de África no se encontraban en su mejor forma. Esta región, además de estar dividida, está rodeada al Sur y al Este por el cinturón yihadista, que se extiende desde Libia hasta Malí. A principios de 2021, las fronteras internas de la región siguen cerradas y las personas están confinadas en sus domicilios, mientras las economías atraviesan una fase crítica de endeudamiento y decrecimiento. Sin embargo, a diferencia de Francia, en el Magreb no existe un colchón de seguridad social. Los endeudados Marruecos y Túnez se encuentran en la misma situación: sus habitantes –excepto los funcionarios y los empleados de grandes empresas– solo pueden contar con las redes de solidaridad familiar o vecinal para superar el contagio del paro y la pérdida de salarios.

Al cabo de un año de crisis sanitaria, la situación en estos dos países del Magreb –igual que en Argelia, por otra parte– no ha mejorado, aunque esta región haya desaparecido de las pantallas y los radares de la información internacional. Cada país se ha replegado sobre sí mismo, sin muchas posibilidades de recuperación o iniciativa, a la espera de tiempos mejores. A este respecto, el acuerdo que firmó Marruecos el 22 de diciembre de 2020 con Estados Unidos e Israel, con el apoyo de Emiratos Árabes Unidos, también debe analizarse como la búsqueda por parte del Reino de una bocanada de oxígeno económico, sean cuales sean los riesgos internos. Ante la terrible crisis económica que los golpea, la única opción de los poderes públicos de estos países es mostrar ante su pueblo y ante Europa una actitud aparentemente rigurosa en el rastreo del virus, el confinamiento de las poblaciones, y el cierre o control de los espacios nacionales.

En el Magreb, más que en Europa, el confinamiento sanitario se aproxima a un confinamiento de seguridad. Los Estados, con el fin de mantener a raya y a distancia una protesta social y política que todos los indicadores económicos parecen anunciar, han tomado medidas drásticas cuando lo han considerado necesario. Pero en Marruecos hay una gran opacidad sobre la naturaleza y las motivaciones de las medidas adoptadas: cuando una región, una ciudad o un barrio quedan prácticamente aislados del mundo, rodeados por las fuerzas del orden, y se requieren salvoconductos para entrar o salir, ¿es por motivos sanitarios como en La peste de Camus, o por motivos de seguridad como ocurrió en el pasado? Nadie lo sabe, pero abundan los rumores.

Sobre todo, porque en el Magreb la crisis de la Covid-19 es mucho menos virulenta que en la Europa abierta. Con casi el doble de habitantes, la región ha tenido un número de víctimas mucho menor que Francia durante la ola epidémica de la primavera de 2020, y aunque aumentó en otoño durante la segunda ola y luego en el invierno de 2020-21, las cifras de mortalidad siguen estando muy por debajo: a mediados de febrero de 2021, había en el Magreb casi seis veces menos muertes oficiales respecto a la población que en Francia. Las poblaciones son más jóvenes, pero hay que ser cautelosos con las comparaciones, dada la situación sanitaria específica del Magreb, donde el sector sanitario está más necesitado que en Europa, tanto en lo que se refiere a recursos humanos como a capacidades técnicas y económicas. Así, dada la poca disponibilidad de pruebas y su coste para el paciente, las estadísticas no tienen en cuenta a la mayoría de habitantes, tanto en Marruecos como en Túnez.

 

La situación política

En octubre de 2019, Túnez votó por un presidente desconocido en el marco de su democracia política. El jurista Kais Said (nacido en 1958) fue elegido libremente por una amplia cuarta parte del electorado tunecino. A los ojos de sus electores, en su mayoría jóvenes titulados urbanos, las principales virtudes de este discreto académico constitucionalista son no ser corrupto ni especulador, hablar un árabe clásico florido y enfático y encarnar al tunecino medio, cuya vida compartió durante mucho tiempo. Frente a él, el Parlamento está dominado por una compleja alianza entre liberales, nacionalistas y sobre todo islamistas, que eligieron como presidente al antiguo jefe del partido Ennahda, Rachid Ghanuchi (79 años).

El gobierno ha sido dirigido sucesivamente por dos jóvenes primeros ministros liberales y tecnócratas obligados a llegar a entenderse con Ghanuchi. Las batallas políticas y de prerrogativas entre los tres socios institucionales eran constantes, exasperaron a la opinión pública y paralizaron la actividad política hasta principios de 2021. Las respuestas a la crisis de la Covid supusieron un relativo consenso en medio de una situación caótica. En enero de 2021, el décimo aniversario de la revolución fue recibido con casi un mes de manifestaciones nocturnas, sucesivas y en ocasiones violentas, reprimidas por las fuerzas del orden sin muchos miramientos.

El rey de Marruecos, Mohamed VI (nacido en 1963) celebró en julio de 2020 sus 21 años de reinado. Con 57 años, se dice que está enfermo, pero aparece a menudo en los medios. Aunque el gobierno y el Parlamento están dominados por el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), líder de una sabia coalición que une a la oposición, el rey y sus asesores siguen monopolizando la dirección de los asuntos del país, en particular en ámbitos que dependen exclusivamente del Estado. Marruecos comienza un año electoral, ya que en 2021 debe renovar todas sus asambleas electas y cambiar de gobierno. El Palacio superó durante un tiempo la amenaza que representaba en 2017 el Hirak del Rif, y las autoridades se mostraron sumamente vigilantes y nerviosas durante los acontecimientos argelinos de 2019. En Marruecos, la crisis de la Covid-19 culminó una secuencia relativamente tensa. Al prohibir de hecho las manifestaciones públicas, pospuso las protestas, que se expresaron en las redes sociales y en la prensa, lo que dio lugar a algunas condenas y al encarcelamiento de adversarios políticos.

 

Las medidas ante la pandemia

En unas pocas semanas, a mediados de marzo de 2020, el Magreb literalmente se encerró: toques de queda, confinamiento, cierre de establecimientos abiertos al público, cese del tráfico marítimo y aéreo, cierre de fronteras, cierre de mezquitas, suspensión de las peregrinaciones y los viajes; miles de extranjeros se quedaron atrapados en el Magreb durante meses y miles de magrebíes tenían prohibido regresar a sus países. Las patrullas de policía circulaban por todas partes y reprimían sin contemplaciones a los infractores. ¡En el Magreb no se juega al fútbol en las noches de confinamiento! Hasta las mezquitas estaban estrictamente cerradas y decenas de miles de niños y jóvenes estuvieron, durante un tiempo, confinados en sus hogares; las clases se suspendieron.

Esta situación social sin precedentes planteó problemas considerables a la población, porque millones de magrebíes viven pobremente, en viviendas pequeñas que a veces rozan el límite de lo salubre, y a menudo no tienen ingresos. No hay seguridad social ni prestación por desempleo, nada aparte de las promesas raras veces cumplidas de los gobernantes. Las familias tunecinas en las que los padres están desempleados recibieron el equivalente a 80 euros en mayo y luego otra vez en septiembre de 2020: es decir, 160 euros para una familia a lo largo de 2020. Pero las personas solteras o las parejas sin hijos no recibieron nada. En este país, según el Banco Mundial, el 59% de los trabajadores que no pudieron trabajar durante el confinamiento no recibió salario, el 30% lo mantuvo y el 10% recibió solo una parte. En Marruecos, el 44% de los hogares modestos no recibieron absolutamente nada durante el confinamiento (frente a solo el 10% de los más acomodados). Millones de magrebíes de las clases populares, privados de empleo e ingresos, están destinados a volver –si es que la han abandonado– a la ancestral frugalidad de esta región semiárida, hecha de trigo, aceite, té y azúcar, a la espera de tiempos mejores.

A fin de cuentas, estas poblaciones saben que es mejor no ponerse enfermo, porque sus deficientes servicios de sanidad tendrían serias dificultades para hacer frente a una epidemia masiva. Los hospitales públicos, generalmente desbordados, no cuentan con los medios necesarios (equipos de protección, pruebas, reanimación, respiradores, equipos médicos y medicamentos), lo que condena a los habitantes frágiles o preocupados a quedarse en casa. De hecho, las clínicas privadas, que en general están mejor equipadas, reciben subvenciones de sus clientes y, por consiguiente, cobran al ingresar un precio fijo que supuestamente cubre los gastos de hospitalización. Por ejemplo, en Túnez, un enfermo de Covid-19 destinado a reanimación debe pagar 25.000 dinares para ser admitido en un servicio privado de este tipo. Esto equivale a poco más de 8.200 euros, o el equivalente a 3,5 años de salario mínimo; muchos trabajadores informales ni siquiera perciben este ingreso.

Marruecos, preocupado sobre todo por mantener el orden en esta época de vacas flacas, después de meses de cierre y confinamiento, ha impuesto un semi toque de queda durante todo el verano. Solo Túnez reabrió sus fronteras a finales de junio, pero exigió tres días de cuarentena a los visitantes de países de riesgo. La mayoría de los trabajadores emigrados a Europa no regresó al país en el verano de 2020 –salvo en Túnez–, y el turismo está totalmente paralizado (lo que no es poco en países donde, directa o indirectamente, uno de cada cuatro habitantes vive de él). Solo la industria textil marroquí ha salvado la situación produciendo decenas de millones de mascarillas, una compensación simbólica que el régimen divulgó muy bien.

En todas partes, los servicios de seguridad están en alerta roja, porque el año económico y social es catastrófico: en otoño de 2020 el crecimiento del PIB cayó un 7% en Marruecos y un 9% en Túnez. A esto se suma un déficit presupuestario catastrófico estimado en casi el 8% del PIB en ambos países, así como un déficit por cuenta corriente del 7-8%, precisamente cuando las importaciones se han reducido drásticamente. La situación no tiene precedentes en décadas: de hecho, es preocupante no solo para las empresas (porque el desempleo está creciendo en todas partes y las quiebras se multiplican: en Túnez ya han quebrado el 40% de los artesanos, y el 35% de las pymes están amenazadas), sino también para la estabilidad macroeconómica y monetaria, porque los países ya se han endeudado mucho durante la crisis (alrededor del 80%).

Con estos pronósticos, el verano pasó. Pero a la vuelta de las vacaciones de 2020, muy rápidamente, las condiciones sanitarias y los indicadores epidémicos empeoraron lo suficiente como para que incluso la desconfinada Túnez, en medio de la debilidad económica y la crisis gubernamental (su gobierno cambió el 2 de septiembre de 2020), adoptara más medidas confusas. El establecimiento de un toque de queda a mediados de octubre, la prohibición de abrir tiendas, terrazas, restaurantes, primero a mediodía, luego por la noche, luego de nuevo a mediodía, el cambio de hora del toque de queda, la prohibición de salir de las gobernaciones, la suspensión de las clases, la creación de una categoría de países denominados vecinos (como Francia o Italia) para evitar cortar las relaciones con ellos, y muchas otras medidas adoptadas y luego modificadas o canceladas, demuestran la confusión de las autoridades, y la dificultad de tomar decisiones cuando la población sufre económicamente y el margen de maniobra es casi inexistente.

Además, es sumamente difícil conocer la realidad de la epidemia. Las pruebas son pocas y caras, y se venden en el mercado a entre 70 y 130 euros, es decir, entre uno y dos tercios del salario mínimo mensual, lo que las hace inaccesibles para la mayoría de la población. En Marruecos se ha fijado un tope de 80 euros. En cualquier caso, las pruebas de PCR son escasas y el indicador de la epidemia solo puede ser muy parcial.

 

El toque de queda sanitario va acompañado de medidas de seguridad

En Marruecos se adoptó una mezcla de laxitud y medidas drásticas, especialmente en Casablanca, que se encontró casi aislada del exterior (como en un estado de sitio), para protegerse de la nueva ola de la epidemia. No cabe duda de que el toque de queda sanitario va acompañado de medidas represivas y de seguridad engañosas, pero que permiten mantener la olla bajo doble vigilancia. En la capital, un determinado barrio popular, como Taqaddum, o un pueblo concreto, están por un tiempo aislados del mundo, rodeados por las fuerzas del orden o el Ejército, las entradas y salidas están estrictamente limitadas, lo que parece indicar que estas medidas pretenden sofocar los impulsos revolucionarios o las tensiones sociales de poblaciones agotadas por la pobreza, la falta de ingresos y los meses de confinamiento. Otra prueba de esta gran vigilancia son las fechas de la vuelta al colegio y la universidad al inicio del curso escolar 2020. Mientras que en Túnez las cosas se sucedieron con normalidad en septiembre, a pesar de que muy pronto, las clases se desdoblaron por motivos sanitarios, en Marruecos la vuelta a la universidad fue escalonada hasta el 15 de octubre.

En Túnez las autoridades políticas son más débiles y están divididas por la crisis política. En una situación a la vez democrática, de competencia entre poderes y desempleo masivo, es casi imposible que puedan usar la fuerza. Los conflictos sociales se gestionan después, con consecuencias económicas más graves. A lo largo de 2020, ha aumentado la grave crisis social en la región petrolera de Kamur. Esta región del Sur, cerca de Tatauine, es una de las más desfavorecidas del país. Sus jóvenes, exasperados porque el petróleo no aporta más ingresos a su región, aunque beneficia a todo el país, cortaron las carreteras y el acceso a los pozos, obligando a las empresas a detener su explotación. Tras meses de crisis y bloqueos, las autoridades gubernamentales zanjaron la situación a finales de año prometiendo contratar a miles de licenciados en paro, lo que no es fácil en una República que se desmorona bajo el peso de los gastos de personal. En efecto, después de la revolución, el poder islamista electo infló considerablemente el personal de la administración, contratando a decenas de miles de sus partidarios, lo que enfureció al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los patrocinadores financieros.

Como consecuencia de esta crisis, estallaron protestas y manifestaciones en todo el país, sobre todo por iniciativa de los jóvenes de los barrios populares de las grandes ciudades y de los pequeños pueblos del interior. Sin reivindicaciones políticas concretas ni coordinación, estos movimientos se convirtieron en disturbios nocturnos, que comenzaron durante el largo fin de semana del 14 de enero (día del aniversario de la salida del presidente Ben Ali). El gobierno intentó calmar la situación decretando un confinamiento casi total de cuatro días, pero fue en balde. Durante semanas se sucedieron los enfrentamientos y las manifestaciones nocturnas. Las autoridades les pusieron fin al cabo de un mes a fuerza de represión, mediante la detención de al menos 1.500 jóvenes, retenidos durante unos días en las comisarías o en las cárceles.

Aunque la veracidad de estas cifras es discutible, alrededor del 20 de febrero de 2021 Marruecos contaba 8.600 víctimas de la Covid y Túnez 7.800, es decir, un índice de mortalidad tres veces superior. Aparentemente, la epidemia sigue siendo bastante moderada en comparación con la situación en muchas partes del mundo, a pesar de que el semiconfinamiento en el que vive Marruecos desde hace un año, y el semiaislamiento de Túnez del resto del mundo podrían permitir esperar algo mejor. La población tunecina se precipitó al acusar a los veraneantes nacionales de haber traído el virus de Europa cuando se produjo una segunda ola en otoño de 2020; pero el repunte fue generalizado en el Magreb, aunque afectó un poco menos a sus vecinos marroquíes y argelinos. Sin embargo, estos apenas han reabierto sus fronteras nacionales.

Aunque es cierto que se ha infundido miedo a muchos norteafricanos, tan poderosa es la política de comunicación de las autoridades nacionales e internacionales y de sus medios de comunicación, una parte cada vez mayor de las clases populares duda, e incluso se exaspera cada vez más. Es lo que demuestra, en el invierno de 2021, los nuevos intentos de emigrar a Europa de miles de jóvenes marroquíes y tunecinos, desesperados por la situación económica y social de su país. Al contrario que las clases acomodadas, y sobre todo que los mayores, que aceptan o incluso piden redoblar las precauciones ante la expectativa cada vez más determinada de una vacuna para todos (se vislumbra una solución en Marruecos a través de Rusia y China), las clases populares, y en particular los jóvenes, han renunciado de hecho a las medidas y los gestos de precaución habituales, ya que les parecen irrisorios en vista de su situación. Sometidos a una pérdida masiva de puestos de trabajo e ingresos, y sin haber estado prácticamente en contacto con personas gravemente enfermas o fallecidas, la ira y la incomprensión han dado paso a la duda. En las redes sociales y en las conversaciones, el miedo ha dado paso a un cóctel de conspiración, desesperación, confusión y angustiosa espera de tiempos mejores.

En Marruecos, la prórroga del confinamiento y del estado de sitio y de excepción, llamado de “emergencia sanitaria”, desvela una inquietud manifiesta, tanto más política cuanto que la Covid-19 circula con baja intensidad en la región. Otro indicio del nerviosismo de las autoridades se puede observar en las dificultades de los últimos manifestantes para expresarse en el espacio público y en las redes, especialmente los periodistas y algunos académicos. Un puñado de firmas conocidas por exponer hechos molestos han chocado con el régimen desde la primavera. Omar Radi, un periodista crítico, fue encarcelado a fines de julio de 2020 por violación, una historia fabricada para la ocasión. Al principio del curso 2020, el historiador Maâti Monjib, empezó a tener cada vez más problemas, hasta que finalmente fue secuestrado y luego condenado a un año de prisión a principios de 2021 (por evasión fiscal, lo que es infundado si se tiene en cuenta el salario de un profesor universitario). Otro destacado miembro de la oposición e intelectual se vio salpicado por el envío a su familia de videos sexuales con su pareja.

Algunos periódicos electrónicos dirigidos por los servicios de inteligencia han desplegado campañas de difamación contra estos miembros de la oposición, monopolizando la comunicación sobre estos asuntos y acreditando operaciones políticas. Tanto en Marruecos como en Argelia se perciben otros signos del nerviosismo del régimen, lo que desemboca en la reaparición de violentas polémicas bilaterales por parte de los medios y los diplomáticos involucrados. Este canal de movilización patriótica de la opinión pública es a menudo un signo de tensiones subyacentes.

Según este criterio, la práctica política represiva es menos directa en Túnez y se acepta la libre oposición al poder en la calle, en el Parlamento (en particular a través de la voz de Abir Mussi), en la prensa y por parte de las organizaciones de izquierda y los sindicatos. Pero la represión repentina y bastante brutal de las manifestaciones de febrero recordó a los tunecinos que el aparato policial no solo está presente sino intacto.