Junto con la actividad económica se recuperan progresivamente los empleos destruidos hasta el primer trimestre de 2013: el paro se ha reducido en 1,1 millones de personas desde el máximo de casi 6,3 millones de ese periodo. La calidad del empleo se ha resentido.

Desde mediados del siglo XX el estatuto salarial ha constituido una pieza básica del modelo de sociedad avanzada propio de los países occidentales. El involucramiento directo de los poderes públicos, el Estado social, supone el reconocimiento a los trabajadores de un tipo de propiedad hasta entonces desconocido, la propiedad social, de manera que el acceso al mercado de trabajo se convierte en condición necesaria, pero al mismo tiempo en garantía, del disfrute de una protección frente a los riesgos sociales. De esta forma la inmensa mayoría de la población accede a una condición de ciudadanía social desde un estatuto jurídico laboral que transforma la estructura social para construir una sociedad de semejantes (R. Castel). Se asienta así un modelo de relaciones laborales basado en el equilibrio entre la libertad de empresa y el derecho al trabajo; es decir, que la prevalencia económica del empleador es compensada a través de una protección singular de los trabajadores como individuos, así como del reconocimiento de éstos como sujeto colectivo con capacidad de actuación en defensa de sus intereses.

Lo cierto es que a partir de los años noventa hemos asistido a una progresiva disminución de los derechos y garantías laborales. Estos vientos (falsamente) “modernizadores” del Derecho del Trabajo –y, en paralelo, de los sistemas de protección social– se intensifican cuando la crisis financiera que golpea las economías europeas a partir de 2008 se convierte en una crisis de deuda pública. Ello da lugar al impulso vigoroso desde las instituciones europeas –con algo más que el apoyo de los…