Las elecciones al Poder Judicial deberían de haber sido el pistoletazo de salida de un momento estelar en la historia reciente de México. Era la culminación de una de las últimas reformas constitucionales impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el contexto de su proyecto político, la Cuarta Transformación, o 4T, que buscaba el cambio profundo del país. Pero, no ha podido ser. La baja participación electoral, inferior al 13%, y el descrédito de un proceso incomprendido por los sectores populares han restado buena parte de la legitimidad.

Esto consumó la captura del Poder Judicial por el gobierno y Morena, el partido oficialista, comenzando por la presa mayor, la Corte Suprema de Justicia. El 1º de junio fue el punto más álgido en la concentración de los poderes del Estado, convirtiendo a Montesquieu en mera alegoría.

De esta forma, el esquema de poder mexicano es cada vez menos garantista y los pesos y contrapesos propios de la República, se van desintegrando uno tras otro.

Tras las últimas elecciones presidenciales y legislativas, un audaz golpe político permitió al oficialismo disponer de amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso, haciendo posible impulsar reformas constitucionales que de otro modo no se hubieran concretado. Ahora, tras el 1º de junio, el Estado de Derecho ha sido duramente golpeado, en una marcha facilitada por la apropiación de organismos federales claves, como el Instituto Nacional Electoral (INE), ampliando el margen de discrecionalidad política del gobierno, también apoyado en el control de la mayor parte de las gobernaciones y los parlamentos estatales.

Esto no impide que el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum siga siendo elevado, por encima del 80%, pese a llevar ocho meses de gobierno. Estas cifras se originan en los excelentes resultados de las elecciones presidenciales. En buena medida, la…