El ataque de Israel contra líderes de Hamás en Catar el pasado 9 de septiembre subrayó las vulnerabilidades a las que se exponen los países árabes de Oriente Medio. Para sentirse seguros, ya no les basta con albergar bases militares estadounidenses en su suelo (como la de Al Udeid, en Catar); regalarle un avión Boeing 747 a Donald Trump (como ha hecho el emir catarí); comprar ingentes volúmenes de material de defensa a la industria militar estadounidense o comprometerse a invertir cientos de miles de millones de dólares en su economía.

Catar convocó el 15 de septiembre una cumbre de países árabes e islámicos que buscaba una respuesta conjunta no solo frente a Tel Aviv, sino también ante Washington. Tras la nueva violación del derecho internacional por parte de Israel y la inacción de Estados Unidos, se preveía que los gobiernos convocados fuesen más allá de las consabidas palabras de condena al primero y de demanda de clarificación al segundo (advertido por Israel del ataque cuando ya estaba en marcha).

Aunque en el comunicado final de Doha los reunidos afirmaron que se comprometían a “tomar todas las medidas legales y efectivas posibles para impedir que Israel continuase sus acciones contra el pueblo palestino”. Todo indica que estamos, una vez más, ante palabras que no se traducirán en acciones. Ni siquiera los países árabes que recientemente han normalizado relaciones con Tel Aviv –Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Marruecos y Sudán, además de Egipto (1979) y Jordania (1994) –han retirado a sus embajadores.

Teóricamente sigue en vigor el boicot establecido por la Liga Árabe en 1948, pero son muchos los países árabes e islámicos que se relacionan con creciente intensidad con Israel. Apenas queda rastro de la iniciativa que pretendía cerrar toda relación con países y empresas de cualquier parte del…