Las amenazas en la frontera sur y nororiental de Europa, la crisis de refugiados de 2015, los cambios geopolíticos resumidos en el epítome BTP (Brexit-Trump-Putin), la inestabilidad de un mundo G-Cero, el deseo de mejorar la eficiencia del gasto en defensa a nivel europeo, la demanda del presidente estadounidense, Donald Trump, a los aliados para que incrementen su presupuesto de defensa (como también hizo Barack Obama)… Cualquiera de estos hechos explica la rotundidad de las declaraciones de los líderes de la Unión Europea a favor de una aceleración en la construcción de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD).

«Los Estados europeos deben tomar mayor responsabilidad de su seguridad», se leía en el comunicado del Consejo Europeo de diciembre de 2016. «Para 2025 necesitamos una auténtica Unión Europea de Defensa», afirmaba el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en septiembre de 2017. «Los europeos tenemos que tomar el destino en nuestras manos», anunciaba la canciller alemana, Angela Merkel, en la cumbre del G7 en Taormina (Italia) en mayo de 2017. «Es un momento histórico para la defensa europea», en palabras de la alta representante de la UE, Federica Mogherini. De las necesidades geopolíticas percibidas, de las declaraciones públicas y de un bien llamado optimismo macronista, en 2018 han surgido soluciones y propuestas: como los proyectos de cooperación militar (Pooling & Sharing), creados en 2014, la puesta en marcha en 2017 del Fondo Europeo de Defensa y la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, en inglés).

Sin embargo, la experiencia ha mostrado que los europeos no han sido muy efectivos a la hora de cooperar en materia de defensa. La respuesta militar en Ucrania fue inexistente; los llamamientos a la creación de un auténtico ejército europeo se miran con escepticimismo al comprobar que los eurogrupos jamás han sido desplegados; y…