#BásicosPolExt: México y el narco

JORGE TAMAMES
 |  21 de enero de 2016

La reciente captura de Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, ha añadido un capítulo especialmente delirante a su saga. Fugas de prisiones de alta seguridad, entrevistas con actores desnortados, e incluso un cameo de Arturo Pérez-Reverte, vía Kate del Castillo. El narcotraficante vuelve a la cárcel de la que se escapó hace tan solo un año, aunque esta vez se le aplicarán un sinfín de medidas de vigilancia adicionales. Aprovechamos la ocasión para cubrir los básicos de un conflicto que durante la última década en México se ha cobrado más víctimas que muchas guerras.

 

¿A qué se enfrenta México?

Una de las cuestiones más difíciles de aclarar es precisamente qué tipo de problema representa el narcotráfico para México. Cuando era secretaria de Estado, Hillary Clinton clasificó el problema como una simple epidemia de crimen urbano, similar a la que afectó a Estados Unidos en los años setenta y ochenta. Pero las decenas de miles de muertos desmienten que se trate de un simple problema de crimen. Y los carteles mexicanos, cuyos sicarios cuentan con armamento pesado y entrenamiento paramilitar, difícilmente pueden ser catalogados como bandas de delincuentes.

Por otra parte, México no está inmerso en una guerra civil como lo está Siria. El New York Times acaba de clasificar a México D.F. como el mejor destino turístico para 2016. La capital del país tiene, incluso hoy, una tasa de homicidios inferior a la de Chicago. En su excelente libro El Narco, el periodista británico Ioan Grillo define el fenómeno como una insurgencia criminal, “una rebelión armada sin ideología que combate al Estado.”

 

¿Cómo de poderoso es el narco?

Uno de los principales mitos sobre el narco, cortesía de producciones hollywoodenses como Traffic, es que constituye un imperio dotado de unos recursos ilimitados, imposible de derrotar por unas fuerzas del orden que juegan permanentemente en desventaja. En cierta medida, la imagen es correcta. Según el Departamento de Justicia de EE UU, la venta de drogas genera entre 18.000 y 39.000 millones de dólares anuales para los traficantes mexicanos. Cantidades inmensas para una organización criminal, pero que conviene tener en perspectiva: el gasto militar anual de EE UU ronda los 600.000 millones de dólares.

Esto no quiere decir que el narco carezca de influencia. Todo lo contrario: la red de corrupción que ha tejido sobre la vida política y social en México es abrumadora, alcanzando a jueces, policías, militares y políticos. Más preocupante si cabe es la diversificación de las fuentes lucrativas del narcotráfico. Aunque la tendencia es bastante reciente, los cárteles mexicanos se están expandiendo en un sinfín de sectores, que incluyen la minería ilegal, extorsiones y secuestros, e incluso el acceso al recientemente privatizado sector energético. Tal vez la tendencia más preocupante sea el cambio en la relación entre narcotraficantes y autoridades políticas. En vez de sobornar para operar con tranquilidad, cada vez más carteles están girando las tornas, extorsionando y asesinando a políticos municipales, o usándolos como marionetas sin ningún tapujo. La masacre de Iguala, en septiembre de 2014, puso de relieve la frecuente complicidad entre narcos y políticos municipales.

 

¿Cómo empezó el conflicto?

Uno de los grandes mitos del narco es que el enfrentamiento con el Estado mexicano comenzó con la llegada al poder de Felipe Calderón. Pero el problema, como muestra Grillo, venía de tiempo atrás.

México tiene un largo historial de contrabando de estupefacientes, que se remonta al tráfico de opio, con la llegada de inmigrantes chinos a Sinaloa en el siglo XIX, y a la creación de un suministro ilegal de alcohol para americanos en los años de la prohibición. Durante los años sesenta y setenta se dispararía el consumo de drogas en EE UU, aumentando el volumen del negocio en México. Pero la década clave es la de los noventa, en la que coincidieron la muerte de Pablo Escobar y el declive del cártel de Medellín, la entrada en vigor de NAFTA, el tratado de libre comercio entre EE UU, México y Canadá, y el fin de la hegemonía política del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Este último hito, sostiene Grillo, es clave. Un sistema de gobierno antes que un partido con ideologías específicas, el PRI lo fue todo en México. Durante sus siete décadas en el poder (1929-2000) el partido atrapó en sus redes clientelares al conjunto de la sociedad mexicana. Incluido el narcotráfico, al que toleraba y permitía operar siempre y cuando quedase claro que el Estado mexicano tenía la última palabra. La tragedia de la transición democrática mexicana es que el fin de la hegemonía del PRI obligaría a replantear la relación entre el Estado y el narco, y que tanto Calderón como Vicente Fox, su predecesor en el Partido de la Acción Nacional (PAN), optarían por una política de choque que únicamente agravó el problema. Como señala el International Crisis Group, la espiral de violencia se remonta a 2004, cuando Fox, y no Calderón, estaba al frente de México.

 

¿Cómo termina el conflicto?

La supervivencia del narco está garantizada en la medida en que la frontera estadounidense continúe importando drogas y exportando armas automáticas. El principal desarrollo positivo en los últimos años ha sido la legalización del consumo y cultivo de marihuana en Estados como Colorado, que ha supuesto un golpe económico para los cárteles mexicanos. La adopción de un enfoque sanitario en vez de criminal de cara al consumo de drogas constituye un primer paso indispensable para mermar los ingresos del narcotráfico. Pero aunque la tendencia en EE UU sea hacia la legalización de la de marihuana, no ocurrirá lo mismo con drogas como la metanfetamina, la cocaína o la heroína –esta última, cuyo consumo ha resurgido, está generando una epidemia en la América rural–.

Por otra parte, sería ingenuo suponer que la legalización acabaría inmediatamente con el narcotráfico. La actividad de los cárteles es tan extensa que acabar con ellos requeriría reformas de calado en los cuerpos de seguridad, la justicia y la administración mexicana. En definitiva, un proceso de reformas profundo y duradero.

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