Un simpatizante del candidato presidencial de la oposición boliviana, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), llega a un mitin en Santa Cruz el 16 de octubre de 2019/GETTY

Bolivia ante el reto de la transición política

FRANZ FLORES CASTRO
 |  18 de octubre de 2019

El 20 de octubre Bolivia celebra elecciones presidenciales y legislativas (130 diputados y 36 senadores) con tres factores en juego: la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE); el notable descenso del respaldo al presidente, Evo Morales, y la aparición de un candidato con posibilidades de disputarle la presidencia.

En cuanto al primer factor, la administración de las elecciones estará a cargo de un TSE muy debilitado. La renuncia de varios de sus vocales que, por su trayectoria profesional y personal, eran considerados como garantía de imparcialidad, y su reemplazo por personas bajo sospecha de ser afines al partido de gobierno, cuestionan su labor. Desde entonces han surgido denuncias de manipulación del padrón electoral; de un insólito crecimiento del mismo en poblaciones con alta migración; de permisividad hacia acciones proselitistas del MAS, que hace uso de bienes públicos hasta el punto de pedir el voto a cambio de obras; de ausencia de regulación de la abundante publicidad de los diversos ministerios; y, finalmente, ante la prohibición de difundir encuestas a entidades como la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz.

Las voces de alarma también provienen de organismos internacionales. El 26 de junio, la Unión Europea, a través de su embajador, León de la Torre, envió una carta a la presidenta del TSE, María Eugenia Choque. En ella expresaba su preocupación por las demoras en la implementación del proyecto de asistencias técnicas respecto a la calidad de los procesos electorales. Y advertía de que ello podía afectar gravemente a las elecciones generales.

En cuanto a los otros dos factores, y si nos atenemos a los sondeos, por primera vez desde las presidenciales de 2009 no habrá un ganador en primera vuelta. Según los resultados de varias encuestas, ninguna da la victoria a Morales por más del 51% de los votos. Todas muestran la emergencia de un candidato desafiante, el expresidente de la república Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana), que podría disputarle la presidencia a Morales en un eventual balotaje.

La empresa CIES-Mori señala que Morales tendría un respaldo del 37%, frente a un 26% de Mesa, seguido de Óscar Ortiz (Bolivia Dice No) con el 7 %, y de Chi Hyun Chung, quien, con un discurso misógino, homofóbico y racista, lograría un 5% del voto. Las demás candidaturas –como UCS, de Víctor Hugo Cárdenas; MTS, de Féliz Patzi; Virginio Lema, del MNR; PAN-BOL, de Ruth Nina, o FPV, de Israel Rodríguez– no superarían el 1% de los votos.

Un aspecto clave del respaldo a Morales es el crecimiento sostenido del PIB, que junto a una baja inflación ha generado un clima de prosperidad y bonanza. Sin embargo, este panorama se desdibuja con la enorme cantidad de recursos (3.000 millones de dólares) destinados a la construcción de empresas de dudosa factibilidad. O al levantamiento de edificios costosos que no parecen tener otro fin que generar un sentimiento de prosperidad, a la vez que ensalzan la figura de Morales. Entre las primeras se cuentan desde fábricas de procesamiento de frutos, de ensamblaje de computadoras y celulares, hasta fábricas de azúcar y de vidrio. Entre los segundos está un costoso edificio presidencial denominado Casa del pueblo, o un museo emplazado en Orinoca (lugar de nacimiento de Morales) que muestra la vida y obra del presidente.

Por su parte, Mesa ya ha adelantado que su prioridad no será cambiar la política energética nacionalista de Morales, tampoco los bonos de asistencia social, sino el estilo de gobernar. Aunque Morales se califica a sí mismo como el más grande demócrata de la historia de Bolivia, los hechos no lo avalan: ha levantado un Estado de Derecho politizado, restado transparencia a los procesos de adjudicación de obras, sometido a presiones económicas y judiciales a líderes subnacionales, roto el texto de la Constitución y desconocido la voluntad popular.

Mesa promete un cambio en el estilo de gobierno, haciéndolo más democrático y superando lo que considera rasgos dictatoriales del régimen actual. Sea como sea, el cambio en este punto dependerá de la fuerza que tengan las fuerzas de oposición tanto en la próxima Asamblea Legislativa como en las calles, como espacios de definición política.

 

La posible reconfiguración política

Si las encuestas no se equivocan, 2019 será un año de inicio una transición política llena de tensiones y turbulencias. Su primera expresión sería la composición del Parlamento boliviano, donde el MAS ya no gozaría de mayoría de dos tercios. El presidente se verá obligado a pactar con otras fuerzas, tanto para lograr gobernabilidad como para aplicar determinadas leyes y políticas. No es poca cosa para un gobierno como el del MAS, que desde 2009 usa de su mayoría para impedir la fiscalización de su labor. Y que ha tenido, además, una enorme influencia en ámbitos como la justicia, los medios de comunicación y, ahora, la institución electoral.

Todo indica que pasaremos de un sistema de partidos predominante, donde hay competencia partidaria pero no hay competitividad, a un sistema de pluralismo polarizado. Esto quiere decir que, desde octubre, Bolivia podría transitar hacia un rediseño institucional que suponga una mayor apertura democrática. Ello implicaría una Asamblea Legislativa como espacio de negociación y consenso entre diversas corrientes, más que una suerte de caja de resonancia del poder ejecutivo.

La ciudadanía dirá su palabra este 20 de octubre. Después de esa fecha, la decisión estará de nuevo en los partidos políticos o, siendo específicos, en sus líderes. Si Morales persiste en su idea de que la sociedad se equivoca cuando vota contra él y acierta cuando lo hace a favor (en alusión a su desconocimiento de los resultados de 21-F), la posibilidades de la transición son nulas. Incluso si la oposición cree que puede impulsar una transición reforzando el personalismo y la carencia de ideas. Los resultados de las urnas obligarán a los partidos a encarar un nueva agenda de reformas estatales que cambien el estilo de gobierno y reestablezcan los equilibrios democráticos, tanto entre los poderes del Estado como entre mayorías y minorías.

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