Luis Almagro durante la 48ª Asamblea General de la OEA, el 4 de junio de 2018 en Washington /GETTY

Bolivia y el síntoma Almagro

FRANZ FLORES CASTRO
 |  27 de mayo de 2019

El 17 de mayo Luis Almagro Lemes copaba los principales titulares de los periódicos digitales de Bolivia. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), contra todo pronóstico y desapegado completamente de su perfil antichavista, dio un explícito apoyo a la cuarta repostulación presidencial de Evo Morales afirmando que impedirlo sería discriminatorio.

Esta afirmación despertó las críticas de la oposición, al echar por tierra quizá la última posibilidad que le queda para impedir la participación de Morales en las presidenciales de este año. De hecho, los sectores contrarios al gobierno confían en que organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos muestren sus reparos a una sentencia constitucional de noviembre de 2017 que habilitó a Morales para una nueva repostulación, arguyendo una aplicación preferente de los Derechos Humanos de Morales sobre la constitución política del estado plurinacional de Bolivia.

Pero la postura de Almagro no es una rareza, una acción fuera de tono de un político desesperado por reelegirse como secretario general de la OEA; en realidad la actuación de Almagro es síntoma de una corriente política internacional más amplia que no critica a Morales y sus derivas autoritarias, sino que alaba sus logros en crecimiento y equidad; que no mira en Morales a un presidente que manipula instituciones a su favor y desconoce un referendo popular, sino que admira y respalda sus informes económicos y sociales.

El hecho de que en una década Morales haya logrado reducir la tasa de pobreza de un 38,2% a un 15,2% y mantenido los índices de crecimiento del producto interno bruto real en un promedio de 4,9 % son datos que, sin duda, generan admiración internacional, más aún, cuando en décadas anteriores, Bolivia, por su pobreza e ingobernabilidad, era catalogada como un estado fallido.

De manera directa o indirecta, varios representantes de la comunidad internacional han manifestado su respaldo al gobierno de Morales y no es desatinado suponer que, muchos de ellos, ven con beneplácito la sorprendente postura favorable a Evo Morales del actual secretario general de la OEA, Luis Almagro. Frank Pompeo, secretario de Estado de la administración Trump, en su visita por América Latina en abril pasado no incluyó a Bolivia en el grupo de países con regímenes autoritarios como lo hizo con Venezuela, Nicaragua o Cuba. Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre Krais, ha asegurado que confía en que las próximas elecciones presidenciales previstas para octubre movilicen a la población y eso signifique un paso a la consolidación de la democracia boliviana, sin hacer una sola mención al hecho de que la participación de Evo en estas elecciones significa el desconocimiento de un referendo popular. De igual modo, Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España en funciones, en su última visita a Bolivia, no dijo nada sobre la situación de la democracia en Bolivia, limitándose a firmar, entre otros, un convenio referido a un proyecto de tren bioceánico que enlazará las costas del Pacífico, en territorio peruano, y el Atlántico, en Brasil.

Si alguien pensó que los encendidos discursos antiimperialistas de Evo Morales, junto a su proclamada defensa de Nicolás Maduro terminarían por aislarlo internacionalmente, está equivocado. De vencer Morales en las elecciones de octubre gozará del apoyo de todos los gobiernos, incluidos los de las potencias sudamericanas de Brasil y Argentina (dos países del giro a la derecha) que, dicho sea de paso, tampoco desarrollan acciones efectivas para detener o censurar la anómala repostulación de Morales.

Sin embargo, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta qué punto la comunidad internacional continuará apoyando a Evo en Bolivia? No se sabe. Lo cierto es que saltan las alarmas cuando el daño a la democracia ya está hecho, cuando estos regímenes, presidencialistas y centralistas, necesitados de sostenerse en el poder, rompen del todo con la legalidad y las instituciones y arremeten contra los Derechos Humanos de la gente; cuando, huérfanos de apoyo internacional, buscan el respaldo de regímenes abiertamente autoritarios y contrarios a los intereses europeos o norteamericanos como China o Rusia.

Rota la posibilidad de que la comunidad internacional levante mecanismos diplomáticos para impedir la repostulación de Morales, todo indica que serán las urnas las que, finalmente, dirán si Bolivia da un giro político cambiando el partido en el poder o, por el contrario, reelegirán a un presidente que gobierna Bolivia desde 2006.

Se espera que la comunidad internacional centre su mirada en el proceso electoral de este año y ponga atención a las sospechas de parcialidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por muchos hechos anómalos, entre ellos, que varios de sus vocales hayan renunciado a su cargo denunciado presiones externas, o que el TSE haya aceptado la postulación de Morales, desatendiendo al referendo de 21 de febrero de 2016 que el propio TSE se encargó de administrar y dar por válido.

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