El cambio en Cuba: ¿gradual o acelerado?

En medio del conflicto político en Venezuela, el segundo socio comercial de la Isla y su principal aliado regional, Cuba celebró, el 24 de febrero de 2019, el referéndum para ratificar la nueva Constitución. Como esperado, esta fue adoptada con una amplia mayoría de votos, pero hubo un 18,5% de abstención, una cifra alta comparada con 1976, cuando un 98% de los ciudadanos votó la Constitución que ahora será reemplazada. La nueva Carta Magna culmina un ciclo de reformas iniciado bajo el Gobierno de Raúl Castro (2006-2018) y representa su continuidad bajo el liderazgo del presidente Miguel Díaz-Canel, que a partir de ahora será controlado por un primer ministro, probablemente un militar.

Las reformas, que se iniciaron hace 30 años tras el fin del bloque soviético, son la respuesta a una coyuntura internacional y regional adversa. El primer ciclo de reformas se inició en los años noventa, aún bajo el liderazgo de Fidel Castro, más por necesidad de supervivencia que por una voluntad política de cambio. Aunque durante sus 12 años en la presidencia su hermano Raúl afianzó y mejoró el proceso, la finalidad de las reformas es mantener el régimen en el poder y no iniciar una apertura hacia un sistema político plural, diverso y abierto. Resistir con las mínimas modificaciones posibles ha sido desde siempre la máxima del gobierno cubano que cambió en abril de 2018 de liderazgo, pero no de política.

Desde esta lógica interna, la coyuntura regional e internacional adversa –por la pérdida de su aliado y sostén económico principal, Venezuela, la hostilidad de los gobiernos de Trump y Bolsonaro, y peores relaciones con Canadá– representa un nuevo obstáculo, pero ninguna anomalía en el largo camino que la Isla ha recorrido desde el liderazgo histórico de Fidel hasta Díaz-Canel, el primer presidente no castrista nacido después de la revolución de 1959.

Teniendo en cuenta la enorme capacidad de resistencia y adaptabilidad ante condiciones externas adversas, cabe esperar dos escenarios.

Primero, la ralentización de las reformas ante la coyuntura adversa y los potenciales riesgos en términos de pérdida de poder de una sociedad cubana más plural y económicamente menos dependiente del Estado. En 2018, el sector público monopolizó solo el 68% de la fuerza laboral. El escenario de gradualismo parece probable, teniendo en cuenta que se ha paralizado la reforma monetaria para poner fin a la dualidad peso/CUC que había prometido Raúl antes de su retirada del poder en 2018, y que el proceso constitucional se prolongó más de lo inicialmente previsto. También el contenido de la Constitución cubana indica la ralentización de las reformas, ya que finalmente no se aprobó el matrimonio homosexual y se preservó el carácter socialista y unitario del sistema político, pese al amplio rechazo en la población durante los tres meses de consulta. También la fusión de poderes de facto, al coincidir la presidencia del parlamento cubano con la del poderoso Consejo de Estado, favorece este escenario. Un cuarto argumento sería el primer ministro que crea la nueva Constitución como un mecanismo adicional de control para limitar el de por sí estrecho margen de maniobra de Díaz-Canel en un régimen cívico-militar donde las Fuerzas Armadas iniciaron las reformas con el Perfeccionamiento Empresarial y hoy dominan sectores claves (azúcar, comunicación, turismo) de la economía cubana. Otro indicio de la continuidad “a cámara lenta” de las reformas fue la celebración del referéndum ratificador en la fecha prevista, en medio de las tormentas regionales y los dramáticos acontecimientos en Venezuela.

El segundo escenario sería la aceleración de las reformas como resultado del empeoramiento de la economía cubana, que presenta signos de estancamiento y podría entrar en recesión en 2019. Esta opción depende de la dimensión de la crisis económica que podrían provocar la pérdida de su relación económica con Venezuela, la congelación del programas “médicos cubanos” con Brasil o una reducción del compromiso de Canadá, que hace poco fue el socio más estable de Cuba. Sin duda, la caída de sus intercambios entre servicios profesionales en un 23% entre 2014 y 2017 y el recorte aún mayor de las cerca de 50.000 toneladas de barriles de petróleo venezolano son un grave revés para Cuba. Si dejara de funcionar el lucrativo intercambio cubano-venezolano por las sanciones de Estados Unidos o un cambio de gobierno en Venezuela, el gobierno podría verse obligado a ampliar la iniciativa privada. Las incertidumbres sobre el futuro político de Nicolás Maduro como garante del intercambio, el deterioro de relaciones con EEUU y Canadá tras la firma del T-MEC, y la suspensión del envío de médicos cubanos a Brasil por el presidente Bolsonaro empeoran el balance económico, junto con factores internos adversos como un déficit fiscal que superará el 10% o la subida de precios de la canasta básica en casi una cuarta parte.

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Ante el creciente descontento de la población, que no aguantaría otro “período especial”, el gobierno de Díaz-Canel podría verse obligado a aprobar medidas que, contrario a la Constitución, favorezcan “el capitalismo” que el régimen dice desestimar. La agenda pendiente de reformas incluye la libre contratación de mano de obra, el fin de la dualidad monetaria peso/CUC, y una mayor iniciativa privada, hasta ahora limitada a profesiones de baja calificación y de escaso rendimiento económico (el sector privado solo aporta un 12% del PIB). La distancia entre Estado y sociedad conlleva nuevas demandas, entre ellas salarios más elevados (equivalentes a unos 30 CUC), menos impuestos, la inclusión de oficios de alta calificación en la lista de cuentapropistas, el derecho a organizarse fuera del corporativismo socialista o la elección directa del presidente (descartada en la Constitución).

La continuidad del régimen contrasta con una sociedad civil mucho más diversa, plural y alejada del oficialismo, que se percibe como un obstáculo para avanzar hacia un mayor desarrollo. A diferencia del castrismo, la legitimidad de Díaz-Canel depende de su capacidad de cumplir con las expectativas populares de cambio después de 60 años de un sistema socialista con bajo rendimiento económico que ofrece pocas libertades. La aceleración de las reformas podría ser el resultado de la combinación entre una nueva crisis económica y mayores demandas de la sociedad civil. Sin embargo, la aceleración de las reformas requiere un liderazgo más comprometido con un proceso de transformación no cosmético sino estructural, y consciente de que el gradualismo no ha dado resultados. En medio de la tormenta política regional que aumenta la presión sobre el régimen cubano, una aceleración de los cambios políticos, institucionales y económicos podría ser más eficaz para ganar en legitimidad que la dosificación de reformas que frenan una sociedad ansiosa de mayores libertades y cansada de “períodos especiales”.