Los delegados, con mascarillas, asisten a la reunión de apertura de la tercera sesión de la Asamblea Nacional Popular, el 22 de mayo de 2020 en Pekín. GETTY

China apuesta por la estabilidad social a cualquier precio

Pekín gastará miles de millones de euros para garantizar el empleo y las necesidades básicas de la población tras la crisis del coronavirus, al tiempo que se muestra intransigente con Hong Kong o Taiwán. Todo sea por la estabilidad y la paz social.
ISIDRE AMBRÓS
 |  25 de mayo de 2020

China aprovecha la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (el legislativo chino) para revelar el estado de salud de su economía y sus prioridades. Este año, el diagnóstico del discurso inaugural de su primer ministro, Li Keqiang, ha sido claro. A diferencia de otras ocasiones, en esta Li no presentó un horizonte económico radiante a los casi 3.000 delegados congregados, sino que les advirtió de que se avecinaban tiempos duros, plagados de incertidumbres, y que el país se enfrenta a unos riesgos sin precedentes. Un panorama que muestra la preocupación que despiertan en el gobierno chino la crisis provocada por la epidemia del Covid-19 y el deterioro de las relaciones con Estados Unidos, que abarcan desde el comercio y la tecnología hasta el apoyo de Washington a Taiwán y al movimiento prodemocrático de Hong Kong.

El principal dato que revela el daño provocado por el coronavirus es que, por primera vez en casi tres décadas, el primer ministro no ha fijado un objetivo de crecimiento económico para este año. Señal de que la economía china está más afectada de lo que parece. “Es porque la situación de la epidemia mundial y de la situación económica y comercial son muy inciertas y el desarrollo de China corre el riesgo de verse afectado por una serie de factores impredecibles”, justificó Li.

Su mensaje fue claro e inequívoco: el impacto de la crisis del Covid-19 ha sido contundente y la recuperación será larga y difícil. “Nos enfrentamos a unos riesgos sin precedentes en nuestro desarrollo y seguiremos así en los próximos años”, precisó el mandatario chino. Una manera suave de decir que 2021 se prevé igualmente duro. Un año simbólicamente importante para el partido comunista, que pretende celebrar con gran pompa el centenario de su fundación. Fastos que corren el peligro de quedar en segundo plano para evitar el enfado de buena parte de la población, inquieta por el cierre de empresas y la pérdida de más de 70 millones de empleos, según un estudio de CNN Business.

Conscientes en Pekín del delicado estado de salud de la economía, confirmado por la contracción del 6,8% del PIB registrado en el primer trimestre, Li anunció que este año las prioridades serán estabilizar el empleo y garantizar las necesidades básicas de la población. Toda una declaración de intenciones cuyo fin último es preservar la estabilidad y la paz social, principios inamovibles para el Partido Comunista Chino (PCCh).

Para facilitar dicha estabilidad, el primer ministro anunció que Pekín no regateará esfuerzos para estimular la economía y evitar el estallido de una enorme crisis laboral. El gobierno prevé movilizar más de 800.000 millones de euros entre gasto gubernamental, emisión de bonos públicos estatales y de los gobiernos territoriales e inversiones en proyectos de infraestructuras. Estas iniciativas irán acompañadas de facilidades crediticias para las pequeñas y medianas empresas, que también podrán retrasar el pago de préstamos hasta marzo de 2021. Todo vale con tal de reactivar el sistema productivo del gigante asiático.

 

Hong Kong y Taiwán, en el punto de mira

China ha compensado la imagen convaleciente de su economía con la exhibición de músculo y contundencia hacia Hong Kong y Taiwán, dando a entender que a Pekín se le agota la paciencia. Especialmente categórico se mostró respecto a la excolonia británica, sobre la cual Li advirtió de que el gobierno chino está dispuesto a erradicar toda protesta o disidencia. Para ello se valdrá de una ley de seguridad nacional que la Asamblea podría aprobar esta semana. La norma cuestiona el principio de “un país, dos sistemas”, que otorga a Hong Kong un mayor grado de autonomía que al resto de territorios del país desde su regreso a la soberanía china en 1997.

La iniciativa pondrá punto final a una meta anhelada por los líderes comunistas desde 2003 y a la que siempre se han opuesto los hongkoneses, por considerar que vulnera la independencia judicial de esta región especial de China. Después de las multitudinarias protestas de 2014 y 2019, recuperar Hong Kong se ha convertido en prioritario para el régimen de Pekín, siempre preocupado por acallar los desórdenes y evitar que traspasen fronteras y alteren la estabilidad social del país.

La presentación ahora de este proyecto legislativo no es casual. Llega pocos meses antes de que se celebren elecciones legislativas en Hong Kong, previstas para septiembre. Por primera vez, los comicios los podría ganar el movimiento prodemocrático, lo que le permitiría lograr el control del Parlamento local. Un panorama que las autoridades de Pekín intentarán evitar a toda costa. Para ello, la nueva ley será una buena herramienta. Se trata de un texto que establece un marco legal para “prevenir, detener y sancionar” cualquier acto “de traición, secesión, sedición, subversión” y otros comportamientos que pongan en peligro la seguridad nacional.

Es una legislación que no solo podrá truncar la actividad de los prodemócratas hongkoneses, sino que además abrirá la puerta a los servicios de inteligencia chinos en la región, algo que ahora les está vetado. La nueva ley contempla esta posibilidad al establecer que “cuando sea necesario, los órganos relevantes del gobierno central establecerán agencias en Hong Kong para cumplir con las obligaciones pertinentes”. El enunciado que supone dar carta blanca a los servicios de seguridad e inteligencia de Pekín para perseguir delitos de subversión, separatismo y terrorismo en todo el territorio de Hong Kong, con total impunidad.

Parecida contundencia mostró Li a la hora de hablar de Taiwán, asunto en el que no ahorró amenazas. Tras décadas de desear “una reunificación pacífica” con la llamada “isla rebelde” por las autoridades de Pekín, el primer ministro lanzó una diatriba sin contemplaciones y advirtió a Taipéi de que el gigante asiático “se opondrá de forma resolutiva a cualquier actividad separatista que persiga la independencia de Taiwán”. El mensaje tiene como destinatario final la Casa Blanca, que no vacila en mostrar su apoyo a Taipéi, para enojo de Pekín.

La advertencia tiene su razón de ser. Responde a la declaración que días antes había hecho la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, en el discurso de investidura de su segundo mandato presidencial. Tsai había dicho que China debe encontrar la manera de “coexistir” con un Taiwán democrático, que no aceptará la dominación de las autoridades comunistas. Una afirmación que enfureció a los dirigentes de Pekín, que no han escatimado esfuerzos para aislar a Taipéi y minar su economía desde que la dirigente taiwanesa llegó al poder en 2016.

Li terminó su intervención ante la Asamblea Nacional con una arenga a los diputados a superar las dificultades y a materializar el sueño del presidente, Xi Jinping, de revitalizar la gran nación china. Sus palabras revelan, sin embargo, que lo que Xi tiene ahora son pesadillas por los desafíos que amenazan con desestabilizar China y las dificultades para superarlos. El tiempo dirá si al final todo fue un mal sueño con final feliz.

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