Cierre de gobierno y polarización en Estados Unidos

 |  7 de octubre de 2013

Juan Linz continúa vigente. Una de las más importantes contribuciones del reputado sociólogo y politólogo, fallecido el 1 de octubre, fue su crítica a la democracia presidencialista. Al mantener una estricta separación de poderes, y al ser elegidos democráticamente tanto el jefe de Estado como los parlamentarios, el presidencialismo genera lo que Linz denominó una “doble legitimidad” entre el ejecutivo y el legislativo. De la incapacidad de determinar cuál tiene mayor legitimidad democrática surge una predisposición al enfrentamiento entre ambas ramas del gobierno, y con ello a la inestabilidad política.

Un caso paradigmático es el de Estados Unidos. La democracia presidencialista más antigua y prestigiosa del mundo se convirtió en un ejemplo perfecto de la tesis de Linz el mismo 1 de octubre. Desde entonces el gobierno estadounidense permanece en estado de cierre, al negarse el Partido Republicano, que controla la cámara baja del Congreso, a renovar la financiación de la administración federal. El shutdown, que afecta ya a 800.000 funcionarios, exceptúa únicamente a empleados que presten servicios esenciales, como militares, controladores aéreos y algunos empleados de la Casa Blanca.

El procedimiento no es nuevo. Desde 1976 han tenido lugar 17 cierres de gobierno en EE UU, el último de ellos en 1996 con Newt Gingrich al frente del congreso y Bill Clinton en la Casa Blanca. Sí es nueva, sin embargo, la beligerancia con que el Partido Republicano ha lanzado un órdago que tienen muchas posibilidades de perder. Motivado por el ala más radical de sus congresistas, los miembros del Tea Party, el partido ha vinculado su aprobación del presupuesto a una derogación de la reforma sanitaria realizada por la administración Obama durante la anterior legislatura. Dicha reforma –de carácter moderado y destinada a corregir deficiencias del ineficaz sistema de sanidad estadounidense– entró en vigor el 1 de octubre, tras ser aprobada en ambas cámaras del Parlamento en 2010 y declarada constitucional por el Tribunal Supremo dos años después. El 72% de los estadounidenses considera el cierre del gobierno injustificado, y es poco probable que Barack Obama renuncie al proyecto estrella de su primer mandato.

El quid de la cuestión es la reciente radicalización del Partido Republicano, incapaz de poner coto al Tea Party. Esta deriva tiene una explicación relativamente sencilla: la manipulación de circunscripciones electorales otorga en conjunto una ventaja al Partido Republicano, que controla la cámara baja aún habiendo recibido menos votos que el Demócrata. Habiendo blindado circunscripciones enteras, los congresistas republicanos únicamente deben preocuparse por ganar sus propias primarias, un proceso en el que la influencia y capacidad de movilización de los republicanos extremistas es claramente superior a la de los moderados.

Irónicamente, ni el cierre del gobierno ni el discurso de 21 horas del congresista Ted Cruz, erigido en líder del Tea Party, han impedido la entrada en vigor de la reforma sanitaria. Las partidas presupuestarias destinadas al Obamacare –así es como los republicanos llaman despectivamente a la ley– fueron aprobadas en 2010, por lo que su actual financiación no se ve afectada en modo alguno.

La situación, sin embargo, no deja de ser crítica. El cierre del gobierno es la última entrega de una historia en la que una facción extremista del Partido Republicano fuerza a los miembros centristas –entre ellos John Boehner, actual presidente del Congreso– a adoptar una actitud intransigente con la administración Obama. El pasado marzo entró en vigor el sequester, una mecanismo automático de recortes en el gasto público y aumento de impuestos, como consecuencia de la incapacidad de llegar a un acuerdo presupuestario entre republicanos y demócratas.  Y si llegado el 17 de octubre los primeros continúan en sus trece, expirará la fecha para aumentar el techo de deuda americana y el Tesoro estadounidense se verá sin liquidez para hacer frene a sus obligaciones financieras.

Las consecuencias de rebasar el techo de deuda son impredecibles. No está claro si el gobierno podrá recurrir a métodos alternativos de financiación o si por el contrario entraría en suspensión de pagos. De darse la segunda opción las consecuencias serían catastróficas, arruinando tanto el prestigio de los bonos de Tesoro estadounidenses como la frágil recuperación económica que está teniendo lugar a ambas orillas del Atlántico. Resulta evidente que el Congreso está jugando con fuego.

Los republicanos se verán abocados a ceder tarde o temprano. Y en vista del daño económico que está causando el cierre del gobierno, conviene que sea cuanto antes. Mientras tanto, el espectáculo actual pone en tela de juicio la supuesta ejemplaridad de la democracia americana, y reivindica el legado intelectual de Juan Linz.

 

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