Colombia: una política exterior en busca de respaldo

Dos hechos coyunturales difíciles de gestionar marcaron la política exterior de la primera presidencia (2010-14) de Juan Manuel Santos. Por un lado, la presión ejercida por los organismos internacionales sobre el anterior gobierno de Álvaro Uribe a causa de las violaciones de derechos humanos denunciadas por una exigente y valiente sociedad civil, era un punto de partida negativo a la hora de que Santos –ministro de Defensa con Uribe– lograra apoyos hacia su nueva acción exterior. Por otro, era preciso reconducir la casi inexistente relación con Ecuador y Venezuela vivida durante la presidencia de Uribe, tanto para garantizar la evolución de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucinarias de Colombia (FARC), iniciadas en La Habana en octubre de 2012, como para el restablecimiento de la política comercial del país. En este marco, Santos necesitaba un consenso internacional de apoyo a las negociaciones que le legitimara frente a la oposión interna y avalara el propio proceso negociador.

En esta coyuntura, la política exterior del presidente Santos puede tildarse de exitosa. Las relaciones con Ecuador y Venezuela se restablecieron rápidamente, pese a las diferencias ideológicas con sus gobiernos, logrando de los vecinos un apoyo inquebrantable en las conversaciones de La Habana. Incluso pese a las disputas en la frontera colombiano-venezolana, el respaldo de Nicolás Maduro a la negociación de paz ha sido persistente.

También ha habido éxitos significativos en el terreno simbólico. Entre ellos, lograr que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sacara a Colombia del capítulo IV de su informe anual, conocido como “el capítulo negro”, reservado a los países con las peores violaciones de derechos humanos cometidas en el continente. El asunto de los denominados “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército colombiano), entre otros, suponían una pesada carga para la imagen internacional de Colombia. Salir del capítulo IV del informe de la CIDH facilitó el apoyo a las negociaciones del gobierno de Santos con las FARC. Algunos sectores colombianos atribuyen este logro más a negociaciones políticas que a una evidente mejora en la situación de los derechos humanos en el país, lo que supone una dura crítica para la institucionalidad interamericana pero un reconocimiento explícito de la presidencia de Santos.

La negociación, aprobación y ejecución de tratados de libre comercio, como los alcanzados con Estados Unidos (negociado y aprobado durante el gobierno Uribe pero con la aprobación definitiva en el primer gobierno Santos), con la Unión Europea, Corea del Sur y Suiza, entre otros, suponen un impulso al crecimiento económico y una mayor participación en la esfera internacional. Durante décadas la imagen exterior de Colombia ha estado asociada al narcotráfico y la violencia.

Estas circunstancias, así como alcanzar la paz en Colombia como objetivo superior alejado de coyunturas políticas, han coadyuvado la adhesión internacional a las negociaciones de paz. Este respaldo se confirma con la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de enviar una misión de apoyo al posconflicto. Si finalmente se alcanza un acuerdo, podría dar nueva legitimidad a los procesos de paz paralizados como el de Oriente Próximo, entre otros.