El coste de la débil respuesta europea a Venezuela

Estados Unidos violó tanto el derecho internacional como su propio derecho interno con el secuestro del líder autoritario venezolano, Nicolás Maduro. La operación, precedida por meses de bombardeos contra pequeñas embarcaciones en el mar Caribe, ilustra con claridad que la erosión de la democracia y el debilitamiento del orden internacional basado en normas son dos caras de la misma moneda.

El derecho internacional siempre ha sido frágil: se ha aplicado de manera selectiva y ha reflejado relaciones de poder e intereses, no solo normas e ideales. Incluso una aplicación imperfecta de estos principios requiere, no obstante, el respaldo activo de los Estados democráticos y de las instituciones internacionales. En este contexto, la mayoría de las respuestas europeas a la acción estadounidense no han proporcionado esa defensa imprescindible.

Más allá de las declaraciones relativamente explícitas de Francia, Noruega y España, la mayor parte de los gobiernos europeos ha pasado por alto la violación del derecho internacional por parte del presidente estadounidense, Donald Trump. Han aceptado la situación como un hecho consumado y se han limitado a expresar la esperanza de que, de ahora en adelante, se respeten las normas internacionales y las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. El resultado es un compromiso ya familiar: evitar provocar la ira del presidente estadounidense mientras se repite la retórica habitual sobre principios. En pocas palabras, esta ha sido la historia de la gestión europea de la segunda administración Trump en 2025.

Estas respuestas discretas reflejan el peso dominante de la influencia de Washington en el continente, alimentado tanto por el temor a que Groenlandia se convierta en la próxima parada del aventurerismo de Trump como por las graves consecuencias que tendría un eventual abandono estadounidense de Ucrania.

Algunos sostienen que apoyar el orden basado en normas es una muestra de debilidad e ingenuidad. Según este argumento, los tiempos geopolíticos han cambiado: hay que alinearse con los poderosos y dejar atrás los principios del antiguo orden internacional. Otros señalan que la acción de Trump en Venezuela es simplemente un episodio más en una larga lista de violaciones del derecho internacional, desde la invasión de Irak hasta los recientes ataques en Irán, sin olvidar los doscientos años de intervencionismo militar estadounidense en América Latina. Desde esta perspectiva, la actuación de Estados Unidos no sería moralmente distinta de la de Rusia en Ucrania o la de Israel en Gaza; el orden internacional nunca habría existido realmente y aferrarse a sus principios sería negar la realidad.

Sin embargo, existen poderosas razones estratégicas y pragmáticas para que Europa defienda con mayor firmeza las normas internacionales en el mundo que Washington está configurando con rapidez. La operación militar en Venezuela se inscribe en la reciente Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y en su “corolario Trump” de la Doctrina Monroe, cuyo objetivo declarado es “restaurar la preeminencia estadounidense en la esfera occidental”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha justificado a posteriori la operación como una lucha contra el narcotráfico, y sostiene que el hemisferio occidental constituye un espacio de acción legítima para Estados Unidos, al margen del derecho internacional. Esta visión se corresponde con una concepción geopolítica basada en esferas de influencia, en la que las grandes potencias afirman su control y toleran el revisionismo territorial en sus respectivas zonas: Rusia en Europa del Este, China en el mar de China Meridional y Estados Unidos en el hemisferio occidental.

La Unión Europea ejerce, en cierta medida, su propia esfera de influencia en el continente europeo, entre otras cosas gracias a su capacidad de atraer nuevos miembros. Pero para que esta influencia sea sostenible, debe gobernar ese espacio conforme a normas y constituciones decididas de manera democrática y colectiva, en lugar de dejarse moldear por la ideología civilizatoria de Estados Unidos o por los intereses de las grandes tecnológicas. Defender la Carta de las Naciones Unidas es esencial para proteger a Groenlandia y Dinamarca, garantizar que el destino de Ucrania se rija por el derecho internacional y la justicia, gestionar las relaciones con socios como el Reino Unido y avanzar en la futura ampliación hacia los Balcanes, Ucrania y Moldavia.

Un revisionismo territorial en Europa desprovisto de principios internacionales y de un marco normativo para la negociación podría desencadenar consecuencias potencialmente desastrosas. Estas no se limitarían a regiones frágiles y divididas como los Balcanes o el Cáucaso Meridional, sino que afectarían también a Estados miembros de la UE cuyo estatus constitucional sigue siendo objeto de controversia, como Chipre, e incluso a países como el Reino Unido o España.

Una segunda razón estratégica para que los europeos respalden con firmeza los principios internacionales es la necesidad de construir relaciones más sólidas con los países del denominado Sur Global. El discurso europeo hacia estos países está impregnado del lenguaje de la Carta de las Naciones Unidas, pero su aplicación práctica deja mucho que desear. La credibilidad internacional de Europa se ha erosionado durante años, lo que dificulta tanto la búsqueda de apoyos para Ucrania como la diversificación de sus alianzas comerciales, mientras Estados Unidos reconfigura la economía mundial en función de sus intereses proteccionistas.

Tradicionalmente, la UE ha oscilado entre un enfoque regional y otro global. En los últimos años se ha inclinado hacia el primero, pero la realidad geopolítica y económica demuestra que se trata de una falsa disyuntiva. Si Estados Unidos avanza hacia un sistema de esferas de influencia y Rusia y China apuestan por la multipolaridad, Europa debe forjar vínculos más profundos con países afines en todo el mundo, promoviendo nuevos enfoques sobre el cambio climático, la justicia internacional y el desarrollo económico. Para ello, resulta imprescindible una mayor apertura a la reforma del sistema internacional, con el fin de hacerlo más inclusivo.

Otra razón fundamental para defender los principios del orden basado en normas es recuperar el lenguaje de los derechos y la democracia de quienes hoy lo utilizan de forma instrumental. Las justificaciones a posteriori de la destitución de Maduro –desde su supuesta falta de legitimidad democrática hasta su vinculación con el narcotráfico– ya habían sido empleadas por la primera administración Trump.

El discurso pronunciado por el vicepresidente estadounidense JD Vance en Múnich en febrero de 2025 y la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos están repletos de referencias a la libertad de expresión y a la libertad política, vaciadas de su significado original. El lenguaje transaccional de los acuerdos promovidos por Trump ha transformado la diplomacia y la mediación en simples operaciones comerciales. Al mismo tiempo, políticos prorrusos en Europa emplean el término “paz” como sinónimo de la capitulación de Ucrania.

La adopción gradual del lenguaje de los principios internacionales y de los derechos humanos para otros fines que no sean su defensa puede quitarles su valor esencial y dejar a quienes los defienden sin las herramientas necesarias para apoyar su causa. Las consecuencias de la erosión de las normas democráticas, tanto dentro de los países como en el ámbito internacional, perdurarán mucho más allá del actual temor europeo –o incluso del interés– por una geopolítica basada en esferas de influencia.

Artículo traducido del inglés, publicado originalmente en Carnegie Europe el 6 de enero.