Esta semana en Informe Semanal de Política Exterior: educación

América Latina: el difuso malestar chileno.

Las protestas estudiantiles; la reciente huelga general –de seguimiento irregular– convocada por la Central Única de Trabajadores (CUT) para exigir reformas constitucionales, fiscales y del sistema de pensiones; y la baja popularidad del presidente Sebastián Piñera (26%) han puesto en evidencia que detrás de la admirable prosperidad económica y estabilidad política chilenas subyace desde hace tiempo un malestar difuso por las insuficiencias de un modelo que un analista calificó de “subdesarrollo exitoso”.

Chile ha mantenido durante dos décadas un elevado crecimiento económico; este año el PIB crecerá por encima del 6%. Su ingreso per cápita es de unos 15.000 dólares, tres veces más que el de Colombia o Perú. Ha sido además el primer país de Suramérica en ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y tiene el Índice de Desarrollo Humano más alto de América Latina.

Pero, al mismo tiempo, tiene una distribución del ingreso que está entre las peores de la región, que es a su vez la más desigual del mundo: el 20% más rico absorbe el 50% de la ingreso nacional, mientras el 20% más pobre solamente el 5%. Piñera prometió que su gobierno lograría que Chile fuera el primer país latinoamericano en erradicar la pobreza extrema, pero no ha encarado el problema de la desigualdad, lo que ha hecho emerger todas las tensiones y frustraciones sociales acumuladas desde el fin del régimen militar.

“La educación es un servicio público, no un negocio”, repite Camila Vallejo, líder de la protesta estudiantil. El 25% de la educación la financia el Estado y el resto los alumnos. El modelo no funciona para la mayoría. Chile es el país de la OCDE que menos gasta en educación superior.

Los universitarios se licencian con una deuda media de 45.000 dólares en créditos por los que tienen que pagar unos intereses anuales del 4%. Según la consultora Nueva Economía, si el Estado dedicara el 10% de los ingresos del cobre que ahora dirige a las fuerzas armadas y tuviera un déficit del 2% de déficit estructural, en lugar del actual 1%, podría liberar 3.000 millones de dólares para el presupuesto de educación.

Debido a las cargas por la educación, la deuda de los hogares aumentó un 254% entre 2001 y 2008. Hoy los hogares chilenos dedican hasta el 70% de sus ingresos en pagar sus deudas. No es extraño, por ello, que el 70% de la población apoye las demandas de los estudiantes. La dictadura restringió el papel del Estado al de un supervisor externo del sistema educativo, abriendo un amplio campo a la iniciativa privada y a la “municipalización” de la enseñanza.

Los estudiantes reclaman una mayor financiación del Estado del sistema para evitar que los alumnos y sus familias se endeuden toda la vida en un empeño que, a menudo, termina frustrado. El gobierno ha reaccionado a esas demandas con un primer cambio de gabinete, anunciando la entrega de un nuevo fondo para la educación y el acceso a créditos para estudios universitarios con tasas de interés del 2%.

Aumento de impuestos
En un gesto sin precedentes, Piñera se reunió el 3 de septiembre con los líderes estudiantiles en La Moneda. El presidente se comprometió elaborar un programa de trabajo que será discutido por estudiantes y profesores. Pero Vallejo advirtió que la reunión “no significa que depongamos el movimiento”. Muchos analistas creen que para financiar el gasto educativo, el gobierno no tendrá más remedio que subir los impuestos o mantener el de sociedades en el actual 20%, renunciando a su promesa de bajarlos al 17%. Otra opción es aumentar las cargas tributarias que pagan las compañías mineras (42%-43% de promedio), como acaba de hacer con éxito el gobierno peruano, que las ha subido al 50%.

Para más información:

Gonzalo D. Martner, «Chile: el cambio político con estabilidad». Política Exterior núm. 139, enero-febrero 2011.