Estados Unidos y Cuba elevan el pulso diplomático

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la presión estadounidense sobre el régimen cubano se ha intensificado. La Administración republicana ha reforzado las medidas económicas contra La Habana, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha situado el cambio político en Cuba entre las prioridades políticas de Washington para el hemisferio occidental.

La escalada de tensiones entre Estados Unidos y Cuba alcanzó un nuevo episodio el martes 27 de octubre, durante un debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El enfrentamiento entre el embajador estadounidense, Mike Waltz, y el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, reflejó el deterioro de las relaciones entre ambos países, marcado por el endurecimiento de las sanciones de Washington y la profunda crisis económica y energética que atraviesa la isla.

Este nuevo enfrentamiento se produjo en el marco de la votación anual en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la resolución que presenta Cuba desde hace 34 años contra el embargo estadounidense. Los ánimos entre ambas delegaciones ya venían caldeados debido a un panel que Estados Unidos había organizado en la ONU antes de la votación para denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba.

Mientras el embajador Waltz hacía uso de la palabra, se escucharon gritos de protesta y fuertes golpes en las mesas por parte de la delegación cubana. Posteriormente, el ministro de Exteriores cubano se dirigió al podio de oradores acompañado de miembros de su delegación. El detonante del altercado ocurrió cuando el diplomático de Estados Unidos contrapuso la situación económica de los ciudadanos con los presuntos privilegios de la dirigencia cubana y exhibió imágenes de supuestas propiedades y riquezas de la familia Castro y del actual mandatario, Miguel Díaz-Canel. En su discurso, Waltz endureció el tono hacia Cuba con acusaciones sobre la falta de libertades, la corrupción y la ausencia de respaldo popular al Gobierno. Buscaba, de esta forma, legitimar la imposición de medidas coercitivas y restricciones financieras más severas contra el Gobierno cubano, así como ampliar el rechazo internacional a la resolución presentada por Cuba.

Al día siguiente, se produjo la votación programada de la resolución contra el embargo de Estados Unidos presentada por Cuba. El Gobierno cubano ha utilizado este espacio desde 1992 como una tribuna para exponer sus posiciones, destacar su respaldo internacional y, principalmente, proyectar fortaleza dentro de sus propias fronteras. Pero la votación de este año demostró una fractura tangible del apoyo casi unánime a La Habana. En 2025 ya se hizo patente un cambio en el tablero de apoyos a Cuba, con siete votos en contra de su resolución. A las delegaciones de Estados Unidos e Israel se sumaron Argentina, Paraguay, Hungría, Macedonia del Norte y Ucrania. También se produjo un aumento de las abstenciones, que solían ser marginales (apenas una o dos naciones por año) y alcanzaron los 12 países, el número más alto desde finales de la década de 1990.

La resolución presentada por Cuba en esta ocasión fue aprobada con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Este resultado constituye un punto de inflexión y un revés diplomático para el régimen cubano, a pesar de haber logrado la aprobación de su texto. Se evidenció una ruptura con la imagen de un rechazo internacional prácticamente unánime al embargo. De cierta forma, se manifestó una reducción del aislamiento diplomático de Estados Unidos en esta cuestión.

A esto se añadió el giro político del continente americano sobre la cuestión, en correspondencia con el reordenamiento ideológico en la región. Países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Paraguay, Ecuador y Costa Rica votaron en contra, alineándose directamente con la postura de la Casa Blanca. Otros siete Estados decidieron abstenerse: Chile, Perú, Honduras, Haití, Jamaica, Guyana y la República Dominicana. En América Latina, este desplazamiento resulta especialmente significativo por el peso histórico de la oposición al embargo en la política exterior de la región. Durante décadas, numerosos gobiernos defendieron el principio de no intervención y rechazaron las sanciones unilaterales de Washington, con independencia de sus diferencias ideológicas con el sistema político cubano. Sin embargo, la votación de 2026 ha evidenciado una mayor fragmentación de esa posición tradicional.

Un panorama similar ocurrió entre los Estados del Caribe, una región tradicionalmente contraria a las sanciones contra Cuba. Destacan el voto contrario de Trinidad y Tobago y las abstenciones de Jamaica, Guyana y Haití, aunque estas posturas no deben interpretarse automáticamente como un respaldo integral a la política estadounidense hacia Cuba. Por su parte, Venezuela, el gran aliado político e ideológico de La Habana, estuvo ausente en la votación, junto con otros países americanos como Bolivia, Guatemala, El Salvador y otros tres Estados caribeños.

Países europeos como Bosnia y Herzegovina, Chequia, Hungría, Lituania, Macedonia del Norte, Eslovenia y Ucrania votaron directamente en contra. El caso de Ucrania resulta especialmente significativo. Kiev votó por primera vez contra la resolución en octubre de 2025, rompiendo con una tradición diplomática que se remontaba a los primeros años de su independencia. La decisión respondió a un cambio en la valoración de las estrechas relaciones entre La Habana y Moscú, especialmente a raíz de las denuncias ucranianas sobre el reclutamiento de ciudadanos cubanos para combatir junto a las fuerzas armadas rusas en la guerra.

Otros gobiernos, como Alemania, Italia, Países Bajos o Grecia, decidieron abstenerse. Alemania había respaldado la resolución de forma continuada desde 2002, por lo que su abstención constituye una señal especialmente relevante del cambio de clima diplomático. La combinación de votos negativos y abstenciones evidencia una mayor diversidad de criterios dentro de Europa, aunque no supone la desaparición de las críticas europeas al embargo ni un apoyo generalizado a la estrategia estadounidense. La Unión Europea mantiene objeciones a los efectos extraterritoriales de determinadas sanciones estadounidenses, al tiempo que reclama reformas políticas y económicas en Cuba y denuncia las vulneraciones de derechos humanos en la isla.

Aunque las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes, su importancia reside, sobre todo, en su valor político y simbólico. Por ello, la reducción del respaldo a la iniciativa cubana supone un revés para la estrategia diplomática de La Habana, pero no modifica por sí misma el marco jurídico del embargo, cuya eliminación depende de las decisiones de las autoridades estadounidenses competentes.

Este último aspecto resulta fundamental para interpretar correctamente el resultado. El voto contra la resolución no equivale necesariamente a un respaldo incondicional a Washington, del mismo modo que votar a favor no implica apoyar al Gobierno cubano. Algunos países pueden oponerse al embargo por sus efectos económicos y humanitarios y, simultáneamente, cuestionar la falta de libertades políticas en Cuba. Otros pueden considerar que la resolución no refleja adecuadamente la responsabilidad de las autoridades cubanas en la crisis económica o preferir una posición de mayor distanciamiento diplomático.

Dentro de estos escenarios, la campaña de presión de la Administración Trump constituye un factor relevante. Washington ha intensificado sus esfuerzos para persuadir a otros gobiernos de que modifiquen su voto o se abstengan. La coincidencia temporal entre esa campaña y el cambio de posiciones permite identificar un posible efecto diplomático, aunque no demuestra por sí sola que todos los países hayan actuado como consecuencia directa de las presiones estadounidenses. Las decisiones de cada Gobierno también responden a sus propias prioridades políticas, a sus relaciones bilaterales y a su valoración de la situación cubana.

Esta nueva demostración de enfrentamiento directo entre Cuba y Estados Unidos en Naciones Unidas confirma el complejo escenario político entre ambos gobiernos. Donald Trump y su secretario de Estado continúan apostando por un cambio de gobierno en Cuba. En este contexto, resulta especialmente significativo recordar que se cumple justamente una década de la histórica abstención de Estados Unidos durante la Administración de Barack Obama, en pleno periodo de “deshielo” hacia Cuba. En esa ocasión, Estados Unidos e Israel se abstuvieron en esta votación por primera vez en la historia, lo que permitió que la resolución se aprobara con 191 votos a favor y ninguno en contra. Una década después, el tablero se muestra radicalmente distinto: la política de distensión ha dado paso a una estrategia de presión, y la tradicional mayoría internacional favorable a la resolución cubana muestra signos de desgaste.

Este último choque en Nueva York apunta a un mayor endurecimiento de la posición de la Casa Blanca hacia el régimen de La Habana. Al quebrar los canales mínimos de cortesía diplomática, el episodio consolida un escenario de profunda confrontación entre ambos gobiernos y aleja las perspectivas de un deshielo bilateral a corto plazo. Por otra parte, se ha visto una radicalización de las narrativas internas. Desde el Departamento de Estado, se han difundido las imágenes del enfrentamiento como una muestra de firmeza frente a las dictaduras del hemisferio. Para el Gobierno cubano, este altercado representa otro acto de “soberbia imperialista” y una agresión directa a su soberanía. Ninguna de las dos lecturas abre, a corto plazo, un camino de distensión.