La corrupción pandémica se viraliza

“Y la democracia no puede crecer
si la corrupción juega ajedrez”,
Juan Luis Guerra, El costo de la vida (1992)

La pandemia ha demostrado que ni la mayor amenaza a la salud pública global en un siglo es capaz de frenar la corrupción en los países donde más arraigadas están sus tramas y el crimen organizado. Según la Unodc, la agencia de Naciones Unidas contra las drogas y el delito, este mueve cada año entre 3,6 y 4,8 billones de dólares, un 7% del PIB mundial. Solo el narcotráfico representa un negocio de entre 246.000 y 652.000 millones de dólares anuales.

En algunas regiones, el fenómeno es endémico. En 2019, en 40 de los 54 países africanos diversas redes delictivas –para las que la pandemia es otra oportunidad de negocio más– habían infiltrado instituciones estatales y civiles de todo tipo, según el Organised Crime Index de Enact. Hoy, desde Colombia a Suráfrica, altos funcionarios han sido acusados de desfalcar fondos públicos dirigidos a luchar contra el coronavirus. Han proliferado la venta de equipos sanitarios defectuosos, medicinas adulteradas, ventas online fraudulentas y licitaciones públicas amañadas.

América Latina, con tasas de contagios aún al alza en varios países, muchos meses después de los primeros confinamientos, es un caso paradigmático del modo en que la corrupción agrava la crisis. Uruguay y Costa Rica, los países en los que el virus ha hecho menos daño, cuentan con gobiernos e instituciones civiles fuertes, sectores económicos en su mayor parte formales, fuerzas de seguridad respetadas y sistemas de salud universales y accesibles.

En ambos, los altos niveles de confianza pública crean lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llama el “capital social”: los vínculos de empatía y reciprocidad que permiten a una sociedad priorizar el interés general. El problema es que uruguayos y costarricenses son una ínfima minoría al lado de gigantes como México y Brasil. Según el último barómetro de Transparencia Internacional, el 85% de los latinoamericanos considera que la corrupción es el mayor problema de sus países.

‘Derecho de ojo’

No se trata únicamente del saqueo del patrimonio del Estado. Las corruptelas abarcan el ofrecimiento y aceptación de sobornos; la malversación y mala asignación de fondos públicos; escándalos financieros y políticos; fraudes electorales; tráfico de influencias, y financiamiento ilegal de partidos.

En Controlling Corruption (1988) y Tropical Gangsters (1990), Robert Klitgaard definió el fenómeno con una ecuación: corrupción = monopolios + discrecionalidad – rendición de cuentas (accountability). La pandemia ha sido una bendición para políticos habituados a rentabilizar su “derecho de ojo”: su potestad para elegir –o no– qué equipos y suministros médicos pueden atravesar las aduanas sin pagar mordidas, que nada se pierda en el camino y que al final todo llegue a los hospitales y pacientes correctos.

Heather Marquette, profesora de la Universidad de Birmingham que investiga las relaciones incestuosas entre corrupción, crimen organizado y políticas públicas, sostiene que sin controles más estrictos, los epicentros de la pandemia se van a seguir concentrando en países en desarrollo, que son los que más necesitan que los recursos lleguen a los más vulnerables.

La solución atañe a todos. Mientras se mantengan activos focos de contagio en cualquier lugar del mundo, nadie estará del todo seguro. En 2013, el Banco Mundial calculó que gastando unos 3.400 millones de dólares al año, los países en desarrollo podían poner en funcionamiento un sistema de prevención de epidemias, lo que habría impedido un brote global como el actual.

La punta del iceberg

En Foreign Affairs, Ronald Inglehart observa que, paradójicamente, los países menos corruptos tiene sociedades civiles muy secularizadas, como los nórdicos, mientras que los muy religiosos –Guatemala, México, Irak, Brasil, Tanzania, Pakistán…– suelen estar siempre en los puestos más bajos de las listas de Transparencia Internacional.

Inglehart señala que en casi todos ellos, sus niveles de inseguridad –económica y física– son directamente proporcionales a la intensidad y frecuencia de sus prácticas religiosas públicas, que suelen canalizar sus frustraciones y alimentar un cierto fatalismo con respecto a la corrupción, que parece parte del paisaje mismo y no solo un mero decorado.

Uganda ha retirado a su embajador en Dinamarca después de que se revelara que en Zoom había comentado con eventuales cómplices los modos de embolsarse ayudas europeas para combatir la pandemia. En Somalia, cuatro altos funcionarios del ministerio de Salud han recibido penas de cárcel por apropiarse de fondos de emergencia. En Suráfrica, todo el sistema de licitaciones para adquirir equipos médicos está bajo sospecha. Y en Nigeria, la ONG CivicHive ha utilizado datos oficiales para demostrar que el ministerio de Salud gastó 96.000 dólares en comprar un millar de mascarillas, 58 dólares por cada una. Y es solo la punta de iceberg.

En Brasil, donde el virus ha llegado al 98% de las ciudades, infectado a más de cuatro millones de personas y se ha cobrado 130.000 vidas, Wilson Witzel, gobernador del Estado de Río de Janeiro y exaliado del presidente, Jair Bolsonaro, ha sido suspendido por cargos de apropiación ilícita de fondos para luchar contra la pandemia. Cuando ganó las elecciones en octubre de 2018 con el 60% de los votos, Witzel reafirmó su “inquebrantable” compromiso con los supuestos ideales anticorrupción bolsonaristas. Pero durante su mandato se hizo famoso por su afición a sobrevolar en helicópteros las favelas cariocas, convertidas en zonas de guerra de facto por sus políticas de mano dura contra el crimen.

En mayo, la operación Placebo detectó en su gestión de la crisis desvíos de dinero provenientes de contratos sin licitación para el suministro de equipos sanitarios y la sobrefacturación en la compra de respiradores y hospitales de campaña. En la misma operación fue detenido también Everaldo Pereira, el pastor evangélico que bautizó en la aguas del río Jordán a Bolsonaro. La policía judicial ha encontrado un millón de dólares en efectivo en la casa del exsecretario de Salud del Estado de Río, que si fuera un país, tendría la segunda mayor tasa de mortandad del mundo por el Covid-19.

La desigualdad merece un lugar destacado entre las variables de la ecuación de Klitgaard. En las favelas cariocas, la tasa de contagios triplica la de las zonas residenciales, cuyos vecinos tienen una expectativa de vida que supera en 10 años la de los favelados. Entre los que ocupan hoy las unidades de cuidados intensivos, los pacientes sin estudios formales tienen tres veces más posibilidades de morir que los que tienen títulos universitarios.

En varios hospitales públicos de Río, muchos contagiados han tenido hipoglicemia (niveles bajos de glucosa sangre) por falta de alimentación adecuada. Según la Asociación Brasileña de Cuidados Intensivos, la tasa de mortalidad en las UCI de hospitales públicos es del 50%, frente al 29% de las clínicas privadas. Debido a la desorganización y los laberintos burocráticos, el ministerio de Salud solo ha gastado el 30% de los fondos que tenía asignados para luchar contra la pandemia.

En muchos países, las tramas corruptas se extienden entre la administración pública, el Congreso y la judicatura. En Bolivia, el ministro de Salud fue destituido por su compra irregular de respiradores en España. En México, donde han muerto unas 70.000 personas por la pandemia, las protestas del personal sanitario han sido constantes por la inseguridad en la que trabajan médicos y enfermeras por falta de equipos de protección. La población mexicana duplica a la italiana, pero solo tiene la mitad de sus camas de hospital.

La razón es simple. Según la OCDE, su presión fiscal (16,1%) es la más baja de sus 36 países miembros y menos de la mitad de la media del grupo (34,3%), lo que explica que apenas invierta un 2,3% del PIB en salud. Uno de cada tres mexicanos admite que paga sobornos todos los años para poder acceder a servicios públicos básicos. El 9% del PIB se pierde cada año en los laberintos de la corrupción.

Cortafuegos

Transparencia Internacional y el Hudson Institute han diseñado diversos cortafuegos contra la epidemia cleptocrática. En América Latina y el Caribe, 22 países tienen instituciones similares a la mexicana Auditoría Superior de la Federación o al brasileño Tribunal de Contas da União, los organismos federales que auditan las cuentas estatales. Todas ellas suelen detectar errores contables, involuntarios o no, y discrepancias irregulares en los gastos corrientes de entidades públicas. El problema es que solo pueden investigar documentos oficiales, cuando sus inspectores necesitan interrogar a sospechosos, cultivar fuentes, interceptar comunicaciones con autorización judicial, realizar operaciones encubiertas y ordenar la entrega de información comprometedora.

En Foreign Policy, Daniel Alonso y Benjamin Gedan recuerdan que en los años setenta, tras el escándalo Watergate, Estados Unidos introdujo la figura del inspector general. Actualmente, unos 70 de ellos dirigen sus propios equipos de investigación. En casos de fraude y corrupción, se unen a fiscales federales y estatales para presentar cargos criminales. En 2017, la oficina del inspector general, cuyo presupuesto ronda los 2.500 millones de dólares, devolvió unos 22.000 millones de dólares a las arcas federales.

La Procuraduría General de la Nación de Colombia, que se concentra en supervisar la administración del Estado y su gestión de fondos públicos, es lo más cerca que existe a una inspectoría general. Colombia y Costa Rica tienen una ventaja: acaban de ingresar en la OCDE, que exige estrictas medidas de transparencia. El año pasado, por ejemplo, el Congreso mexicano votó a favor de recortar la inmunidad judicial de los expresidentes, lo que podría conducir al procesamiento de Enrique Peña Nieto por la financiación de su campaña electoral con fondos de la caja B de la constructora brasileña Odebrecht.

Las nuevas reglas mexicanas, asesoradas por la OCDE, consideran los casos de fraude tributario como indicios de crimen organizado, lo que permite a las autoridades congelar preventivamente fondos y cuentas bancarias.

Pero el camino está sembrado de minas. En 2019, Guatemala desmanteló la Cicig, el organismo anticorrupción financiado por la ONU, después de que comenzara a investigar al expresidente Jimmy Morales por la financiación de su campaña electoral. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, hizo lo mismo con un organismo similar respaldado por la Organización de Estados Americanos. En Argentina, solo dos días después de que la vicepresidenta, Cristina Fernández, jurara su cargo, los tribunales paralizaron dos procesos contra ella por acusaciones de corrupción.

Paraísos fiscales

Un problema adicional es la facilidad con la que el dinero sucio puede ocultarse y desaparecer en centros financieros off-shore –Suiza, Hong Kong, islas Caimán, Bahamas, Luxemburgo, Singapur, Panamá…– que, según escribe David Carden en Foreign Policy, acumulan unos 36 billones de dólares en efectivo, oro y títulos bursátiles, lo que no incluye propiedades inmobiliarias, obras de arte y joyas. En comparación, la recaudación tributaria federal en EEUU es de poco más de tres billones de dólares anuales.

Según el CIA World Factbook, a escala global hay unos 80 trillones de dólares en broad money (es decir, en efectivo o activos muy líquidos) que casi no pagan impuestos. En EEUU, esa cifra ronda los 18 billones de dólares, un 70% de ellos en manos del 10% más rico. Si esa riqueza se gravara con una tasa del 2%, se podrían recaudar, según Carden, unos 1,6 billones de dólares anuales. La ONU estima que acabar con el hambre mundial costaría unos 7.000 millones de dólares anuales.

En el índice de secretismo de la Tax Justice Network, EEUU solo está por detrás de las islas Caimán debido, entre otras cosas, a la opacidad de las leyes financieras de Delaware y Dakota del Sur.

En los años sesenta, para evitar que los franceses siguiesen ocultando su dinero del fisco en Mónaco, el entonces presidente del país, Charles de Gaulle, ordenó cerrar la carretera que une el Principado con Francia hasta que sus autoridades no publicaran los nombres de los contribuyentes galos con depósitos en bancos monagescos. Una medida equivalente, sugiere Carden, sería prohibir todo tipo de contacto –aéreo, naval y terrestre– entre el archipiélago de paraísos fiscales y el resto el mundo y sanciones comerciales contra todas sus islas hasta que la luz no brille sobre sus zonas de penumbra y oscuridad absoluta.