La doctrina Trump en Venezuela

Nicolás Maduro es ahora el expresidente de Venezuela, detenido bajo custodia estadounidense. Sin embargo, su derrocamiento a manos de las fuerzas especiales de Estados Unidos se entiende mejor como el final del comienzo, más que como el comienzo del final.

Es cierto que pocos en Venezuela –o en cualquier otro lugar– lamentarán la caída de Maduro. Fue un autócrata que robó unas elecciones, reprimió a su pueblo, llevó a la ruina la economía de su país pese a contar con enormes reservas de petróleo y participó en el narcotráfico.

Pero ello no significa que esta operación militar estuviera justificada ni que fuera prudente. De hecho, su legalidad es más que discutible. También lo es su valor estratégico: Maduro difícilmente representaba una amenaza inminente para Estados Unidos. No hay duda: se trató de una operación militar elegida por conveniencia, no por necesidad.

Existen algunas similitudes superficiales entre esta operación y la lanzada en 1989 por el presidente George H. W. Bush para derrocar al hombre fuerte de Panamá, Manuel Noriega. Sin embargo, en el caso de Noriega existía una base legal más sólida, que incluía no solo delitos relacionados con el narcotráfico, sino también el asesinato de un militar estadounidense. Además, había preocupaciones legítimas sobre la seguridad del personal militar estadounidense desplegado en Panamá y sobre la protección del Canal de Panamá.

La decisión de atacar a Venezuela revela las motivaciones del presidente Donald Trump. Durante la rueda de prensa posterior a la operación, Trump sugirió que la prioridad principal era garantizar el acceso estadounidense a las reservas de petróleo de Venezuela, las mayores del mundo. Entre los objetivos secundarios figuraban poner fin a la implicación venezolana en el narcotráfico, facilitar el regreso de quienes abandonaron el país y aumentar la presión sobre Cuba, que depende en gran medida del petróleo venezolano subvencionado para sostener su economía en dificultades y sancionada.

Sin embargo, sería prematuro declarar la operación un éxito. Una cosa es desalojar del poder a un individuo; otra, fundamentalmente distinta y mucho más difícil, es desmantelar un régimen y sustituirlo por algo más benigno y duradero. En el caso de Venezuela, resulta aplicable la llamada “regla de Pottery Barn” del ex secretario de Estado Colin Powell: si lo rompimos, ahora nos pertenece.

Trump ha declarado que Estados Unidos “dirigirá Venezuela”. Los detalles son escasos y no está claro si ello requerirá una fuerza de ocupación. Lo que sí parece claro, al menos por ahora, es que la Administración Trump prefiere trabajar con los restos del régimen existente –al parecer ha alcanzado un entendimiento con la vicepresidenta de Maduro, que ahora encabeza el gobierno– antes que empoderar a la oposición. Esto encaja con una política motivada por la perspectiva de beneficios comerciales, no por el deseo de promover la democracia o proteger los derechos humanos.

Uno puede minimizar todos los posibles problemas, pero el principal –una ruptura del orden– debería ser reconocido sin ambages. Los elementos afines al antiguo régimen seguirán activos, y la oposición dista mucho de estar unida, pudiendo resistirse a quedar marginada. Estas incógnitas podrían plantear a Estados Unidos decisiones complejas sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para moldear los acontecimientos si estos se descontrolaran.

La operación captura la esencia de la política exterior de Trump. Una acción unilateral que prestó poca atención a la legalidad o a la opinión internacional. Priorizó el hemisferio occidental por encima de Europa, el Indo-Pacífico o Oriente Medio. El objetivo fue el beneficio comercial –en este caso, el acceso a reservas petroleras– y el refuerzo de la seguridad interna, reflejando preocupaciones sobre drogas e inmigración. Se recurrió a la fuerza militar, pero de manera contenida.

El mayor coste potencial de la operación en Venezuela podría ser el precedente que establece, al afirmar el derecho de las grandes potencias a intervenir en sus respectivos “patios traseros” contra líderes que consideran ilegítimos o amenazantes. No cuesta imaginar al presidente ruso, Vladímir Putin –que reclama la “desnazificación” de Ucrania y la destitución del presidente Volodímir Zelenski–, asintiendo con aprobación. La operación militar de Trump en Venezuela aleja aún más la posibilidad de un final negociado de la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia y China acogerán esta acción como una señal de que Trump comparte su concepción de un mundo dividido en esferas de influencia.

Una reacción similar cabe esperar en China, que considera a Taiwán una provincia separatista y a su gobierno ilegítimo. Esto no significa que el presidente Xi Jinping vaya a actuar de inmediato sobre sus ambiciones respecto a Taiwán, pero los acontecimientos en Venezuela podrían aumentar su confianza en un eventual éxito si optara por invadir, sitiar o coaccionar de otro modo a la isla.

La destitución de Maduro deja claro que la recién publicada Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos debe tomarse en serio, y que la Administración Trump concibe el hemisferio occidental como una región donde los intereses estadounidenses prevalecen. Rusia y China acogerán esto como una señal de que Trump comparte su visión de un mundo dividido en esferas de influencia, en el que Moscú y Pekín tienen la sartén por el mango en Europa y el Indo-Pacífico, respectivamente. Un orden global que ha perdurado durante 80 años está a punto de ser sustituido por tres órdenes regionales que probablemente serán cualquier cosa menos ordenados –o libres–.

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