La policía hace guardia en el Congreso peruano el 30 de septiembre de 2019 cuando el presidente Martin Vizcarra pidió su disolución/GETTY

Los peruanos eligen un Congreso nuevo

Una vasta mayoría de peruanos ha respaldado la disolución del Congreso que fuera elegido en abril de 2016. La composición de ese cuerpo resultó insólita, debido en buena medida a la fragmentación del voto.
LUIS PÁSARA
 |  9 de enero de 2020

Casi 25 millones de ciudadanos –un millón de ellos residentes en el extranjero– han sido convocados para elegir el 26 de enero a los integrantes del Congreso de Perú. La ocasión tiene algo de especial porque quienes sean elegidos reemplazarán a los congresistas cuyo mandato concluyó súbitamente a finales de septiembre, cuando el presidente, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso. Se puso en práctica entonces, por primera vez, una facultad otorgada por la Constitución de 1993 al presidente de la república, quien “está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros” durante un periodo de gobierno.

La justificación de la disolución así dispuesta es materia no solo de discusión jurídica, sino de una “acción de competencia” en curso ante el Tribunal Constitucional, pero cuando, al día siguiente del decreto de disolución, los jefes militares respaldaron públicamente al presidente, la elección del nuevo Congreso se puso en marcha. Si el Tribunal Constitucional decidiera que el presidente excedió sus facultades constitucionales, lo que es improbable, los efectos serían políticos pero no comprometerían el mandato de quienes sean elegidos este mes.

En los sondeos de opinión de las últimas semanas, una vasta mayoría de encuestados ha respaldado la disolución del Congreso que fuera elegido en abril de 2016. La composición de ese cuerpo resultó insólita, debido en buena medida a la fragmentación del voto: con el 23,6% de los votos emitidos –equivalentes al 36,3% de los sufragios que la ley considera válidos, después de descontar votos blancos y viciados–, Fuerza Popular –el partido del expresidente Alberto Fujimori, a cargo de su hija Keiko– obtuvo 73 de los 130 escaños, esto es, la mayoría absoluta en el Congreso. Durante tres años, el comportamiento de esa mayoría estuvo orientado por el revanchismo, dado que en la segunda vuelta de la elección presidencial Keiko Fujimori perdió ante Pedro Pablo Kuczynski, por una diferencia de solo 41.057 votos. El constante hostigamiento del Congreso al poder ejecutivo buscó desgastar adversarios, de cara a la siguiente elección presidencial.

A esa directriz política deben añadirse las numerosas denuncias sobre conductas reprobables de los congresistas de la mayoría, que abarcaron diversos asuntos, desde haber falseado antecedentes personales hasta realizar tráfico de influencias. Ese desempeño ganó para el fujimorismo una creciente desaprobación ciudadana. Su líder, Keiko, encara actualmente un proceso judicial bajo cargos de corrupción y es, según los sondeos, la personalidad política que en estos días recaba mayor rechazo, el de cuatro de cada cinco encuestados. Asimismo, una importante mayoría dice ser contraria a la reelección de quienes integraron el Congreso hasta hace tres meses.

En ese panorama político, la erosión popular del fujimorismo no ha sido acompañada por la construcción de organizaciones políticas alternativas, lo que lleva a un vacío inquietante de cara a la elección de congresistas convocada para este mes. Añádase la confusión derivada de que 21 agrupaciones políticas se han inscrito para competir, con una oferta total de más de 3.000 candidatos. El periodismo de investigación y la ONG Transparencia han detectado que más de doscientos de ellos registran condenas o procesos judiciales en curso que abarcan diversos delitos, desde violaciones o lesiones graves hasta impagos de pensiones alimenticias.

 

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Perú tiene un mecanismo de elección parlamentaria que, con el objetivo de ser más democrático, puede producir resultados paradójicos cuando es utilizado por una ciudadanía poco informada. El elector recibe un gran planillón en el que aparecen todas las listas que compiten en su circunscripción; debe escoger una lista y, dentro de ella, puede designar hasta dos candidatos de su preferencia, anotando los números que los identifican. En los hechos, la mayoría de electores no usan el llamado voto preferencial y se limitan a escoger una de las listas. Pero, según informan los medios de comunicación, muchos electores creen que pueden escoger candidatos de distintas listas, lo que da lugar a un crecido porcentaje de votos nulos.

 

Minorías favorecidas

Excesivo número de candidatos, provenientes de muchas agrupaciones políticas constituidas en las últimas semanas con el solo propósito de lanzar candidatos con trayectorias desconocidas… o conocidas en instancias policiales y judiciales; un mecanismo de votación que busca evitar el fraude y promover la libre escogencia por ciudadanos enterados, que no son los que abundan; un sistema de asignación de escaños parlamentarios que cuando hay dispersión del voto favorece desproporcionadamente a la primera minoría. Esas son las condiciones en las que se elegirá a los integrantes del nuevo Congreso peruano que estará en funciones durante solo año y medio, porque los escogidos completarán el término de quienes fueron elegidos en 2016.

Un factor adicional puede alentar la desorientación del elector. Normalmente, en Perú cada cinco años se vota al mismo tiempo para elegir al presidente de la república y a los integrantes del Congreso, y la mayor parte de los electores votan por el mismo partido en una y otra casilla. Esta vez, por tratarse de una elección solo parlamentaria, sin la presencia de liderazgos de pretensión presidencial que guíen al elector, optar requeriría mayor información y análisis del votante.

En Perú el voto es obligatorio y la omisión es castigada con multa de entre 21 y 84 soles (de seis a 23 euros), de acuerdo a la clasificación por localidad y nivel de pobreza; hasta tanto no se cancele la multa, el omiso se encuentra en “muerte civil”, incapacitado para hacer trámite alguno que requiera identificación. Esta compulsión hace que la participación sea relativamente alta; en las elecciones parlamentarias de 2016 llegó a 81%. De modo que, sea cual sea el nivel de interés e información que el elector peruano promedio tenga para votar el 26 de enero, habrá de hacerlo.

¿Qué puede esperarse como resultado? El único fruto claramente previsible es la dispersión del voto. En cuanto a las calidades de los integrantes del nuevo Congreso, tanto los indicios aparecidos hasta ahora sobre algunos de los candidatos como sus primeras incursiones en la campaña electoral no resultan prometedores.

Finalmente, importa notar que en razón de las peculiaridades de esta elección, sus resultados no podrán ser interpretados en clave de “encuesta” previa a las elecciones presidenciales de abril de 2021.

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