Macri y los dilemas del gradualismo

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, ha recomendado en repetidas ocasiones a Mauricio Macri que deje de viajar en vuelos comerciales por el peligro que ello supone. En su última gira por Rusia, Suiza y Francia el presidente de Argentina solo utilizó vuelos regulares que, entre otras cosas, no permiten custodias armadas e impiden llamadas a bordo, lo que mantiene al mandatario aislado e imposibilitado de tomar decisiones durante horas.

Solo en 2015, según datos de IATA, se registraron 10.854 incidentes violentos de pasajeros a bordo de un avión, un 16,5% más que durante 2014. El 26 de febrero de 2017 fueron interceptadas en el aeroparque de Buenos Aires dos maletas con 21 kilos de éxtasis pertenecientes a dos colombianos que habían viajado desde Madrid en el vuelo 1133 de Aerolíneas Argentinas, el mismo que utilizó Macri para regresar a su país.

Los traficantes pudieron sortear los controles en Barajas y en Ezeiza antes de intentar embarcarse a Santiago de Chile. Ahora, tras sufrir varios escraches en actos públicos, Macri se moviliza solo en vehículos blindados mientras que varios drones de la policía siguen sus desplazamientos. La compra de un nuevo Tango 1, el avión presidencial, se dilata por diversas razones, pero sobre todo por el temor del gobierno a que la opinión pública interprete esa compra como un gasto suntuario y contradictorio con las políticas de austeridad. Desde su llegada a la Casa Rosada, Macri ha buscado estabilizar y abrir la economía argentina pero sin recurrir a una traumática terapia de choque. Así, no extraña que algunos economistas ortodoxos equiparen la marcha de su gobierno con la de una “tortuga embarazada”.

“Es como si una persona que tiene 40 kilos de sobrepeso se contenta con bajar apenas cinco por año”, denuncian en sus columnas los analistas conservadores.

Riesgos inevitables

Sin embargo, sus relativamente altos niveles de aprobación (40-50%) y la victoria de la coalición oficialista en las legislativas del pasado octubre indican que Macri no se equivoca en lo esencial. Ahora ya nadie duda que será el primer presidente no peronista que logrará terminar su mandato desde que Juan Domingo Perón irrumpió en la política argentina en los años cuarenta del siglo pasado. Incluso muchos apuestan a que será reelegido en 2019.

Pero el gradualismo macrista tiene sus propios riegos. Endeudarse cada año en unos 30.000 millones de dólares para financiar el déficit fiscal, como ha hecho Argentina desde 2016, no es sostenible cuando termina la era de gran liquidez global y de bajos tipos de interés y asoma en el horizonte una guerra comercial, que nunca dejan bien paradas a las economías emergentes. La clase media –el bastión del oficialismo– sufre la presión de los aumentos de los servicios públicos, ahora ya casi sin subsidios, sin sentir los beneficios de la recuperación de una economía que crece a una tasa inferior al 3% y con una inflación que rondará el 7% este primer trimestre.

El gobierno asegura que está aumentando el gasto público mientras reduce el déficit y los impuestos porque ha sido capaz de reducir el dispendio y la corrupción. La Casa Rosada subraya que en 2017 la economía creció un 2,9%, la mayor tasa desde 2011, y que la inflación baje del 40% al 25%.

La mejor noticia que ha ofrecido el gobierno este año para desmentir las críticas que le acusan de insensibilidad social es la disminución de la tasa de pobreza al 25,7% en 2017, frente al 30,3% de 2016, con lo que alrededor de 1,9 millones de personas pasaron a formar parte de la clase media y 600.000 salieron de la indigencia. Macri sostiene que el criterio que prevalecerá en el veredicto sobre su mandato será su éxito en la lucha contra la pobreza.

En otros ámbitos, los avances se miden en décimas, como la caída interanual del desempleo del 7,6% al 7,2%. Descenso además impulsado por el crecimiento de la economía informal, que emplea al 34,5% de la fuerza laboral. Según datos oficiales, en 2017 se crearon 694.000 empleos, pero solo el 27% en el sector formal. El otro 32% fue de asalariados en negro y el 41% de autónomos en empleos de baja calificación y escasa productividad.

Problemas estructurales

Es decir, hay más empleo pero más precario. El problema no es nuevo. Mientras que desde los años setenta la pobreza ha disminuido a la mitad en el resto del mundo, en Argentina se multiplicó por cuatro pese a su potencial para alimentar a una población 40 veces mayor que la suya.

Hoy, la pampa se parece mucho más a las grandes praderas del Medio Oeste de EEUU que a las estancias que convirtieron a los países de la cuenca de los ríos de la Plata y el Paraná en el granero del mundo durante la belle époque. Argentina es ya el primer exportador de harina y aceite de soja y el tercer productor después de EEUU y Brasil, que lo triplican en superficie.

Los ingenieros agrónomos argentinos controlan sus cultivos con satélites, drones y salas con macropantallas electrónicas que siguen en tiempo real las cotizaciones de sus productos. Sin la tasa del 35% con la que gravó las exportaciones agrícolas –y que Macri retiró en cuanto llegó a la Casa Rosada–, Néstor y Cristina Kirchner no habrían podido financiar los subsidios a los combustibles y servicios públicos, que llegaron absorber el 3% del PIB.

Pero el campo emplea a una proporción baja de la población, lo que el peronismo intentó compensar forzando al Estado a crear empleos en el sector público, que en los 15 años del kirchnerismo aumentó más del 56% mientras la población creció menos del 20%. Los 2,3 millones de empleados públicos que existían en 2001 se convirtieron en 3,6 millones en 2016. Entre 2001 y 2016, el número de empleados públicos provinciales por cada 1.000 habitantes pasó de 36 a 52.

Compromisos fiscales

Macri ha mantenido casi intacta esa burocracia, aunque con la reciente ley de compromiso fiscal, los gobernadores provinciales se han comprometido a que el gasto público de sus administraciones no aumente por encima de la inflación y a que el empleo público crezca solo en proporción del crecimiento demográfico.

La Fundación Libertad y Progreso propone, por ejemplo, que en los próximos cuatro años se transfieran un millón de empleos del sector público al privado y se blanqueen dos de los cinco millones de trabajadores del sector informal.

Para comenzar, Macri va a firmar un decreto que incentivará la salida voluntaria de empleados públicos. Es decir, más gradualismo. Es lógico. El peronismo ha hecho que forme parte de la cultura política argentina la resistencia a las políticas liberalizadoras. Pero Macri confía en que su prédica a favor de que los argentinos dependan más de sus propios recursos y esfuerzos y menos del Estado terminará calando entre los más jóvenes, y que ese lento pero progresivo cambio de mentalidad le asegurará, como en la fábula de la tortuga y la liebre, la reelección en 2019.