nicaragua izquierda
Un letrero "Lávese las manos antes de entrar" permanece pegado en un mural que representa al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en la sede del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Catarina, Nicaragua, el 17 de julio de 2020. INTI OCON. GETTY

Nicaragua: ‘litmus test’ para la izquierda latinoamericana

La izquierda democrática latinoamericana se juega una vez más su credibilidad en el caso de Nicaragua, donde Ortega continúa con su espiral de represión.
LUIS ESTEBAN G. MANRIQUE
 |  9 de septiembre de 2021

Quienes la vieron, nunca podrán olvidar la escena: unos jóvenes aferrándose al tren de aterrizaje de un avión militar a punto de despegar para luego soltarse y morir tras el impacto en la pista. No era Kabul en agosto de 2021. Ocurrió el 18 de julio de 1979 en el aeropuerto de Managua, pocos días antes de que fuese tomado por los guerrilleros del Frente Sandinista. La victoria de los rebeldes provocó la fuga de Anastasio Somoza Debayle y de los demás herederos de la dinastía de autócratas que fundó su abuelo, Anastasio Somoza García, dictador de Nicaragua desde 1937 hasta su muerte en 1956.

Varios de los artífices del triunfo de la insurrección sandinista están hoy en prisión acusados de “traición a la patria”. El 30 de agosto, la fiscalía acusó de “conspiración contra la integridad nacional” a los exguerrilleros Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco. Según sus familiares, fueron detenidos en sus casas por encapuchados que se los llevaron en vehículos sin placas.

Seis posibles candidatos a las elecciones del 7 de noviembre –José Pallais, Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Noel Vidaurre y Medardo Mairena– están en prisión preventiva y la séptima, Cristina Chamorro, bajo arresto domiciliario por pretender enfrentarse en las urnas al “régimen conyugal” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que apuestan a que Estados Unidos no hará nada para frenar su huida hacia delante, distraído por la crisis afgana. La Prensa, el principal diario del país, fue allanado y clausurado el 13 de junio, después que denunciara un nuevo embargo aduanero de papel y tinta para forzar su cierre.

 

«Ortega y Murillo apuestan a que EEUU no hará nada para frenar su huida hacia delante, distraído por la crisis afgana»

 

En Washington, el Senado ha aprobado un proyecto de ley, que ahora pasará a la Cámara de Representantes, para endurecer las sanciones contra Ortega y Murillo, su familia y el núcleo duro del régimen. La Casa Blanca no descarta la suspensión de Nicaragua del acuerdo de libre comercio DR-CAFTA y el cese de las ayudas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero no quiere llegar a esos extremos.

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha encargado a la vicepresidenta, Kamala Harris, una misión que ninguno de sus antecesores ha podido cumplir: frenar la migración de centroamericanos que desbordan la frontera sur del país. Es comprensible que la vicepresidenta no quiera sumar ahora la presión de refugiados nicaragüenses.

“La región entera está viendo cómo Ortega se burla de nosotros”, ha comentado en The Washington Post Tom Shannon, que trabajó en el departamento de Estado durante los mandatos de Barack Obama y Donald Trump. El FMI ha mantenido a Nicaragua en la lista de los países que recibirán 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, que su directorio aprobó el 23 de agosto. Si cualquiera de los beneficiarios quiere cambiarlos por dólares, EEUU está obligado a proveerlos.

 

‘Litmus test’

Nicaragua, en mayor medida incluso que Cuba o Venezuela, se ha convertido en un ‘litmus test’ para el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que articulan las redes de la izquierda latinoamericana. La expresión proviene de una prueba química que permite medir la acidez de una sustancia, pero no su pH exacto, lo que en términos políticos significa una prueba efectiva o definitiva de algo. En ese campo, Ortega y Murillo ya han cruzado todas las líneas rojas. Torres y Tinoco, que podrían ser condenados a 15 años de prisión, fueron acusados en una audiencia a la que sus abogados no pudieron acceder.

La llamada “ley de soberanía” (ley 1055) ha creado una legalidad paralela que, entre otras cosas, hará que las elecciones vayan a ser de partido único, salvo por un puñado de partidos “zancudo”, hoja de parra de la nueva dinastía en el poder. La Organización de Estados Americanos (OEA) podría convocar una asamblea de cancilleres para invocar la Carta Democrática Interamericana en el caso de Nicaragua. Pero es difícil que la actual correlación de fuerzas en su seno de para tanto.

Aunque la presión internacional, por sí sola, no será suficiente para producir cambios, la izquierda democrática latinoamericana sabe que se juega su credibilidad si no marca distancias con Ortega. El colombiano Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric necesitan deslindarse del régimen de Managua para disputar el centro a los sectores conservadores en sus respectivos países, que les acusan de aplicar dobles raseros en relación a los derechos humanos.

 

«Lula advirtió a Ortega de que cuando un gobernante comienza a creerse insustituible, surge un ‘poco de dictadura’»

 

Lula da Silva, Pepe Mujica y Ricardo Lagos ya han dicho que Ortega no tiene nada que ver con los valores de la izquierda. Pero el Grupo de Puebla, que celebró el 30 de julio su segundo aniversario, no ha mencionado a Nicaragua en ninguna de sus declaraciones o comunicados, aunque sí se ha pronunciado sobre las protestas en Cuba y en Colombia y condenado la “persecución política” en El Salvador.

En agosto, Lula advirtió a Ortega de que cuando un gobernante comienza a creerse insustituible, surge un “poco de dictadura”. En julio, Mujica firmó con otros 140 intelectuales latinoamericanos una carta de términos poco amables con Ortega: “Es difícil saber si se ha enfermado por el poder o está enfermo por mantener el poder o ambas cosas, pero esto ahora y a efectos prácticos no importa”. La postura, sin embargo, está lejos de ser unánime. Uno de los fundadores del Grupo de Puebla, Evo Morales, felicitó al “hermano” Ortega por el aniversario de la revolución sandinista. Según Ernesto Samper, otro fundador, el Grupo está haciendo gestiones “discretas” ante el gobierno nicaragüense, una estrategia que cree más eficaz “en términos de resultados” que declaraciones condenatorias.

En una reciente entrevista con la BBC, Samper reconoce, sin embargo, que Nicaragua compromete la imagen del “progresismo hemisférico”. El Grupo de Puebla, dice, distingue entre “democracias electorales que son dictaduras sociales y democracias sociales que son dictaduras políticas”. Aunque ambas son rechazables, Samper no especifica qué países se ajustan a esa definición, aunque admite que el camino por el que ha optado Managua “no puede considerarse democrático”.

 

Laberintos en el istmo

El Banco Centroamericano de Integración Económica sigue siendo la principal fuente de financiamiento de Managua. Honduras y Belice se han abstenido de votar en la OEA sobre Nicaragua. Panamá, Costa Rica y República Dominicana respaldan una transición democrática, pero Guatemala prefiere guardar silencio.

No es extraño. En julio, el fiscal general de Guatemala, Francisco Sandoval, fue destituido de manera fulminante por el presidente, Alejandro Giammattei, por haberse atrevido a investigar un caso de sobornos y de financiación ilícita de sus campañas electorales. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha sido acusado por un tribunal de Nueva York de complicidad con el narcotráfico tras la condena a cadena perpetua de su hermano por cargos similares.

No parece que las elecciones de noviembre vayan a cambiar las cosas. Yani Rosenthal, uno de los principales candidatos, cumplió una condena de tres años en EEUU por lavado de dinero. En su índice democrático de 2020, Economist Intelligence Unit calificó El Salvador de “democracia fallida” y “régimen híbrido”, es decir, semiautoritario.

 

A la usanza mexicana

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto abolir la OEA, lo que hace difícil que su gobierno vaya a cambiar de opinión sobre el caso de Ortega, al que rehúsa criticar abiertamente. El gobierno se refugia en la doctrina Estrada, asumida como política de Estado en 1930 y que en rasgos generales establece que México no interviene en los asuntos de otras naciones para evitar que otros países intervengan en los suyos.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha adelantado que en la cumbre del 18 de septiembre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), México planteará formalmente una nueva “arquitectura política” para la región.

La política exterior mexicana está plagada de contradicciones. En La Jornada, Sergio Aguayo recuerda que el gobierno de José Luis López Portillo rompió relaciones diplomáticas con Nicaragua en mayo de 1979, una decisión clave para que la OEA condenara la dictadura de Somoza. López Obrador habla de “imperios”, pero en tiempos de Trump nunca permitió que se estropeara la relación bilateral con EEUU, del que depende el 80% del comercio exterior del país.

Hasta hace poco, el presidente presumía de no tener pasaporte. Sin embargo, aprovechó el natalicio de Simón Bolívar para decir en un discurso en el Castillo de Chapultepec que la interdependencia existe y que la fuerza económica de EEUU es necesaria para la prosperidad latinoamericana. “No podemos cerrar nuestras economías”, dijo. Al mismo tiempo, su repentino latinoamericanismo estuvo acompañado de una firme defensa del régimen cubano, al que ha enviado barcos con alimentos e insumos médicos, entre ellos oxígeno, mascarillas y jeringas, y al que no ha descartado enviar combustibles. Una de cal y otra de arena, a la usanza mexicana.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *