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Manifestación en Managua, capital nicaragüense, el 23 de abril de 2018. GETTY

La insurrección cívica de los autoconvocados en Nicaragua

Juan Carlos Gutiérrez Soto | 24 de abril del 2018

En 2018 Nicaragua está de nuevo en el centro de las noticias: los millenials indignados protagonizan una insurrección cívica en el país. En 1979, Nicaragua fue protagonista del último movimiento guerrillero del siglo XX, triunfante con una revolución que derrocó a una de las dictaduras más cruentas de América Latina tras más de 40 años. La revolución sandinista fue el resultado de la insurrección popular encabezada por los muchachos, como nombró el pueblo a los jóvenes apenas armados. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) gobernó durante 10 años en medio de una guerra civil estimulada por Estados Unidos, como expresión de la guerra fría.

En 2007, Daniel Ortega, uno de los líderes del FSLN, ganó las elecciones con el mismo partido después de 17 años fuera del gobierno. Ortega retomó el ejecutivo gracias a su importante base social y a un acuerdo denominado El Pacto, que facilitó reformas electorales para obtener la victoria. Este paso fue el último para lograr que el FSLN estuviese presente en todos los poderes del Estado, en los que fue extendiendo su control.

El retorno de Ortega al gobierno pasó por una reestructuración del partido y de su imagen de gestión política a través de dos líneas de actuación. La primera línea es endógena, y está basada en alimentar la base social histórica con un discurso antimperialista, en aplelar a la gesta antisomozista y en hace hincapié en los logros sociales producto de la revolución sandinista. Al mismo tiempo, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, rompen con las estructuras tradicionales del FSLN, creando una dirigencia con funcionamiento vertical y centralizado, con poca o nula capacidad de autogestión política, lo que propicia el descontento en ciertos sectores de la base sandinista y funcionarios del Estado, además de un control político a todos los niveles de la población. El descontento se amplía debido al cierre de espacios para la reflexión y para la crítica en el interior del partido.

La segunda línea es de carácter exógeno, y su objetivo es ampliar la base electoral y reducir los vetos asociados a las principales críticas generadas por sus adversarios: anticapital, antireligiosos –anticlericales y promotores de la guerra–. Para revertir estos talones de aquiles Ortega y Murillo, como jefa de campaña y cogestora del FSLN, establecen alianzas con la Resistencia o Contrarevolución, su principal enemigo político-militar en los años ochenta. Asimismo, establecen una alianza con un sector importante de la Iglesia católica y, después, con las iglesias protestantes; y un vínculo estratégico con el gran capital nacional a través del Consejo Superior de la Empresa Privada, con quienes ha tomado las principales decisiones económicas del país desde 2007 hasta abril de 2018. Así, el gran capital se ha convertido en el principal actor e interlocutor del país, seguido por la Iglesia.

Esta triple alianza ha permitido a Ortega y Murillo controlar todos los espacios institucionales del Estado nicaragüense, del partido y la sociedad en general. En este ejercicio se ha debilidato el sistema de partidos, las organizaciones sociales al tiempo que se ha afianzado el control de los movimientos sociales tradicionales.

En materia económica, y como parte del flujo de recursos vía Venezuela, la diversificación del mercado, especialmente con los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), ha dado lugar a un sostenido crecimiento económico, superior al 4,5% del PIB, el mayor de la región centroamericana, aunque sigue siendo la economía más debil de la región. Se han propiciado políticas sociales que han mejorado el acceso a la salud y la educación, se han reducido los niveles de pobreza, pero se ha generado al mismo tiempo una masa importante de no pobres altamente vulnerables.

 

La insurrección cívica de los ‘millenials’

El 10 de abril, un centenar de estudiantes universitarios realizaron una concentración para manifestar su descontento por la gestión gubernamental del incendio en la reserva de la biósfera IndioMaíz. La concentración fue convocada por un grupo de estudiantes adolescentes y jóvenes que apenas se conocían, utilizando las redes sociales y el sigilo para poder realizar la invitación. Una convocatoria joven, sin estructura, pero con energía para transformar su realidad. Esta expresión obtuvo gran reconocimiento por parte de la población, por su frescura en liderazgo y agenda. Se plantó así el germen de la voz no gubernamental en la calle. El incendio amainó, pero el hashtag #SOSIndiomaíz cobró vida y reconocimiento, mientras el gobierno movilizaba a las fuerzas de seguridad para controlar las calles y evitar expresiones críticas de manera pública.

El 16 de abril, el gobierno anunció una reforma de la Seguridad Social, gestionada desde el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). La reforma amplía la tasa de cotización patronal en un 3,5%, del 0,75% en trabajadores, y un cargo del 5% sobre las pensiones de la población de jubilados. La medida, aprobada sin el consenso del gran capital, como ha sucedido desde 2007, provoca la reacción popular y del COSEP. Las cámaras empresariales adscritas al COSEP rechazaron la medida, y el hashtag #SOSIndiomaíz se transformó en #SOSINSS.

El 18 de abril los grupos de choque movilizados por el FSLN agredieron a los asistentes a una nueva concentración de jóvenes y adultos que rechazaban los cambios en la Seguridad Social. La violencia fue extrema, con golpes, heridos, robos y mucho miedo. Lo sucedido fue transmitido en directo por las redes sociales y los medios que lograron romper con la censura. La jornada de violencia se trasladó a la Universidad Centroamericana, regida por los jesuitas e históricamente reconocida por la formación de pesamiento crítico.

La agresión a los estudiantes y jubilados provocó que estudiantes de las universidades públicas controladas por el FSLN se manifestaran en contra de la violencia utilizada. La represión aumentó ahora a manos de las fuerzas especiales antidisturbios de la Policía Nacional, dejando como resultado los primeros muertos en Managua. Ese mismo día, las ciudades reconocidas como bastión del sandinismo se levantaron de manera espontánea; la reacción policial aumentó y con ello el número de muertos.

Las acciones colectivas han proliferado por todo el territorio nacional, sin que a la fecha se erija un liderazgo o una agrupación que controle o capitalice el movimiento. La población se ha manifestado, han sonado cazuelas, ha habido múltiples concentraciones, se han quemado y derribado los símbolos que centran el descontento en la pareja presidencial. Cinco estructuras gigantescas de acero, oficialmente denominadas como árboles de la vida, han sido derribadas, otras más quemadas y muchos carteles con los rostros de Ortega y Murillo, destruidos.

La comunicación ha estado controlada por los medios de la familia presidencial, ya que algunos medios de comunicación han sido cerrados o violentados, quedando las redes sociales como el principal acceso a la información libre de manipulación. Al cierre de este artículo, las cifran de muertes a manos de la Policía supera las 25, en su mayoría jóvenes. El armamento de estos jóvenes han sido las piedras y los gritos.

 

Las rupturas estratégicas con Ortega

La escalada de indignación popular ha sido producto de la acumulación de rechazos cotidianos, individuales y colectivos, a la represión de la voz disonante al coro gubernamental. La manifestación popular creciente ha sido alimentada por la represión y la muerte que en cinco días ha protagonizado el gobierno.

Ortega emitió comunicado cinco días después de iniciadas las manifestaciones y las muertes. Al igual que su vicepresidenta y esposa, ha minimizado la movilización popular, sin referirse a las muertes y asociando la crisis a expresiones vandálicas y de pandillas (o maras) y de ser una estrategia de golpe silencioso de “la derecha”. La estrategia de salida a la crisis por parte de Ortega ha sido llamar a un diálogo con el COSEP para abordar los cambios en la Seguridad Social, en un esfuerzo por encapsular en esa medida la indignación por el sistema de poder que ejerce.

Las manifestaciones aún no tienen un final claro, pero el resultado es ya la ruptura del silencio de los nicaraguenses y el debilitamiento de Ortega y su andamiaje de poder. Los tres pilares sobre los queafianzó su regreso al gobierno están rotos. El gran capital, en medio de críticas por su papel de cogestor de la economía nacional, ha tenido que rechazar la convocatoria de diálogo que Ortega-Murillo han planteado. La Iglesia católica, además de rechazar la violencia y la muerte provocada por el gobierno a través de la Policía, ha respaldado a los jóvenes y a la población en general en su derecho de manifestarse pacíficamente y expresar su desacuerdo con las medidas gubernamentales. El argumento de paz y reconciliación, ya debilitado, queda desprovisto de legitimidad ante la población.

Los comunicados de rechazo han sido emitidos por la Conferencia Episcopal, el empresariado, congregaciones religiosas, antiguos compañeros de armas de Ortega y de sectores del sandinismo que hasta la fecha han sido cercanos al presidente y su esposa.

Finalmente, ha quedado al descubierto la desmoralización o fraccionamiento de su base partidaria: las simbólicas plazas sandinistas fueron tomadas en rechazo a la represión y a las medidas de Ortega y Murillo. La presión juvenil y de otros sectores ha obligado al gran capital a romper los canales ya habituales comunicación y negociación que han tenido desde 2007 con el gobierno.

El 23 de abril un mar de personas se manifestó. El pueblo enarbolaba su bandera en el rechazo a la violencia desproporcionada y asesinatos a jóvenes o ciudadanos en general que participaron de las protestas, ejerciendo su derecho a opinar, participar, movilizar, la necesidad de proteger la vida, reivindicar el derecho a pensar y expresar, a reclamar la protección de los universitarios en protesta, e investigación y sanción de los más de 25 asesinatos, liberación de los más de 150 detenidos y protección real de los derechos humanos. El 23 de abril se viralizó el hashtag #SOSNicaragua, y se activó un marco de oportunidades para posibles trasformaciones en el sistema de poder, ecomómico y político.

Los millenials, hijos o nietos de los muchachos de 1979, salieron de la pantalla de sus móviles a practicar la conciencia colectiva a través de la acción colectiva. Los millenials, los nuevos muchachos, provocaron una insurrección cívica contra la centralidad del poder en Nicaragua.

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