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Mario Abdo, presidente electo de Paraguay, durante una visita a Brasil, el 11 de junio de 2018. GETTY

Paraguay en su eterno laberinto de gobernabilidad

Marcos Pérez Talia | 13 de junio del 2018

El 15 de agosto Paraguay inaugurará un nuevo gobierno. De los siete presidentes electos en democracia, Mario Abdo es el sexto del Partido Colorado. Al igual que sus predecesores, el desafío inmediato será conformar acuerdos legislativos con partidos indisciplinados, en un Congreso excesivamente poderoso y fragmentado.

Paraguay tiene una larga tradición autoritaria en sus dos siglos como país independiente. En el siglo XX fue testigo de dos sañudas dictaduras militares, especialmente la de Alfredo Stroessner –la más longeva de Suramérica–. Una vez iniciada la transición a democracia, se sancionó una nueva Constitución que si bien pretendió regular el proceso de democratización hacia el futuro, no logró salir de la sombra del autoritarismo pasado.

La constituyente de 1992 estuvo dominada por representantes del Partido Colorado, pero aun así, adoptaron la figura de un poder ejecutivo débil y un legislativo fuerte con un doble objetivo: primero, asegurarse que, en caso de estar en la oposición, no pasasen a la llanura a la que les había desterrado Stroessner; y segundo, evitar una nueva dictadura sin Stroessner, pensando en el poderoso General Rodríguez, primer presidente de la transición.

Con esas nuevas reglas de juego, la primera gran batalla electoral en esta era democrática pasa por alcanzar el poder ejecutivo, y la segunda, aunque no menos importante, es la búsqueda inmediata de apoyos legislativos para garantizar gobernabilidad. La fortaleza del Congreso, sumada a la alta fragmentación partidaria, obliga a los presidentes a negociar constantemente mayorías parlamentarias para evitar bloqueos, amenazas de juicio político y, en caso extremo, la destitución, como le sucedió a Fernando Lugo en 2012.

 

El senador Cartes, primer conflicto de Abdo

Con el afán de privar a los expresidentes de toda injerencia política, la Constitución de 1992 estableció en su artículo 189 que “los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables”. En virtud a ello, Horacio Cartes no puede optar a ningún cargo electivo, a diferencia de Lugo que puede ser parlamentario activo ya que fue destituido.

Tras el fracaso de Cartes –en alianza con Lugo– de introducir la reelección presidencial, se estudió la posibilidad de convertirse en senador activo. Para ello, se valió de la polémica habilitación que en 2007 otorgó el Tribunal de Justicia Electoral al presidente Duarte Frutos. Sin embargo, a pesar de los muchos intentos, la mayoría del Senado consideró que, como expresidente, Frutos solo podía ocupar la banca honorífica de senador vitalicio.

A fin de no ver disminuido el inmenso poder político que logró acumular durante su presidencia, Cartes decidió asumir el riesgo de intentar ser senador activo. Para ello, contó con el aval –al igual que Frutos– de la Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Pero no contaba con un enemigo inesperado, los senadores de su partido que responden a Abdo.

El 30 de mayo se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Congreso que debía aceptar la renuncia de Cartes para que pueda asumir su banca de senador activo el 1 de julio. Para abrir la sesión se necesitaban al menos 23 de 45 senadores y 41 de 80 diputados. Si bien Cartes contaba con suficientes diputados –de hecho, durante toda su presidencia logró mantener una alianza estable en diputados con colorados y liberales que responden a la facción de Blas Llano–, el Senado se opuso. Con la ausencia de los senadores de izquierda, liberales que responden a Efraín Alegre y colorados que responden a Abdo, Cartes no logró alcanzar el quorum necesario para tratar su renuncia. Y no parece que vaya a lograrlo próximamente.

La situación ha generado una fractura considerable en el coloradismo, que se ha traducido en explosivas declaraciones del presidente del partido, Pedro Alliana, acusando de traidores y chantajistas a los senadores díscolos. Incluso han amenazado públicamente al presidente electo para que “baje línea” a sus senadores, caso contrario el país sería ingobernable y Abdo podría correr la misma suerte que Lugo: ser destituido por juicio político.

 

El desafío inmediato

Abdo debe sortear de manera efectiva la encrucijada creada por Cartes. A priori, el presidente electo parece uno de los más débiles de la era democrática, a juzgar por el menor número de diputados y senadores que responden a su liderazgo. El juramento de Cartes como senador activo ha puesto a Abdo contra la espada y la pared, ya que le obliga bien a pactar con el expresidente para que asuma su banca inconstitucional, a sabiendas del importante número de congresistas que responden a él, bien a bloquear con sus senadores el juramento de Cartes, quien le aporta un oxígeno importante de cara a la ciudadanía pero le resta margen de maniobra en un Senado fragmentado.

Si opta por pactar con Cartes, el precio podría ser muy elevado, no solo frente a la ciudadanía, que observa expectante el desenvolvimiento del nuevo presidente, sino también porque el expresidente sigue siendo el dueño absoluto del Partido Colorado. Tenerlo en el Senado, le restaría eventualmente autonomía política a Abdo. Pero si finalmente decide dejar a Cartes fuera, jugada de ajedrez bastante audaz, a Abdo no le queda otra que conformar un pacto de gobernabilidad con la oposición, algo no muy bien visto por la dirigencia colorada tradicional.

Como sea, Cartes seguirá manejando con mucha fuerza al Partido Colorado, dentro o fuera del Senado. Pero da la impresión de que sin él se pueden dar ciertos realineamientos en las bancadas coloradas, acostumbradas a una constante indisciplina parlamentaria.

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