Concesión forestal en un bosque de Camboya. WILDCAMBODIA.NET

Prensa y Democracia (VII): Crímenes en los bosques de Camboya

JUDY TAING
 |  26 de julio de 2017

Durante décadas, Camboya ha estado en el punto de mira de la justicia y de la comunidad internacional por graves violaciones de derechos humanos, como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Esta presión internacional es vital tanto para que Hun Sen, uno de los primeros ministros que más tiempo lleva en el poder, rinda cuentas como para desafiar la cultura de impunidad arraigada en el país. El apoyo es especialmente necesario para los defensores de los derechos humanos que trabajan en zonas remotas y que se enfrentan a una situación que puede ser descrita como “David contra Goliat”, al sufrir el acoso y los ataques por parte de las autoridades locales y nacionales, así como por grandes empresas de las industrias energética, extractiva y maderera.

Camboya es una de las causas pendientes de los tribunales internacionales debido a los famosos Campos de la Muerte, donde murieron entre 1,7 y 2,5 millones de camboyanos durante el régimen de los Jemeres Rojos (1975-79). En 2006, las Naciones Unidas y el gobierno camboyano dieron luz verde a las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya (ECCC, por sus siglas en inglés) para hacer justicia e investigar a los altos mandos de los Jemeres Rojos. Mientras las investigaciones en las ECCC siguen en marcha, una petición (oficialmente denominada “comunicación”) remitida por abogados internacionales a la Corte Penal Internacional (CPI) en octubre de 2014 alegaba que el acaparamiento de tierras sistemático y generalizado por parte de las élites y las autoridades camboyanas, que resultó en el desplazamiento masivo de la población, puede constituir un crimen de lesa humanidad. Posteriormente, en un gesto positivo, la CPI expandió su competencia para incluir la destrucción ambiental en septiembre de 2016, lo que significa que la comunicación relativa a Camboya tiene más probabilidades de convertirse en un caso investigado por la Oficina del Fiscal de la CPI.

La comunicación alega que altos mandos del gobierno camboyano y sus organismos asociados han atacado a la población civil para mantener su poder y riqueza, y que durante los 14 años previos a la presentación de la comunicación aproximadamente 770.000 personas se han visto afectadas por el acaparamiento de tierras en el país asiático.

Actualmente los defensores del medio ambiente en Camboya están expuestos al mayor de los riesgos: el país es uno de los lugares más peligrosos del mundo para periodistas ambientales. Pese a los riesgos, no tienen otra alternativa que protestar ante la pérdida de sus medios de vida y sus hogares. Los defensores provienen en gran parte del campo, donde vive el 90% de los pobres en Camboya, según datos del Banco Mundial. Trabajan en zonas con una conexión móvil y de Internet irregular o inexistente, y a menudo se ofrecen como voluntarios para llevar a cabo actividades de protección ambiental. No solo desafían a un gobierno que observadores de derechos humanos califican de “mafioso”, sino también a un sistema judicial corrupto y políticamente sesgado, tanto a nivel local como nacional. Para dar una idea de la magnitud y urgencia de la situación, en poco más de 40 años, de 1973 a 2014, Camboya perdió aproximadamente el 34% de su superficie forestal. Actualmente existen ocho presas hidroeléctricas operativas en el país, y una en construcción, y se están analizando 64 emplazamientos para la construcción de otras tantas.

 

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La comunicación a la CPI denuncia que aquellos que se manifiestan contra prácticas ambientales corruptas se enfrentan a intimidaciones, amenazas legales, ataques físicos y detenciones, mientras que los responsables de los delitos contra los defensores ambientales y las comunidades afectadas gozan de impunidad.

Los activistas del medioambiente sufrieron un año particularmente trágico en 2012, cuando se produjeron múltiples asesinatos en un momento en que las amenazas y detenciones eran prácticas corrientes del gobierno camboyano para silenciar a los disidentes. En 2012 Chut Wutty, un defensor medioambiental, fue asesinado a balazos en la provincia de Koh Kong mientras conducía periodistas a una zona de explotación forestal ilegal. El documental británico de 2016 sobre su muerte, Yo soy Chut Wutty, ha sido censurado en el país. En 2012, durante una protesta contra el acaparamiento de tierras, una joven de 15 años fue asesinada a balazos por las fuerzas de seguridad en la provincia de Kratie. El periodista Heng Serei Oudom fue hallado muerto en el maletero de su coche dos días después de su desaparición en la provincia de Ratanakiri, en el extremo noreste del país.

Desde 2012, los ataques físicos y asesinatos se han intensificado. En 2016 Phon Sopheak, miembro destacado del grupo de patrulla forestal llamado la Red Comunitaria de Prey Lang, fue atacado y herido con un machete mientras realizaba su trabajo. El mismo año, el reconocido activista y analista político Kem Ley fue asesinado a tiros días después de hablar en la radio Free Asia sobre un informe de Global Witness en el que se desenmascaraba la  extensa y corrupta red de negocios participados por la familia del primer ministro. En el informe figuraba la empresa agrícola que recurrió a incendios y ataques de serpientes cobra para desalojar por la fuerza a las comunidades rurales. Ninguno de los responsables de estas acciones ha sido llevado ante la justicia. La opinión generalizada es que las investigaciones en curso son una cortina de humo.

El número de detenciones de defensores ambientales también ha incrementado, junto con la promulgación de una legislación restrictiva contra organizaciones no gubernamentales (ONG). En 2015, tres miembros de la organización popular Mother Nature fueron detenidos por manifestarse contra de las actividades de dragado de arenas en la provincia de Koh Kong, cuyas exportaciones se enviaban a Singapur. Estuvieron detenidos durante 10 meses, fueron declarados culpables por dañar los bienes de la empresa y, en 2016, fueron puestos en libertad condicional con multas considerables. En 2015 el gobierno aprobó la Ley de Asociaciones y ONG (LANGO, por sus siglas en inglés) que impone restricciones a las organizaciones nacionales e internacionales que operan en el país. A pesar de que la ley aún debe ser promulgada, constituye una amenaza grave y ha desincentivado el activismo y la supervisión en materia de derechos humanos. Dos organizaciones nacionales que actualmente se encuentran en peligro son ADHOC y Equitable Cambodia. No es casualidad que se trate de dos de las principales ONG que habitualmente apoyan a los defensores ambientales.

Los antecedentes del gobierno camboyano demuestran que no es posible confiar en que establecerá mecanismos de rendición de cuentas, para que tanto el gobierno como terceros respondan por las violaciones de los derechos humanos. El carácter mixto de las ECCC, que cuentan con el apoyo de la ONU, las hace vulnerables a las interferencias políticas. Sin embargo y pese a dichos obstáculos, la comunidad internacional tiene un papel fundamental en la denuncia de políticas y prácticas abusivas de Hun Sen, el gobernante Partido Popular Camboyano y sus afiliados. La importancia es aún mayor porque el mecanismo regional responsable de la protección de los derechos humanos, la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN, ha estado inactiva durante largos periodos desde su creación, en 2009. Sin un mecanismo de rendición de cuentas nacional o regional efectivo, la acción internacional constituye el salvavidas del pueblo camboyano y de los defensores del medio ambiente.

 

Política Exterior publica en colaboración con ARTÍCULO 19 la serie “Prensa y Democracia”.

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