Miriam Gathigah/IPS.

Prensa y democracia (VIII): Elecciones bajo amenaza en Kenia

CHURCHILL ONGERE Y HENRY MAINA
 |  3 de agosto de 2017

Las elecciones generales en Kenia, que tendrán lugar el 8 de agosto de 2017, continúan llamando la atención de la comunidad internacional.

Este interés puede atribuirse en parte a su singular entorno sociopolítico, afectado tanto por progresivos cambios democráticos como por la marcha atrás en algunos derechos humanos constitucionalmente garantizados. Cada día se documentan ejecuciones extrajudiciales y violaciones a la libertad de prensa, que no son reparadas.  Algunos de los cambios más significativos incluyen la promulgación en 2010 de una constitución progresista que garantiza los derechos humanos fundamentales y que crea un sistema de gobierno descentralizado. También incluyen, a la inversa, violaciones de derechos humanos por parte del Estado bajo el pretexto de la seguridad nacional y de la lucha contra el terrorismo.

Una sociedad civil abierta y empoderada, y unos medios de comunicación independientes y libres, son elementos esenciales para garantizar unas elecciones pacíficas y democráticas. La información publicada por periodistas y las inquietudes planteadas por la sociedad civil permiten que los electores tomen decisiones libres y fundadas sobre el gobierno de su país, así como su participación íntegra en los procesos democráticos.

Sin embargo, dicha participación en las elecciones generales de 2017 tiene como trasfondo una fuerte preocupación por el deterioro del espacio cívico del país, lo que ha resultado en una relación hostil con el Estado. El gobierno ha impedido financiar la educación electoral de la sociedad civil, y ha prohibido el acceso a actos de campaña por parte de algunos periodistas. La administración actual también ha paralizado la puesta en efecto de la crucial Ley de Organizaciones  de Intereses Públicos (OIP) de 2013, que fue aprobada por la administración anterior para el fomento de la cooperación entre el estado y la sociedad civil.

Por consiguiente, en vísperas de las elecciones, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se están involucrando en la implementación de la Ley de OIP, así como en otras cuestiones esenciales relacionadas con los derechos humanos, incluyendo tanto la corrupción permanente como la impunidad por violaciones de los mismos.

En un intento de introducir los derechos humanos en los debates y la campaña electoral, tanto activistas como las OSC han planteado su preocupación por la profesionalidad de la Comisión Electoral Independiente y de Circunscripciones (IEBC, por sus siglas en inglés), que pretende garantizar que las elecciones puedan considerarse libres y justas, y que se respeten los derechos humanos.

Las preocupaciones planteadas por la sociedad civil en relación a la IEBC incluyen cuestiones no resueltas sobre del proceso de auditoría del censo electoral; el acceso  definitivo al censo; controversias sobre la publicación y la proclamación del total de los votos emitidos en cada centro electoral; el imperativo constitucional, no cumplido a la fecha, que establece en dos tercios el máximo de cargos electos del mismo género; y las medidas adoptadas para poner freno a la violencia.

En el ámbito de los medios de comunicación, los ataques y el hostigamiento a periodistas, blogueros, y otros comunicadores ha puesto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en el centro del debate durante las elecciones. En la fase previa a la fecha electoral, las amenazas y la vigilancia a periodistas han crecido significativamente. El gobierno no solo no ha hecho frente a las violaciones de la libertad de prensa, sino que ha extendido un manto de impunidad sobre los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Un estudio reciente de Human Rights Watch y ARTICLE 19 ha descubierto que funcionarios públicos y personas aparentemente vinculadas a estos han agredido físicamente a 23 periodistas y blogueros entre 2013 y 2017. A día de hoy, ni uno de ellos ha rendido cuentas por sus actos.

Pese a este entorno peligroso, los medios de comunicación siguen esforzándose por cumplir con su deber. Sin embargo, algunos políticos han pretendido socavar su independencia públicamente en numerosas ocasiones, amenazando con clausurar medios de comunicación, y calificando sus reportajes de inservibles. La Autoridad de Comunicaciones de Kenia y la IEBC han prohibido a los medios de comunicación que retransmitan los resultados electorales durante su recuento.

La comunidad internacional y el sector privado han reclamado a todos los actores interesados que atiendan a la demanda popular de elecciones libres, justas y creíbles. La Delegación de Observación Electoral de la Unión Europea ha advertido que, de no ser así, el país podría presenciar altercados violentos relacionados con las elecciones.

A medida que Kenia avanza como potencia política y económica dominante en la región, la celebración de elecciones pacíficas, creíbles, libres y justas será fundamental para salvaguardar la estabilidad de las inversiones en la infraestructura económica, no sólo de Kenia, sino de toda África Oriental. Las elecciones relativamente pacíficas de 2013 incrementaron la confianza en la estabilidad política y económica del país. El respeto por la libertad de expresión e información es esencial para garantizar un resultado pacífico en los comicios de la próxima semana.

 

Política Exterior publica en colaboración con ARTÍCULO 19 la serie “Prensa y Democracia”.

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