Verdad, justicia y reconciliación en Sri Lanka

INTERNATIONAL CRISIS GROUP
 |  29 de septiembre de 2015

La publicación el 16 de septiembre del informe por parte de la Oficina de la ONU del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) sobre su investigación en Sri Lanka es un avance que puede ayudar al país a enfrentarse a su legado bélico. El informe examina los abusos cometidos por las partes durante la guerra civil y propone una serie de pasos necesarios para buscar la justicia, la responsabilidad y la reconciliación como parte de la recuperación democrática. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que solicitó el informe, debería demostrar el mismo liderazgo apoyando y refrendando sus conclusiones y recomendaciones en la sesión actual.

El informe ha encontrado un “espeluznante grado de violaciones y abusos” entre 2002 y 2011, y presenta evidencias de violaciones por parte de las fuerzas gubernamentales, paramilitares progobierno y los separatistas Tigres Tamiles “que están entre los crímenes más serios que conciernen a la comunidad internacional”. Estos incluyen bombardeos indiscriminados, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzosas, tortura y violencia sexual, reclutamiento de niños y denegación de asistencia humanitaria. El informe confirma testimonios de víctimas y supervivientes sobre crímenes de guerra sistemáticos, cometidos durante los meses finales de la guerra civil y la inmediata posguerra.

El informe constata que el sistema judicial esrilanqués continúa siendo incapaz de llevar a cabo investigaciones creíbles de estos asuntos. Argumentando que “un procedimiento legal puramente domestico no tendrá ninguna oportunidad de superar las extendidas y justificadas sospechas impulsadas por décadas de violaciones, malas prácticas y promesas rotas”, el informe pide una “corte híbrida especial, que integre a jueces internacionales, fiscales, abogados e investigadores”. Esta recomendación requeriría un apoyo especial del Consejo de Derechos Humanos, dado que la resistencia del gobierno a la participación internacional en sus investigaciones, protección de testigos o juicios, suscita dudas acerca de su habilidad para cumplir sus propios objetivos de justicia, responsabilidad y reconciliación y socava la confianza de los supervivientes y los testigos, cuyos testimonios son cruciales.

El informe llega dos días después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Mangala Samaraweera, reconociera ante el Consejo los desafíos institucionales que Sri Lanka afronta. Su discurso fue una bienvenida divergencia de las políticas agresivamente nacionalistas y autoritarias del anterior gobierno, y subrayó importantes puntos de convergencia “en la necesidad fundamental de resolver el disputado legado de la brutal guerra civil de Sri Lanka”. El ministro describió las ambiciosas propuestas que plantea –incluyendo una comisión de la verdad y la reconciliación, oficinas de personas desaparecidas y reparaciones, un “mecanismo judicial con un consejo especial” y una nueva Constitución– para respetar “el derecho de las víctimas a una remedio justo y […] para resolver el problema de la impunidad en los casos de las violaciones de derechos humanos sufridos por todas las comunidades”. Aun así, se echaba en falta la aceptación de la necesidad de una participación internacional independiente en este proceso judicial, particularmente en las investigaciones, desarrollo de los casos y protección de testigos. Dicha participación, como recomienda el informe, añadiría garantías para todos los implicados.

Combinada con la implementación de las reformas clave que el gobierno propone –algunas de las cuales recibirían apoyo y consejo de Suráfrica y el Comité Internacional de la Cruz Roja– y una persecución judicial efectiva de los responsables de los crímenes más serios, todo ello promovería la reconciliación necesaria para una paz sostenible.

 

Sri Lanka, caso abierto

La antigua Ceilán ha presenciado décadas de investigaciones y procesos fallidos, con menos de media docena de procesos exitosos contra personal militar de rango bajo y medio por cientos de casos relacionados con los derechos humanos. Ningún comandante ha sido jamás imputado por un crimen de guerra, y los militares mantienen una independencia significativa del poder civil. Los testigos y activistas de derechos humanos en las áreas tamiles del norte y el este continúan siendo amenazados. Las investigaciones de la policía en algunos casos de perfil alto durante la presidencia de Mahinda Rajapaksa encontraron resistencia por parte del estamento militar. La legislación que el Parlamento aprobó para un sistema de protección de víctimas y testigos en febrero de este año aún tiene que ser implementada y carece de provisiones para crear unidades de protección independientes de la policía y facilitar los testimonios de los muchos testigos que residen fuera del país.

El compromiso del gobierno de descubrir la verdad, dar justicia a las víctimas, acabar con la impunidad y restablecer la imparcialidad judicial en las instituciones argumenta a favor de que acepte una participación internacional sustancial en todas las fases de los procesos para la verdad, la reconciliación y la responsabilidad. Las reformas también serán necesarias para facilitar que Sri Lanka se haga con el marco legal necesario para enfrentarse al tipo de crímenes internacionales que el informe denuncia. Hacerlo requerirá cumplir la promesa del gobierno de criminalizar las desapariciones forzadas, así como establecer la responsabilidad de los mandos como una forma de responsabilidad criminal e incorporar los crímenes de guerra y los crímenes contra la Humanidad dentro de las leyes nacionales.

Esta agenda necesita el liderazgo del presidente, Maithripala Sirisena, del primer ministro, Ranil Wickremesinghe, y de otros altos funcionarios, con el apoyo de los políticos y los líderes sociales de todas las comunidades: cingalesa, tamil y musulmana. La intervención de jueces e investigadores extranjeros no es un atentado contra la soberanía, sino una ayuda crucial para que todas las comunidades escapen del azote de la impunidad.

Enmarcado adecuadamente, este argumento debería resonar con las demandas de restaurar el imperio de la ley, terminar con la politización de la polícía y la justicia, y hacer responsables a los políticos por los abusos de poder, tan importantes para la elección del Sirisena en enero y la victoria de la gran coalición que ganó las elecciones parlamentarias de agosto.

Perseguir casos contra antiguos líderes de los Tigres Tamiles que colaboraron de cerca con el gobierno de Rajapaksa, como Kumaran Pathmanathan (KP) y Vinayagamoorthy Muralitharan (Karuna), y cualquier otro líder veterano que pueda estar en el extranjero, será importante para afrontar las percepciones cingalesas de que la justicia está predispuesta contra los militares. El anuncio de la Alianza Nacional Tamil de que utilizará el informe de la OHCHR para iniciar una “introspección sobre los fallos de nuestra propia comunidad y los crímenes innombrables cometidos en nuestro nombre” es un gesto poderoso que los otros partidos políticos y grupos tamiles y cingaleses deberían emular.

 

Una nueva resolución de la ONU

Para aprovechar al máximo la oportunidad de comenzar una reconciliación genuina y demostrar que aquellos que ningunearon las anteriores resoluciones como meras justificaciones para un cambio de régimen se equivocaban, los miembros del Consejo de Derechos Humanos deberían consensuar una nueva resolución que:

– Apoye el compromiso del gobierno de Sri Lanka de hacer las reformas legales necesarias para perseguir eficazmente los crímenes internacionales, incluyendo la incorporación de los crímenes de guerra, los crímenes contra la Humanidad y la responsabilidad del mando en la ley nacional;

– Apoye las reformas y las medidas de fomento de la confianza prometida por el ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka en su discurso del 14 de septiembre, así como un compromiso para cesar inmediatamente cualquier acoso a las víctimas y los activistas por parte de las fuerzas de seguridad;

– cree un mandato para la participación internacional en todas las etapas del proceso de responsabilidad, como recomienda el informe de la OHCHR: investigaciones, persecución, juicios y apelaciones, protección de testigos y víctimas y preservación de las pruebas;

– establezca una oficina de la OHCHR con suficientes recursos y personal en la capital del país, Colombo, para apoyar de manera coordinada con el Relator Especial de la ONU sobre Verdad y Justicia el prometido proceso de consulta pública y para aconsejar sobre la implementación del paquete gubernamental de mecanismos de justicia transicional, y

– genere una revisión formal del Consejo sobre la implementación y efectividad de todos los mecanismos de verdad nacional, reconciliación y responsabilidad en septiembre de 2016 y 2017, sumado al informe del Alto Comisionado en marzo de 2016 sobre las acciones iniciales del gobierno.

El informe de la OHCHR, la adopción de sus recomendaciones principales por parte del Consejo y, más importante aún, por parte del gobierno y el impulso del presidente y el primer ministro, pueden ser decisivas para la recuperación democrática de Sri Lanka y su emergencia como un Estado más estable e inclusivo.

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