La ciberseguridad entró en la agenda de la seguridad pública y privada en la primera década del siglo XXI y, desde entonces, se ha mostrado como una de sus dimensiones más dinámicas. Este hecho se debe al desplazamiento de los servicios y la economía hacia el ciberespacio; el dominio global y en constante desarrollo compuesto por las infraestructuras de tecnología de la información –incluido Internet–, las redes y los sistemas de información y de telecomunicaciones.

Además de proteger la información, la ciberseguridad debe gestionar los distintos riesgos del ciberespacio. Desde el espionaje o robo por motivos económicos a los ataques contra servicios, redes, sistemas e infraestructuras críticas por motivos criminales, ideológicos, terroristas o de despecho personal. No solo están en riesgo la reputación, la identidad, la propiedad industrial, la ventaja tecnológica o la privacidad de empresas e individuos, sino la continuidad de los servicios públicos, la pervivencia de las infraestructuras críticas o la operatividad de los sistemas de seguridad y defensa, por no hablar del riesgo de que se malogren las oportunidades de comercio y prosperidad que abre la sociedad de la información.

El ciberespacio se ha mostrado hasta ahora bastante resiliente frente a los ataques, pero no es descartable que tarde o temprano quienes asaltan Internet consigan una tecnología disruptiva que haga impracticable su uso para la comunicación o el comercio. La desintegración digital, tal como advierte el Foro Económico Mundial (Global Risks 2014), es posible en la medida que todas las cosas se conectan a Internet (the Internet of things). El riesgo ya no es que deje de funcionar algún ordenador aislado o que se interrumpa la prestación de un servicio, sino la destrucción física de las redes e infraestructuras que se gobiernan a través de Internet o el fallo sistémico de todos los servicios e infraestructuras hiperconectados….