El acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda, firmado en Washington el 27 de junio, fue anunciado por el presidente Donald Trump como “un triunfo glorioso” que permitirá que “toda la región comience un nuevo capítulo de esperanza y oportunidad”. La firma por la ministra ruandesa y el ministro congoleño de Asuntos Exteriores, tuvo lugar ante Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, y un retrato de Colin Powell, antecesor en el cargo.

Este es uno de los siete conflictos con los que Trump pretende presentarse como un hombre de paz, y avanzar en su proyecto MAGA. En la medida en que la RDC, Ruanda, y la región de los Grandes Lagos han estado marcadas desde hace varias décadas por la conflictividad, este acuerdo en la región puede suponer una oportunidad para la paz. Naciones Unidas, la Unión Africana, así como actores bilaterales como Francia, han celebrado su firma. Existe, sin embargo, cierto escepticismo entre quienes están familiarizados con la trayectoria del conflicto y las anteriores iniciativas para la paz. Los acuerdos de paz, por definición, no deben tener segundas intenciones. Este, además, no aborda las raíces profundas del conflicto ni las condiciones estructurales que lo sustentan. Más bien refleja un entendimiento limitado y cortoplacista de lo que ocurre en la RDC, de su relación con Ruanda, y de la dimensión global de conflictos que se presentan como fenómenos locales.

Conflictos y tensiones

Tras los proyectos esclavistas y coloniales, la RDC ha estado marcada por conflictos en los que han confluido los proyectos políticos de actores locales, estatales e internacionales, de dentro y fuera del continente africano, tanto públicos como privados, y entre estos últimos, especialmente compañías mineras internacionales. Esta realidad se ha puesto de manifiesto desde el momento de la independencia del país el 30 de junio de 1960: por ejemplo, en los intentos secesionistas de Katanga y Kasai, y en el asesinato del primer ministro Patrice Lumumba en plena Guerra Fría (algo a lo que Estados Unidos no fue ajeno). Ha habido otros conflictos y, desde la década de 1990, esta conflictividad ha sido especialmente virulenta en el Este del país y en la región de los Grandes Lagos.

«Las tensiones entre Ruanda y la RDC han escalado desde el genocidio en Ruanda en 1994»

Las tensiones entre Ruanda y la RDC han escalado desde el genocidio en Ruanda en 1994. Aunque la imbricación política, económica y social de los diferentes Estados de la región de los Grandes Lagos tiene profundas raíces históricas, los solapamientos se intensificaron como consecuencia del genocidio y los importantes movimientos de población ruandesa refugiada hacia la RDC, aún gobernada por la dictadura de Mobutu. La integración de población banyaruanda (población congoleña de habla kiñaruanda) en la RDC ha sido una cuestión central en las guerras congoleñas desde mediados de la década de 1990, especialmente la zona de los dos Kivu. El profesor congoleño Mbuyi Kabunda señaló estas guerras como un efecto dominó del genocidio de 1994, alimentadas también por la explotación de los recursos naturales.

En 1996, el estallido de una rebelión de población banyaruanda en el Kivu contra Mobutu para defender su nacionalidad congoleña contó con el apoyo de Ruanda, Uganda y Burundi, así como de oponentes a Mobutu, entre ellos Laurent Désiré Kabila. Este llegaría a la presidencia de la RDC en el contexto de esta primera guerra congoleña, terminando con 32 años de gobierno de Mobutu. Las guerras del Congo trascienden, por tanto, la política congoleña, y la proliferación de actores explica que se haya calificado la segunda guerra del Congo (1998-2003) como la primera guerra mundial africana.

La explotación ilícita de los recursos naturales del país, estratégicos para la economía global (oro, cobalto, coltán, diamantes, entre otros), ha sido un combustible para estos conflictos. Los informes de la ONU, fruto del panel de expertos creado en 2000 para estudiar la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza en la RDC, arrojaron luz sobre esta realidad, bien conocida pero insuficientemente perseguida. Estos informes fueron clave para poner de manifiesto la existencia de empresas que importan minerales de la RDC a través del territorio ruandés. Desde entonces, informes de la ONU y de otros centros han analizado esta situación y han aportado evidencias sobre la minería y los flujos ilícitos en la región. Existen complejas cadenas de producción y comercialización de minerales como el coltán, clave en la industria tecnológica, a través de una red de delincuencia organizada conectada con las empresas de las economías enriquecidas.

Acuerdos efímeros

El 23 de marzo de 2009 el gobierno congoleño, entonces encabezado por Joseph Kabila, firmó un acuerdo de paz con el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), movimiento armado creado en 2006 con el respaldo de Ruanda y que se autodefinía como defensor de la población tutsi congoleña. El CNDP surgió para oponerse a la política del gobierno congoleño con respecto a la población banyaruanda así como a las Fuerzas Democráticas por la Liberación de Ruanda (FDLR), un movimiento armado creado en 2000 en la RDC en lucha contra el gobierno de Paul Kagame, e integrado por antiguos miembros del ejército ruandés y de las milicias hutu interahamwe, que perpetraron el genocidio. También para defender los intereses en la RDC del Frente Patriótico Ruandés de Kagame (acceso a materias primas, especialmente oro, y asegurar un territorio que considera parte de su zona de influencia vital para la supervivencia del régimen). El acuerdo incluyó la integración del CNDP en el ejército congoleño, pero en 2012 antiguos integrantes del movimiento se rebelaron al considerar que no se estaba implementando correctamente y crearon el Movimiento 23 de Marzo (M23). La creación de este nuevo movimiento armado simbolizó la ruptura del acuerdo de paz del que toma su nombre.

El acuerdo de 2009 coincidió con el inicio de la presidencia de Barack Obama. El temor a posibles sanciones y persecuciones por parte de Estados Unidos incentivó el pacto entre la CNDP y la RDC, así como acuerdos y colaboraciones con los países vecinos. La RDC y Ruanda firmaron un acuerdo para combatir a las FDLR. Y la RDC y Uganda emprendieron operaciones conjuntas contra el Ejército de Resistencia del Señor en el noreste de la RDC. A la par, figuras como el diplomático estadounidense Herman Cohen o el presidente francés Nicolas Sarkozy abogaron por diferentes proyectos que buscaban aumentar los vínculos económicos del Kivu con Ruanda como solución al conflicto. La conflictividad siguió, sin embargo, sin resolverse.

El conflicto entre la RDC y Ruanda reemergió en noviembre de 2021 con la revigorización del M23. El incumplimiento por parte del gobierno congoleño de las promesas de integración en el ejército a los veteranos de la milicia, junto con el temor de Ruanda a que sus intereses en la región se vieran amenazados, más los crecientes movimientos de Uganda y Burundi contra movimientos armados asentados en la RDC, contribuyeron a este resurgimiento del M23 respaldado por Ruanda. En diciembre de 2023, el grupo armado firmó con otros movimientos armados y partidos congoleños la creación de la Alianza del Río Congo, una agrupación opuesta al actual gobierno de Félix Tshisekedi.

Escaladas y negociaciones

En enero y febrero de 2025 se produjo una nueva escalada en los enfrentamientos en las regiones Kivu Norte y Kivu Sur entre el gobierno congoleño y el M23, respaldado por Ruanda tal y como recogió el informe de la ONU publicado en diciembre de 2024. El grupo armado se hizo con el control de las principales ciudades de estas regiones, Goma y Bukavu, causando miles de muertes, decenas de miles de heridos, y cientos de miles de personas desplazadas, civiles en su mayoría. Como ha señalado el investigador Josep María Royo de la Escola de Cultura de Pau, uno de los objetivos de la reciente ofensiva del M23 era situarse en una posición de fuerza de cara a una posible negociación con la nueva administración Trump, como ya ocurrió con la llegada de Obama, en una región con una riqueza minera excepcional clave tanto para el M23, Ruanda y la RDC, como para Estados Unidos.

La complejidad de este conflicto, del que solo hemos dado algunas pinceladas, sugiere que, si bien no hay duda de la necesidad de un acuerdo de paz, hay razones para el escepticismo. Aunque el acuerdo y las negociaciones actuales en Qatar con el M23 han sido interpretadas como un fracaso de las iniciativas africanas para la paz en la región, y un reflejo de la extraversión de ciertos gobiernos africanos, el acuerdo capitaliza los éxitos y fracasos de los procesos más recientes de negociación, como el de Nairobi y el de Angola. En Luanda, los dos países alcanzaron, entre octubre y noviembre de 2024, un entendimiento sobre la neutralización de las FDLR y la retirada de Ruanda de la RDC, aunque Kagame finalmente abandonó el proceso. Así, el acuerdo de paz contempla la retirada en un plazo máximo de tres meses de los apoyos de la RDC a las FDLR; el respeto por parte de Ruanda a la integridad territorial de la RDC; el fin del apoyo a las milicias; el desarme, la retirada y la integración de los grupos armados no estatales; el retorno de los refugiados y los desplazados internos; el acceso humanitario y la cooperación con la MONUSCO (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo); y la creación de mecanismos de coordinación para supervisar la implementación.

El pacto tiene además una dimensión financiera que recuerda los proyectos de Cohen y Sarkozy, en tanto que recoge la puesta en marcha de un marco de integración económica regional para impulsar las exportaciones de minerales críticos y la inversión en las cadenas de suministro regionales. Todo ello se plantea como una estrategia para luchar contra los flujos ilícitos, y generar ingresos “mediante asociaciones mutuamente beneficiosas y oportunidades de inversión” ligadas a la explotación de los recursos naturales de la región.

Voces críticas

Han surgido, sin embargo, voces críticas, no solo por el contenido del acuerdo redactado en términos bastante vagos y reiterativos, sino también por sus lagunas. El acuerdo es entre los gobiernos de la RDC y Ruanda, pero no ha involucrado al M23, a otros movimientos armados, a Estados vecinos, o a la población civil afectada por décadas de conflicto, especialmente a las mujeres que llevan años sufriendo la violencia sexual como arma de guerra por todas las partes implicadas. De hecho, no hay una sola referencia en el texto a la cuestión de género de este conflicto.

«El acuerdo de paz tiene una dimensión financiera, ya que prevé un marco de integración económica regional»

Aunque la RDC y el M23 se encuentran en negociaciones paralelas en Doha, y firmaron el 19 de julio una declaración de principios en la que se comprometían a poner fin a los combates, liberar prisioneros, e iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en agosto, el plazo no se ha cumplido y la realidad en el Este de la RDC aún no ha mejorado. Una paz justa y duradera requiere negociaciones inclusivas, y dejar fuera a los principales grupos armados y a la población civil es un riesgo.

Si bien el acuerdo aborda la retirada y el desarme, carece de mecanismos claros para estos procesos, y para la justicia, reparación y rendición de cuentas por las atrocidades cometidas por el M23, por las tropas ruandesas y congoleñas, y por otros grupos armados. En este sentido, ya existen denuncias de que el retorno de refugiados y la reintegración de excombatientes se está produciendo sin una gestión adecuada y sin garantías. Además, no se contempla un diálogo político sobre las causas del conflicto, ni mecanismos que garanticen una transición justa que permita abordar los abusos cometidos durante décadas.

La dimensión económica del pacto se ha interpretado como una forma de satisfacer el ansia de Estados Unidos por asegurarse el acceso a recursos naturales de gran valor, y una distracción frente a la necesidad de un proceso político que garantice una paz justa e inclusiva. La economía por sí sola es insuficiente para alcanzar la paz. Con el estado actual de las instituciones implicadas, nada garantiza que la riqueza que se pueda generar redunde en la población y en la lucha global y estructural contra los flujos financieros y comerciales ilícitos.

Zona de interés para EEUU

Las puestas en escena de las firmas de los acuerdos de paz no son fortuitas y se prestan a interpretación. El retrato de Powell en la sala donde se firmó el acuerdo en junio nos lleva a recordar que, en febrero de 2003, Powell mintió ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acerca de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, aunque no logró convencer a la ONU para que autorizara la invasión militar. Poco más de un mes más tarde, Estados Unidos invadía el país, rompiendo el derecho internacional, e impulsando la conflictividad en Oriente Próximo, en una decisión unilateral que también estuvo marcada por los intereses económicos.

Desde finales del siglo XIX la cuenca del Congo ha sido una zona de interés económico para Estados Unidos. Aunque no fue potencia colonizadora en África, firmó el acta general de la Conferencia de Berlín, y desde entonces ha velado por sus intereses comerciales en la región, desde la explotación del caucho y el cobre hasta los minerales críticos actualmente. La firma del acuerdo de paz entre la RDC y Ruanda se inserta inevitablemente en esta estela, pero refleja además la dimensión personalista y neopatrimonialista del gobierno Trump. En las negociaciones previas, jugó un papel central Massad Boulos, asesor principal para África de Trump, nombrado en abril de 2025, suegro de su hija Tiffany, y hombre de negocios con experiencia en operaciones comerciales e inversiones en África occidental. Históricamente, Estados Unidos ha antepuesto sus objetivos de política exterior a la justicia y la democracia, pero al ignorar la realidad sobre el terreno, los efectos acaban prolongando la inestabilidad, los conflictos y las violaciones de derechos humanos.