La primera afirmación necesaria –que Perogrullo suscribiría– es la de que cualquier pueblo tiene el derecho y el deber de defenderse. Una verdad tan evidente es erosionada hoy día, sin embargo,

por quienes empiezan por negar la existencia misma del sujeto de la defensa. Así, algunos no reconocen ya al pueblo español, sino a un conjunto de sujetos desagregados que ocuparían las diversas tierras con las que componen el llamado Estado español, especie de superestructura burocrática a la que se confunde con España; es decir, con una nación que tienen por periclitada. No cabe duda de que este ataque a la raíz de España es el más peligroso y más profundo que pueda darse, y que contra él es también necesaria la propia defensa a, la que, por cierto, obliga la actual Constitución con textos a veces ambiguos, como precio del consenso que la engendró; aunque este coste sea excesivo, e innecesario en varios puntos, es, sin embargo, cierto que nuestra ley, de leyes ampara claramente la unidad indisoluble de la Nación española en su artículo 2 y confía a las Fuerzas Armadas la defensa de su integridad territorial.

No se ha de tratar de tal defensa interior en este ensayo; nos acercamos en él al examen, de las necesidades defensivas exteriores de la nación española en su conjunto, y no como articulación mecánica o “estatal” de catalanes y canarios, de vascos, castellanos o andaluces. Cinco siglos de vida en común y una colosal obra histórica, que a todos se debe, permiten desde luego superar cualquier visión fragmentaria de nuestra realidad nacional, que ya es modesta e incluso minúscula si la comparamos con las superpotencias en cuya mano yace el rumbo actual de este planeta.

En primer lugar, por tanto, colocamos el propio interés defensivo de España. Desde él…