Durante casi dos siglos hemos aprendido a mirar el mundo con una lente muy precisa: la del Estado soberano. Un territorio delimitado, una población censada, un poder legítimo, una jurisdicción definida, una frontera reconocible. Esa lente ha sido tan eficaz que ha terminado por confundirse con la realidad misma. Pero no conviene olvidar que el Estado no es la política: es una de sus formas históricas, quizá la más exitosa de la modernidad, pero no la única ni necesariamente la más apta para toda circunstancia. Antes hubo ciudades-Estado, confederaciones, ligas mercantiles, reinos compuestos, señoríos, estructuras tribales y, sobre todo, imperios. Y no sería extraño que, después del apogeo del Estado-nación, asistamos a un retorno con ropajes nuevos de lógicas imperiales.

El Estado moderno triunfó en Europa porque resolvió con notable eficacia una serie de problemas concretos: la pacificación interna, la extracción fiscal regular, la profesionalización de los ejércitos, la unificación jurídica, la creación de administraciones estables, el monopolio de la moneda y la estandarización de instrumentos de gobierno como el censo, el catastro, los archivos o los pesos y medidas. A ello se añadió una gramática internacional que permitió convertir el conflicto puro en diplomacia: soberanía territorial, no intervención, equilibrio de poder. La gran invención europea no fue solo el Estado, sino un sistema de Estados.

Ese éxito se globalizó. La expansión europea primero y la descolonización después llenaron el planeta de Estados soberanos. Hoy casi toda la superficie terrestre está bajo jurisdicción estatal, salvo espacios excepcionales como la Antártida, la alta mar, los fondos marinos o el espacio ultraterrestre. El resultado es el conocido mapa del mundo como un puzle de piezas estatales que encajan unas junto a otras. Y, sin embargo, la vida social que realmente organiza nuestras existencias –capitales, datos, tecnología, cadenas de suministro, plataformas, migraciones, clima,…