La cuidadosamente coreografiada captura de edificios gubernamentales en Donetsk y Lugansk y Járkov, las tres principales ciudades del este de Ucrania, por activistas prorrusos el 6 de abril, probablemente incitados –o infiltrados– por agentes del FSB, el servicio de inteligencia ruso, buscó el mayor efecto mediático posible, de modo que cualquier respuesta del gobierno de Kiev para restablecer el orden pueda ser denunciada como una medida represiva contra la minoría étnica rusa y, por tanto, servir de pretexto para la “protección” del Kremlin.

En las últimas semanas, grupos ultranacionalistas rusos han estado reclutando voluntarios para enviarlos a Ucrania con la misión de soliviantar a la población rusófona y declarar “repúblicas populares” secesionistas que pidan la anexión a Rusia, la misma secuencia del guión aplicado en Crimea. La provincia de Donestk, una de las cunas de la industria pesada soviética, está a unos 50 kilómetros de la frontera rusa, pero pese a sus estrechos vínculos económicos con Rusia y sus desavenencias con Kiev, según diversas encuestas, solo el 4,7% de sus habitantes quiere unirse a Rusia. El poderoso sindicato de mineros del carbón se opone a la partición de Ucrania.

Pero Moscú solo necesita un pretexto para ordenar una intervención militar. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha advertido a Kiev que el uso de la fuerza para reprimir las “protestas” podría provocar una “guerra civil”. La Duma (Parlamento ruso) ya ha aprobado el despliegue de fuerzas militares para “proteger” a minorías rusas amenazadas en el antiguo espacio soviético.

Paralelamente, la duplicación de la factura energética del país por Gazprom –de 268 a 485 dólares por 1.000 metros cúbicos de gas– busca minar el esfuerzo occidental para estabilizar la economía ucraniana con ayudas del FMI por valor de 18.000 millones de dólares, que Kiev necesita para evitar el default…